México: El Despeñadero

Wikikeando

El año cierra mal para México y el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien inicia así su segundo año de gobierno. Recientemente, por ejemplo, la CEPAL determinó que México fue la única nación de América Latina donde la pobreza aumentó en 2012 y que ésta aumentó en todo el período que va de 2005 a la actualidad (cabe aclarar que estos resultados son más bien un dictamen sobre el gobierno de Felipe Calderón que sobre el de Peña Nieto, lo que no exime a éste de mostrar pronto resultados y una mejor estrategia en la materia). De manera coincidente, México se consolidó como el país con la peor calidad educativa entre los 34 miembros de la OCDE, según los resultados de las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, mejor conocida como PISA, por sus siglas en inglés (levantada en 2012), a pesar de algunos progresos marginales.

La economía mexicana tampoco anda bien, ni siquiera medianamente bien: Durante el año, la Secretaría de Hacienda ha disminuido varias veces el pronóstico de crecimiento de la economía, del 3.5% inicial al 1.3% en la actualidad, y los expertos han bajado también las expectativas para el 2014, lo que junto con el decepcionante desempeño de Brasil, ya ha frenado las expectativas de crecimiento para América Latina en su conjunto. Al respecto, ambas economías representan dos tercios del Producto Interior Bruto de la región.

Las evaluaciones recientes sobre la economía mexicana y su entorno tampoco son auspiciosas: El reciente Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, da a México el lugar 106 entre 175 países, colocándolo en niveles de corrupción similares a los de Argentina, Bolivia, Gabón y Niger. El Índice Internacional de Libertad Económica 2013, de The Fraser Institute, coloca al país en un decepcionante puesto 94 entre un total de 152 países, en parte debido al mal estado del sistema de justicia del país y restricciones excesivas en la regulación de las empresas. Por su parte, el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2013, elaborado por la Property Rights Alliance, lo coloca en el lugar 68 de un total de 131 países, debido a un bajo respeto a la ley, escasa independencia judicial e insuficiente control de la corrupción, entre otros factores. El Índice de Calidad Institucional 2013, publicado por la Red Liberal de América Latina (RELIAL), coloca al país en el puesto 88 entre 191 países, en parte por las agresiones a la prensa y la falta de respeto al Estado de Derecho, entre otros factores. Finalmente, el Doing Business 2014 del Banco Mundial hace descender al país dos lugares respecto al año pasado,para quedar en el puesto 53 de 189 países analizados, anotando sus principales deficiencias en los temas de Registro de Propiedades, la pesada regulación y altos costos para la apertura de nuevos negocios y la alta carga de impuestos y contribuciones administrativas que deben pagar los nuevos negocios.

A ello súmele el gravísimo problema de inseguridad y violencia en México, que continúa sin alivio aunque con menos prensa, y con las mismas o peores violaciones a los DDHH que en el pasado reciente, y que no reciben respuesta ni atención por parte del gobierno mexicano. Así, seis ciudades mexicanas están catalogadas entre las 20 más violentas del mundo. Sobre ello, se ha estimado que el costo directo de la inseguridad y la violencia para la economía mexicana es de 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el indirecto es de 12 por ciento, asegurándose que de no haber hechos de esa índole podría mejorar la economía hasta en un 27 por ciento. Al respecto, el llamado Pacto por México (un promisorio acuerdo entre los tres principales partidos políticos y el gobierno para impulsar varias legislaciones, pero en etapa terminal dado el rechazo de la izquierda a apoyar la llamada Reforma Energética, y cuyo sitio web no siquiera ha recibido alguna actualización en los últimos siete meses), estableció como una de sus primeras medidas, un acuerdo con importantes objetivos en seguridad: coordinación entre las policías, un sistema para depurar la corrupción, la creación de una Gendarmería nacional y medidas y recursos para mejorar el sistema judicial. En los hechos, nada ha avanzado, y tras un año de gobierno, se continúa con la misma inercia del pasado. También se anunció un plan de prevención de la violencia y la inseguridad, dotado con 9 mil millones de dólares, centrado en la educación, la reducción de la pobreza y el desarrollo comunitario. Dicho plan no ha pasado de ser un conjunto inconexo de acciones, sin evaluación, ni seguimiento ni un propósito claro de qué se espera lograr, pareciendo más bien la cobertura de una estrategia clientelar del partido en el poder. De allí, la aparición de prácticas sociales que podrían tacharse de descabelladas de no ser simplemente desesperadas frente al fracaso oficial en la materia.

Por las dificultades en modificar en algo la inercia en el despeñadero del país, se torna comprensible la gran cantidad de capital político que el presidente Peña Nieto ha invertido en sacar adelante varias reformas legislativas, incluida una Reforma Fiscal que le dará incontables recursos a futuro (los que ya ha comenzado a dilapidar, por desgracia, con una inexplicable condonación de deuda al gobierno cubano y un “crédito fiscal” a un sindicato propietario de una refresquera, y cliente político de la izquierda, para que no se viera afectado por… el impuesto a los refrescos que impulsó, con el silencio cómplice de ONG’s, activistas y expertos en la materia). Reformas de relumbrón o que ayudarán a captar votos, como sucederá con la Reforma Fiscal, cuyo principal fin será contribuír a la imagen política del gobierno.

Por desgracia, el tramo entre su aprobación y sus resultados será necesariamente largo, si es que finalmente no terminan por frustrarse, como parece será el destino de la llamada Reforma Educativa. Así, el Congreso mexicano ha conferido a Peña Nieto y su gobierno un conjunto de reformas que le escatimó a los tres antecesores suyos, sin estar ciertos por ahora si éstas serán el revulsivo necesario para modificar la cuesta abajo del país y si, además, el gobierno Peña Nieto tendrá la capacidad de gestionarlas y aprovecharlas. La reciente caída en la aprobación presidencial y la muy baja evaluación de los responsables de los puestos vitales del gobierno, hace pensar que buena parte de la sociedad piensa, por ahora, que no tiene dicha capacidad.