Venezuela: Aumentó acoso oficial contra periodistas

EL UNIVERSAL

El Ipys, Espacio Público y Konrad Adenauer, vigilantes de la libertad de expresión, destacaron el aumento del acoso judicial y la persecución por la vía tributaria como elementos distintivos de este período

Dos situaciones fomentaron el deterioro en el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela durante 2005: «El inicio de un proceso de hostigamiento judicial» contra los periodistas y «la utilización de mecanismos tributarios para cerrar temporalmente varios medios de comunicación».

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Andrés Cañizález, del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys); Carlos Correa, de Espacio Público (EP) y la Fundación Konrad Adenauer presentaron el Informe 2005 de la situación del derecho a la libertad de expresión e información.

El documento fue enviado al ministro de Comunicación, Willian Lara, antes de ser difundido públicamente. Allí se presentan estadísticas que ilustran las agresiones y amenazas que enfrentan los comunicadores sociales.

El acoso judicial, al cual hizo referencia el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, es uno de los problemas que se destacan en el Informe: «Durante el año 2005 se inició un proceso de judicialización de los casos. Se anunciaron y abrieron nuevos juicios y se condenó a varios periodistas por los delitos de opinión tipificados en el Código Penal».

El constitucionalista Carlos Ayala Corao, quien escribió el prólogo y estuvo en la presentación, explicó que el aumento del hostigamiento judicial tiene que ver directamente con un marco jurídico para coartar la libertad, donde se incluye la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, la reforma al Código Penal (de 2005) y con las sentencias 1.013 y 1.942 del Tribunal Supremo.

En el prólogo, Ayala Corao advirtió que otra situación que caracteriza a 2005 es «la utilización del mecanismo tributario para sancionar y cerrar temporalmente varios medios de comunicación». Causó preocupación en especial lo ocurrido en el estado Bolívar, donde en un mismo día el Seniat impidió a 7 medios cumplir con su trabajo. «La sanción por pagos de impuestos no puede ser el cierre, pues se vulnera el derecho de los ciudadanos a estar informados» recordó Correa.

En total, el balance contabiliza 121 casos y 164 víctimas de limitaciones a la libertad de expresión. En cuanto a los casos, se reflejó una reducción con respecto a 2004, que tendría que ver con la disminución de la polarización política y no con que exista mayor tolerancia al trabajo reporteril. «Cada vez que se calienta la calle las víctimas se empiezan a contar en el terreno periodístico. Se puede decir que la polarización cobra víctimas en los periodistas», dijo Cañizález.

El número de víctimas aumentó con respecto al período anterior, lo cual podría tener una explicación en el hecho de que se dieron casos donde todos los periodistas de una fuente se convirtieron en víctimas del mismo organismo o funcionario estatal.

La intimidación continúa en el primer lugar de las violaciones más frecuentes, con 21,53% del total de los casos. «La intimidación se relaciona con la negación de acceso de los reporteros a las instalaciones públicas, especialmente hospitales y tribunales». En cuanto a los victimarios, la mayor responsabilidad (69,92%) recae en los organismos o funcionarios del Estado, con lo cual se revierte una tendencia que situaba a los particulares como los principales agresores.

En el informe se cita como caso ilustrativo el intento del Ministerio Público por censurar la información relativa al caso Danilo Anderson.