La propiedad privada

El Nuevo Día

Uno de los más importantes principios sobre los que se asienta la organización del mundo democrático liberal, es el de la propiedad privada. Es a la democratización de este principio que el mundo desarrollado le debe gran parte del éxito que le conocemos.

El concepto de la propiedad privada, está inspirado no solamente en la idea de darle a la persona el derecho a disponer de un bien, también en la idea de brindarle la seguridad y la tranquilidad necesarias para el desarrollo de su vida, a través de una garantía social que la asegure de las interferencias y la intromisión externas, a la hora del uso y el disfrute de lo que es de ella.

Este principio es también el responsable directo del crecimiento económico de los países modernos, porque hace posible la transferencia de los bienes por la sola voluntad las personas, lo que ha devenido en una multiplicación de los negocios, al mismo tiempo que en una mayor generación de riqueza. Pero ¿dónde nace en verdad este principio? Nace del reconocimiento de que el verdadero motivador de la actividad humana, es el interés personal.

En otras palabras, del reconocimiento de que el interés personal es parte constitutiva de la propia naturaleza humana. De ahí deviene la legitimidad de su reconocimiento social, y por eso es hoy un principio que informa las constituciones y la legalidad de casi todas las naciones progresistas del mundo. No ha sido fácil su instauración sin embargo, porque la democratización de la propiedad privada supuso al mismo tiempo la democratización de la política, algo que ha generado innumerables conflictos a lo largo y ancho del planeta. Pero hoy sin embargo, es un principio general en las constituciones y, si bien es un asunto reglado, es decir, sujeto a límites legales, casi nadie puede concebir hoy una sociedad que no se asiente sobre el principio de la propiedad privada. También porque aquellos países que edificaron su organización social sobre la negación de la propiedad privada, terminaron en la pobreza más grande y víctimas de dictaduras criminales. Cuba y la disuelta Unión Soviética son el mejor ejemplo.

Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro país con respecto a este asunto? Digamos primero que nuestra Constitución Política tiene a la propiedad privada como un principio informador de la legalidad nacional, cuando dice, en su art 22, que “se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”. Dice también, en el mismo artículo, que ella puede ser expropiada si “no cumple una función social o por causa de utilidad pública”. No hay una sola palabra que establezca que la propiedad privada de los extranjeros no está garantizada si es que ella cumple una función social; una expresión, por lo demás, más oscura y ambivalente que los discursos del propio Presidente y que según la Constitución debe ser definida mediante ley, no por decreto. Por eso mismo este asunto de la nacionalización -que no es otra cosa que una expropiación, o una confiscación, si como en el caso de la fundidora Vinto no se quiere pagar una indemnización justa- y a la que todo el mundo se adhiere, no sé si por cobardía o por simple estupidez, tiene que ser denunciada como un atropello del orden legal por parte del poder actual. Ya que inclusive si algunas empresas extranjeras hubiesen cometido delitos tributarios o de contabilidad, para castigar eso están las leyes penales y el Poder Judicial.

En ningún caso pueden otros poderes, mediante decreto o ley alguna, violar a capricho este principio constitucional de la propiedad privada, aplicando la confiscación o la expropiación como castigo.

Digamos, además, que en la última reforma constitucional se introdujo en el artículo 24 la reafirmación de que la confiscación no puede nunca ser un asunto de castigo político. Y si hablamos de utilidad pública como la razón de la expropiación, definamos entonces lo que significa “utilidad pública”. ¿Será que es de “utilidad pública” tener empresas estatales con directores que no tiene ni remotamente la idoneidad para esos cargos? ¿O será de “utilidad pública” tener directores que apenas entran en funciones realizan contratos que se saltan las leyes? ¿O acaso será de “utilidad pública” convertir a la empresa estatal del petróleo, en un monstruo ineficiente que sirva sólo para dar empleo a los oportunistas de siempre? ¿No será que es de mayor “utilidad pública” tener unas empresas que sean eficientes y que bien vigiladas paguen buenos impuestos al Estado y cumplan con los compromisos nacionales de exportación? ¿No será que “utilidad pública” se define mejor, teniendo y fomentando unas empresas que desarrollen y aumenten la producción de hidrocarburos a su riesgo y cuenta, para que nuestros ingresos a mediano plazo se incrementen gradualmente? ¿No será que “utilidad pública” encaja mejor con la idea de eficiencia y cumplimiento de la legalidad tributaria y medioambiental?

La historia de las empresas estatales en Latinoamérica está plagada de ineficiencia y corrupción, y que no nos digan que hay países que tienen buenas empresas estatales porque si esto es verdad se debe a que tienen gobiernos corporativos, así como accionistas privados que vigilan de cerca el cumplimiento de sus estatutos. ¿O porque entonces estas mismas empresas, hace unos pocos años, tuvieron que ser capitalizadas para que pudieran sobrevivir? Ojo entonces con este asunto, porque los gobiernos autoritarios empiezan violando la propiedad privada de los extranjeros, pero mañana pueden ser los ahorros de las pensiones o las cuentas bancarias de los bolivianos, y todo ello con la peregrina justificación de la “utilidad pública”.

Mucho cuidado, porque nada es peor para los pueblos que hacerle el juego al palabrerío demagógico y oportunista de aquellos que han hecho de la impostura una profesión en la vida.