La revolución azafrán

Por Gina Montaner
El Nuevo Herald

Nunca sabremos cuántos manifestantes han muerto en el Tíbet a manos de las fuerzas de ocupación. Desde Dharamsala, el gobierno tibetano en el exilio baraja la cifra de más de un centenar de víctimas. Entretanto, las autoridades chinas aseguran que sólo murieron unas trece personas.

Nunca podremos saber la verdad de lo que hace algo más de una semana aconteció en Lhasa, la capital de los templos budistas donde los monjes salieron a las calles para, una vez más, protestar en contra de la represión y la persecución que sufren por seguir a su líder espiritual, el Dalai Lama. Existen imágenes fugaces de la brutalidad que ejercieron contra ellos. Dicen los pocos testigos de la masacre que la ciudad estaba inundada de papel higiénico blanco, en señal de repudio por un invitado non grato –el gobierno de Hun Jintao– que pretende profanar y desvirtuar los rituales budistas. Los monjes, que suelen ser afables y corteses con sus convidados, tienen la costumbre de adornar las calles con cintas blancas de seda para darles la bienvenida a los visitantes. Pero corren tiempos sombríos a la sombra del Himalaya, donde las cúpulas de los santuarios parecen rozar el cielo.

Nunca nos enteraremos de lo que verdaderamente ha ocurrido y cuántos monjes jóvenes han sido ejecutados. Porque el gobierno chino prohíbe las fotos de la barbarie en YouTube y ha expulsado a la prensa extranjera. Porque no permite el acceso a los viajeros y ahoga la poca información que se filtra al exterior. Porque amenazan a los que se atreven a hablar con extraños. Y, sobre todo, porque los mandatarios de otros países y las entidades internacionales miran hacia otro lado y minimizan la tragedia del Tíbet, lanzando taimadas teorías para justificar el sucio pragmatismo de la realpolitik: aliviado, el presidente del Comité Internacional Olímpico aplaudió que ningún país haya pedido en firme que se boicoteen las próximas Olimpiadas en Pekín ya que, según la Unión Europea, un boicot no sería la solución. Los gobiernos occidentales se han limitado a pedir prudencia a la vez que muestran preocupación por los incidentes.

Cuando se decidió otorgarle a China el papel de anfitrión en los Juegos Olímpicos de 2008, el comité organizador puso, entre otras condiciones, que se respetaran los derechos humanos. A la vista está el infame récord de una dictadura comunista cuya única apertura ha consistido en abrazar el capitalismo más salvaje dirigido desde el Estado. Hablamos de un régimen que pisotea el medio ambiente, que se burla de los controles de calidad a la hora de exportar sus productos y que tiene encerrados a los disidentes en las cárceles más deplorables. Cuando faltan menos de cinco meses para que el país se llene de turistas y periodistas del mundo entero que cubrirán la gran fiesta olímpica, al gobierno chino no le tiembla el pulso a la hora de reprimir y aniquilar la resistencia tibetana.

Un evento de la magnitud de las Olimpiadas que, además, atrae al turismo y contribuye a la inversión y la economía, debería ser un premio que se les otorga a las naciones que celebran elecciones libres, que respetan los derechos de la sociedad civil y promueven la economía de mercado. El Comité Internacional Olímpico y las democracias occidentales deberían descartar sistemáticamente a los regímenes dictatoriales, porque donde aplastan a las minorías y a los que disienten no hay nada que celebrar, salvo la caída de los que mandan sin piedad.

Ojalá que los monjes tibetanos de nuevo reúnan fuerzas para salir a las calles coincidiendo con la fastuosa apertura de las Olimpiadas en Pekín. Que con sus túnicas del color del azafrán desafíen al ejército invasor. Que el ruido bronco de sus trompetas hechas con caracolas apague la antorcha inaugural de un festejo que no se merece unos anfitriones cuyas manos están manchadas de sangre. Aunque sólo sea por honrar la memoria de los muertos en Lhasa. Y los caídos en la Plaza de Tiananmen.

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