¿Hasta dónde va a llegar Chávez?

Editorial – El Mercurio, Santiago

A la gravedad intrínseca del cierre de RCTV por el Presidente Chávez, se suma la preocupación de que ese paso indica la agudización de un proceso. El golpe contra un medio de comunicación independiente o crítico del régimen no es un hecho aislado, como lo evidencian las ulteriores amenazas contra Globovisión, que es su explícito próximo blanco.

El cierre de RCTV no es el aprovechamiento de una coyuntura, sino el inicio de un curso de eliminación de todo medio que discrepe de la “revolución bolivariana”. Es más, el régimen chavista advierte que sancionará a todos quienes hablen de “cierre”, en vez de “expiración de la concesión”. Así, se implanta ya una nomenclatura oficial. Y, para despejar toda duda, Chávez declaró después que “una concesión puede terminar antes del tiempo establecido… por violaciones a la Constitución, a las leyes, por el terrorismo mediático… (Que) los medios de comunicación privados… no se equivoquen: midan bien hasta dónde van a llegar”.

En realidad, América Latina se pregunta hasta dónde va a llegar Chávez. El “terrorismo mediático” no es un tipo delictivo legal, sino un pretexto para acallar cualquier voz disidente. En tal contexto, la noción jurídica de concesión pierde toda seguridad. En Chile, ella significa derecho de propiedad sobre derechos (bienes incorporales), con todos los resguardos que a ella otorga la Constitución. Por tanto, “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad… sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización…, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho… El dominio del titular sobre su concesión (minera) está protegido por la garantía constitucional”. La Ley General de Telecomunicaciones se atiene, en general, a este principio básico. Así, en nuestro país, quebrantar este límite jurídico atropellaría el Estado de Derecho.

La aspiración totalitaria se manifiesta también respecto de las universidades privadas. El ataque contra RCTV se inició alrededor de seis meses antes de las elecciones presidenciales venezolanas. El discurso oficial comenzó a afirmar que en ese y otros medios se incubaban el golpismo y la desobediencia civil. El tono fue subiendo hasta culminar en el cierre conocido. Ahora, Chávez está dirigiendo esas mismas expresiones contra las universidades privadas, acusándolas de alentar conductas contrarias al Presidente. Poca duda puede caber de que su próximo paso apuntará a eliminar la educación superior independiente (ya controla todo el resto del aparato educacional del Estado).

El curso que sigue el régimen venezolano ha sido calificado como “dictadura democrática” o “autocracia legal”, pues, en apariencia, se preservan aún ciertas formas democráticas. Pero tales adjetivos -democrático, legal- están hoy vacíos. La orientación sustancial del régimen es, inocultablemente, totalitaria. La postura de los gobiernos democráticos al respecto debería, cuando menos, dejar firme y tajantemente en claro que eso lleva aparejado el aislamiento internacional.

Ante sus blandas reacciones -con la notoria excepción de la de EE.UU. en la OEA-, Chávez acrecienta sus apetitos hegemónicos: este lunes afirmó que “Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela deben ir hacia una federación de repúblicas”, a la que se sumarían otros países del Caribe, Centro y Sudamérica. Puede parecer delirante, pero personalidades como la suya tienen precedentes en la historia universal. Incidentalmente, la federación que Chávez propone limitaría con Chile.