Nuestros federalismos teóricos

Por Mauricio Llaver
El Sentinel

En dos países de América del Sur se está dando un debate acerca de sus modos de organización política. Son corrientes profundas, que se mueven de forma lenta, pero una vez desatadas suelen tener repercusiones de largo plazo, como si fueran capas tectónicas que se desarrollan lentamente pero que poseen efectos definitivos.

Se trata de Argentina y de Bolivia, dos países vecinos situados en el Cono Sur del continente, con historias y realidades desiguales, pero que igualmente viven hoy fenómenos donde se cuestiona la forma en que los gobiernos centrales determinan el manejo de sus recursos.

En Argentina hay un clima caldeado desde hace unas semanas, cuando el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner decidió un enésimo aumento de los impuestos (denominados “retenciones”) al sector agrícola.

La reacción fue un largo paro, con cortes de rutas, que llegaron a provocar un importante desabastecimiento de productos en todo el país.

Muchos de los campesinos en huelga argumentaban que aportaban millones a las arcas nacionales con sus impuestos, mientras los presupuestos de sus pueblos no alcanzaban para proveer servicios decentes de salud a la población.

Varias interpretaciones sobre la crisis apuntan a que “la guerra gaucha” servirá para establecer límites a la voracidad fiscal del gobierno federal, que actúa en detrimento del manejo de los recursos propios de los estados provinciales y municipales.

Los “cacerolazos” y “piquetes” de estas semanas llevan el sello de un reclamo de una distinta distribución de los recursos nacionales.

En Bolivia el problema es todavía más serio, pero también tiene su origen en el reparto de la riqueza interna.

Allí los departamentos (estados provinciales) del oriente del país, los que poseen la mayor riqueza de recursos, se encuentran en un estado de rebelión contra el gobierno central del presidente Evo Morales.

Se trata de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, que concentran 80 por ciento del Producto Bruto Interno.

Y que han llegado al extremo de plantear su autonomía del poder central, algo que en la práctica implicaría una partición territorial.

En el caso boliviano se está acercando una fecha clave, que es el 4 de mayo. Ese día Santa Cruz de la Sierra hará un referéndum para aprobar o no un nuevo estatuto autonómico, que el gobierno central considera ilegal.

El gobierno de Morales, a su vez, impulsa una nueva Constitución que otorga más derechos a indígenas y campesinos, su base de sustentación política.

La disputa es tan grande que, como sucedió históricamente en esta región del mundo, la Iglesia Católica terminó intermediando ante la inminencia de una catástrofe institucional.

Le pidió a Evo que suspendiera la propaganda oficial a favor de la nueva Constitución y a los autonomistas que hicieran lo propio con su campaña para el 4 de mayo, cosa que en un principio decidieron no hacer.

Tanto en Argentina como en Bolivia (y más en este último caso), el debate remite a discusiones fundacionales.

Ambos países surgieron a la independencia a principios del Siglo XIX, inspirados por las ideas liberales y federales de la Constitución de Estados Unidos.

Pero en la práctica nuestro federalismo fue siempre más teórico que práctico y ahora, forzadas por las circunstancias, Argentina y Bolivia deben sentarse a repensar en serio cómo se administran los recursos del país.

Ese es el origen profundo del nuevo ruido que traen en estos días las noticias desde Sudamérica.

Mauricio Llaver es director de la revista Punto a Punto.