Doctrina de Igualdad y estamento académico

Por Ward Connerly
Diario de América

En 1949, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos adoptaba una política general que pretendía garantizar que toda la cobertura mediática de los temas controvertidos por parte de una emisora fuera equilibrada y justa. Esta política se basó en la teoría de que los licenciatarios de las emisoras eran “administradores públicos”, y que como tales tenían la obligación de dar una oportunidad de ser escuchados a aquellos con puntos de vista divergentes. La “Doctrina de Igualdad” fue interpretada por muchos como requisito de que aquellos con opiniones divergentes recibieran igual tiempo en antena cuando quiera que se estuvieran debatiendo temas controvertidos. La “doctrina” fue abandonada durante la administración Reagan, cuando muchas actividades gubernamentales fueron desreguladas.

Cuando se estaba debatiendo recientemente la propuesta de ley para reformar las políticas migratorias de la nación, especialmente aquellas relativas a la inmigración ilegal, varios miembros Demócratas del Senado de los Estados Unidos pidieron la reinstauración de la “Doctrina de Igualdad” a causa de la sensación de frustración producto de que el público no estaba recibiendo un debate justo y equilibrado de la legislación en los programas de debate radiofónico, que los Demócratas del Senado califican de universalmente conservadores y de los que pensaban estaban teniendo una influencia desbordada sobre las deliberaciones concernientes a la legislación.

Personalmente me opongo a la “Doctrina de Igualdad” por un amplio abanico de motivos, el más destacado de los cuales es que presupone la ignorancia del público y nuestra incapacidad para discernir el grano de la paja. Pero, más significativamente, las emisoras no son propiedad del gobierno y no deben ser consideradas como actividades gubernamentales. Con tantas fuentes diferentes de información — periódicos, cadenas de televisión, cable y debate radiofónico, por ejemplo — es difícil para cualquier fuente realizar una labor informativa de manipulación. Pero sí existe un área de la vida cotidiana americana en la que creo que tendría que aplicarse algo parecido a la “Doctrina de Igualdad”: el aula universitaria.

A pesar del clamor por “la diversidad” en los campus universitarios, una de las facetas más homogéneas de la vida americana es el claustro universitario y las perspectivas que imparte en las aulas con respecto a temas controvertidos tales como la “discriminación positiva”. En la práctica, los profesores universitarios tienen uno de los monopolios más protegidos de nuestra nación. Están protegidos por la libertad de cátedra, la “libertad académica”, y nuestro respeto a su derecho a impartir sus conocimientos sin intromisión de los administradores, del rector de la Universidad, o de cualquiera responsable de la administración universitaria.

No estoy proponiendo saltar la libertad de la que disfrutan estos dictadores lectivos. Esto sería un ejemplo de remedio peor que la enfermedad. Pero al contrario que alguien que se sienta en el sofá con un control remoto en la mano, un estudiante no tiene ninguna elección aparte de sentarse y escuchar cuando su profesor se pone a vomitar sobre los males inherentes al “imperialismo americano” y cómo nuestra nación es el responsable de muchas de las cosas que van mal en nuestro planeta, o de porqué “la igualdad” y “la justicia social” se les están negando a las mujeres y “las minorías”. En pocas palabras, es ampliamente reconocido que no existe diversidad intelectual entre los claustros universitarios.

Una cosa que aprendí de mis días como miembro de la junta de gobierno de la Universidad de California es que las soluciones a los problemas de naturaleza académica son practicadas internamente mejor que impuestas desde arriba, sin importar lo incómoda que sea la maquinaria del centro. Por tanto, no deberíamos esperar a que juntas de administración o rectores universitarios solucionen este tema. La solución tiene que originarse del interior del propio claustro.

Para que tenga lugar el cambio, la dirección lectiva de las universidades de toda la nación debe ser instada a reconocer el perjuicio a largo plazo que redundará en ella y en la fe que el pueblo americano debería tener en la educación superior desde la lógica percepción pública de que el estamento académico es intelectualmente monolítico en cuanto a pensamiento, es torpe e inalcanzable con respecto al americano corriente. Cuando Ward Churchill se convierte en la cara del profesorado universitario, la educación superior americana pierde el respeto que tenía entre el contribuyente. Esta percepción no queda lejos de la realidad. Poco a poco, la elevada estima que conferimos a la educación superior se ve erosionada por la opinión de que es intelectualmente intolerante o inalcanzable.

Tras el diagnóstico del problema, la dirección entre las filas del profesorado tiene que reclutar activamente a los colegas que puedan ofrecer posturas alternativas a las posiciones y filosofías imperantes en sus departamentos facultativos, en áreas tales como ciencias políticas o filosofía — las áreas donde es más probable que se expongan “opiniones controvertidas”. Una denuncia que se escucha a menudo es que se encuentran pocos, por decir alguno, Republicanos o conservadores en los claustros de virtualmente cualquier universidad de la nación. Esta es una queja que debe ser tomada en serio.

Si el deseo de “diversidad” ha de ser tomado en serio — y no hipócritamente — los claustros universitarios TIENEN que concienciarse con la diversidad de pensamiento y contratar a miembros del claustro intelectualmente más diversos para llenar sus filas. En el ínterin, lo menos que podrían hacer es introducir expertos en sus aulas para ofrecer perspectivas divergentes y puntos de vista distintos cuando se discuten temas controvertidos. Tal “Doctrina de Igualdad” en la educación superior contribuiría mucho a reforzar la confianza que todos nosotros deberíamos tener en nuestras universidades. Ciertamente, si aquellos que quieren que emisoras que son financiadas de manera privada — y con las que el consumidor tiene la elección de escuchar o no escuchar — sean “justas y equilibradas”, la misma expectativa debería tenerse de las universidades financiadas por el contribuyente, donde toda divergencia es abandonada una vez que la puerta del aula se cierra.