“Armas, ¿para qué?”

Por Armando de la Torre
Siglo XXI

La primera pregunta que se hizo en público Fidel Castro, en enero de 1959, apenas tomado el campamento militar de Columbia, en La Habana.

Por supuesto, el grito unánime para su abolición fue instantáneo.

Quienes tenían licencia para portar armas se las entregaron mansamente a “los barbudos” recién bajados de la Sierra Maestra, cananas de balas colgando de sus hombros y escapularios del cuello. El Gobierno procedió en seguida a armarse hasta los dientes. Así sojuzgó a la población indefensa hasta el día de hoy, cincuenta años después.

Ahora que de nuevo se debate en Guatemala la ley de armas, conviene recordar esa lección desde Cuba: a los delincuentes, organizados o no, gubernamentales o privados, nada place más que merodear entre potenciales víctimas desarmadas.

Como es usual, cuando a un tema complejo se le baja al nivel de comidilla de las masas (incluso de diputados y obispos), las simplificaciones se disparan. En nuestro caso, conviene recordar que la violencia a través de todo tipo de extorsiones, (amén de secuestros), fue estrenada a finales de los 60 por los simpatizantes de Fidel Castro en Guatemala, organizados en guerrillas subversivas que el mismísimo Fidel Castro habría de consolidar en una sola, en La Habana, a principios de los 80, bajo las siglas “URNG”.

\Además, se han dado otras variables exógenas, como el contrabando de armas desde Nicaragua y la experimentada infiltración de los narcotraficantes colombianos.

Las “maras”, por su parte, brotan de una generalizada descomposición social, retrotraíble a esa no menos extendida impunidad que ha prosperado a la sombra de la ineptitud de los sucesivos gobiernos.

Sin contar con la creciente y muy irresponsable deserción paterna, aunada a esas verdaderas cátedras del crimen que nos llegan a diario a través de la televisión y por el sensacionalismo de cierta prensa escrita.

Pero ahora quiero concentrarme en otros puntos.

En todas partes el control de armas se ha mostrado poco efectivo. Los criminales siempre disfrutan de muy fácil acceso a ellas.

Los ciudadanos, en cambio, respetuosos de la ley, lo tienen difícil. Como los controles aduaneros, que los contrabandistas se saltan sin problemas mientras a los comerciantes honrados se les erigen en obstáculos innecesarios y costosos. Un ejemplo universalmente válido: el tráfico internacional de autos robados.

También los Estados Unidos nos pueden servir de espejo. Aquellos Estados de la Unión que permiten para los privados el comercio y portación de armas son los que ostentan los índices más bajos de delincuencia armada. Los otros, en cambio, que han multiplicado e incrementado el número y complejidad de sus controles, son donde los asaltos, robos, secuestros y asesinatos proliferan por doquier.

Otro detalle: donde continúa en vigencia la pena de muerte, los crímenes de violencia agravada son menos, y donde se le ha abolido —o dejado de aplicar, como en Guatemala— el número de las víctimas se acrecienta.

Desde otro ángulo, Suiza e Israel, donde la tenencia doméstica de armas es obligatoria (para el caso de una eventual movilización general), los índices de uso de armas por criminales comunes se hallan en la práctica vacíos.

En Japón, por otra parte, su homogeneidad étnica y cultural permite una atmósfera extendida de paz y orden, parecido a lo que se ve en Islandia, Malta, Finlandia (o aun Boswana, en África).

Ni es una cuestión de clases sociales. Los asaltos con arma de fuego son, es verdad, cosas más bien de las ciudades populosas, en especial de sus barrios marginales —como en las favelas de Río, o en los bidonvilles de París, o en Bedford-Stuyvesant, de Nueva York—, pero los crímenes de cuello blanco no son menos frecuentes entre los habitantes acomodados de los suburbios elegantes.

El crimen es cuestión de oportunidad, no de la presencia de armas.