El espejismo igualitario

Por Fernando Molina
Infolatam

La Paz – Permítanme comenzar con una historia. Se trata -en la tradición de los cuentos filosóficos- de un barco en medio de una tormenta. Para evitar el naufragio se necesita tirar por la borda a uno de los tres tripulantes. Estos son el capitán, cuya pérdida haría imposible el retorno; un joven que de permanecer vivo mejoraría en 50 por ciento la probabilidad de supervivencia de los demás, y un anciano cojo. ¿A quién lanzar al mar y con qué justificación?

Varias respuestas “sociológicas” son posibles. Un neoliberal ortodoxo pedirá que se sacrifique al anciano, puesto que esto es lo más eficiente: aumenta las oportunidades de vivir de los otros dos. Un socialdemócrata sugerirá echar suertes entre el joven y el viejo, eximiendo del sorteo a quien sin duda resulta indispensable, el capitán; trataría así de combinar la eficiencia con su creencia en la igualdad de derechos entre los fuertes y los débiles (aunque este equilibrio sea oneroso para la colectividad). Por último, un igualitarista pedirá que los tres tripulantes entren en el sorteo, ya que la eficiencia no cuenta cuando la justicia es la que está en juego.

Si el lector lo piensa bien, ninguna de estas respuestas resulta fácil de refutar. Durante los años noventa, en América Latina predominó la primera de ellas, el pragmatismo neoliberal, pero fracasó. Privilegiar a los más fuertes para que se encarguen de sacar adelante al resto de la sociedad simplemente no fue viable. En contrapartida, este siglo ha vuelto a ser igualitarista. Esto significa que, aunque con diferente intensidad, las nuevas corrientes políticas latinoamericanas buscan aproximar a los fuertes y los débiles sin miedo a que esto ponga en riesgo a las economías y las democracias de sus países.

Tal es el fondo ideológico común de posiciones que en un plano más concreto resultan disímiles, como el peronismo, el lulismo, el nacionalismo indianista de Evo Morales o el socialismo del siglo XXI de Chávez. Todas estas visiones están deslumbradas por el espejismo de la redistribución (de la riqueza, de la suerte). Una ambición tan vieja como la modernidad y que perdura aunque se desacrediten algunas de sus expresiones políticas, como el socialismo primitivo, primero, y el marxismo, después. Como dice Hanna Arendt, las corrientes revolucionarias mueren, pero la idea de la revolución no. Es la única que, junto con la de la democracia, atraviesa toda nuestra era sin nunca desaparecer completamente.

Hoy en Bolivia esta tendencia se ha “cristalizado”, por decirlo así, en un proyecto de Constitución que se convirtió en la “manzana de la discordia” durante el año que concluye. Un proyecto que apunta a estatizar los principales medios productivos a fin de alimentar con sus excedentes el sinfín de nuevos derechos económicos y sociales o “derechos de tercera generación” que concede a los ciudadanos, como servicios básicos, salud y educación universales, pensiones de escolaridad y vejez, etc.

Estoy en contra de este proyecto que el gobierno de Morales finalmente logró aprobar con métodos non sanctos el 8 de diciembre (pero que todavía sigue siendo un “proyecto” porque no fue ratificado en las urnas). Días atrás un interlocutor me pidió que le diera una razón concreta de esta mi actitud, con la seguridad de que yo respondería en términos abstractos, defendiendo valores que en mi país son elusivos como la limitación del poder ejecutivo, el derecho de las minorías a la representación y la libertad de pensamiento. La verdad es que todos ellos me parecen fundamentales y su menoscabo, por tanto, una buena razón para oponerse, pero no respondí eso. Dije más bien que debíamos rechazar el proyecto constitucional porque, al revés de lo que afirman sus proponentes, no iba a sacar a los indígenas, y en general a las mayorías bolivianas, de la pobreza en la que viven.

La razón es sencilla: para lograr este objetivo -con el que todos coincidimos- es necesaria la creación de riqueza, y no solamente distribuir la que escasamente han reunido las clases superiores del país (que son casi famélicas si se las compara con cualesquiera otras). Pero no se creará riqueza con leyes que cada dos líneas amenacen a los grandes propietarios, leyes que intenten cimentar la presencia ubicua y todopoderosa del Estado, que confundan al Estado con la sociedad y por tanto propicien el avasallamiento de ésta última. Leyes como la Constitución que se proyecta.

La redistribución radical, sin creación de riqueza, deja tan de lado el criterio de eficiencia que al final termina en un fiasco: los únicos que se benefician con ella son las burocracias que se forman a consecuencia y en torno al ejercicio redistribuidor. Hablo de funcionarios, dirigentes y activistas profesionales. Basta echar un vistazo a la historia de Bolivia para saberlo. Entre los años 50 y la actualidad el PIB per cápita apenas si ha crecido y hoy es el más bajo de América del Sur; el 60 por ciento de este tiempo el Estado ha repartido bienestar entre un grupo de afortunados que por motivos políticos logró ubicarse dentro de las empresas u obtener alguna canonjía oficial. En vísperas de su quiebra, la empresa minera estatal Comibol tenía 60 mil trabajadores, de los cuales 40 mil “laboraban” fuera de las minas. Y sus pérdidas representaban el 1,5 por ciento del PIB nacional.

La redistribución radical, además, no sólo es dañina en el campo económico. También genera un clima político caótico y demanda restricciones cada vez más serias a la democracia. A diferencia de la producción de riqueza, que beneficia a todos sin perjudicar a nadie (excepto por sus efectos ambientales, el cual es otro tema), la redistribución da a unos lo que les quita a los otros, es decir, fortalece a los débiles a costa del debilitamiento de los fuertes. Y entonces…

Esto explica la resistencia de las clases medias y altas y de las regiones más ricas al proceso que dirige Morales, y en particular a su proyecto de Constitución. Mucha gente se siente afectada, sea por lo que se les pretende quitar, sea por los resultados últimos que es posible esperar del curso de las cosas (el cese de la inversión privada, principalmente), sea porque al imponer “la verdad de la redistribución” el gobierno va acumulando un poder tan grande que éste amenaza con ir más allá de sus objetivos iniciales y convertirse en un fin en sí mismo.

Bolivia no se sacude, entonces, solamente por la lucha de “una oligarquía que defiende sus privilegios”, como dice el oficialismo, sino también por la rebeldía de pueblos enteros que son adversarios históricos de la centralización del poder característica de la política boliviana desde mucho antes que hoy. Las élites y las regiones que forman la base de la oposición al gobierno están buscando unas autonomías de estilo español para ponerse a salvo del amenazante proceso de redistribución impulsado por Evo Morales.

En suma, no se trata de un programa fácil de imponer. Y puesto que sus resultados positivos (por ejemplo, el muy mentado del “incremento de la autoestima de los pobres”) son tan pequeños respecto al alto precio que demandan, se puede pronosticar que a mediano plazo la aventura fracasará. Si bien la idea de la revolución es perenne, hasta ahora ninguna revolución verdadera ha triunfado: nunca se ha podido vencer la pobreza y la injusticia por medio de la igualdad.