Colombia bajo la sombra de La Haya

La Tercera

Han pasado diez meses desde el dictamen de la Corte Internacional de Justicia
sobre la disputa entre Colombia y Nicaragua en la ciudad de La Haya y el
problema, para el Presidente colombiano Juan Manuel Santos, está lejos
de haberse resuelto. ¿Cuál problema? Esencialmente, el problema político
que supone para él, y para cualquier dirigente colombiano, aceptar el
fallo (o decir que lo acepta). Lo cual en su caso es tanto más delicado
cuanto que el mandatario está empeñado en lograr la reelección el
próximo mes de mayo a pesar de tener una aprobación de apenas 28 por
ciento y de existir un nivel de rechazo a un segundo período suyo por
parte de un altísimo 77 por ciento.

Recapitulo muy someramente lo principal del dictamen.

1) En virtud del tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, Colombia ejerce
soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. La corte reconoció esa soberanía, rechazando las pretensiones
revisionistas de Managua, que alegaba que el tratado había sido firmado
bajo la ocupación estadounidense y era por tanto inválido.

2) Tampoco tuvo fortuna el gobierno de Daniel Ortega en la pretensión
de que la corte dividiera con una línea media la zona en la que las
plataformas continentales de ambos países se solapan porque, según los
jueces, el demandante no ha probado que tiene derecho a que su
plataforma se extienda más allá de las 200 millas náuticas (es sólo si
se acepta esa extensión adicional que hay solapamiento con la plataforma
colombiana).

3) Por último, y aquí está la manzana de la discordia política, el
tribunal fijó una delimitación marítima entre Nicaragua y el
archipiélago colombiano, pues esto no forma parte de ningún tratado. Lo
hizo corriendo hacia el este la frontera que hasta ahora existía en la
práctica, de tal forma que la zona marítima nicaragüense acabó siendo
casi tres veces más grande que la del archipiélago aun cuando la costa
de Nicaragua es algo más de ocho veces más larga que la de las islas y
cayos en cuestión.

Esto último es lo que el tribunal califica de “equitativo” (concepto
que el tribunal de La Haya suele aplicar partiendo de la medición del
largo de las costas respectivas para luego fijar una frontera que no
suponga generar problemas adicionales, por ejemplo afectando a un tercer
país, ni una desproporción impráctica o inconveniente). Para los
colombianos, que tenían al meridiano 82´ por frontera marítima, lo
“equitativo” implica la pérdida de una porción de lo que considera su
zona marítima. Además, el fallo deja a un puñado de cayos situados al
norte del resto aislados del resto, ya que entre su zona marítima y la
de las otras islas se sitúa ahora, según la decisión del tribunal, una
porción de la zona marítima nicaragüense.

Desde el primer día, el Presidente Santos, bajo una fuerte presión de
la derecha colombiana, especialmente la del sector uribista, ha
expresado su indignación por el fallo. Pero aunque había adoptado
algunas medidas poco después del dictamen, no fue sino hace unos pocos
días que afirmó abiertamente que ese fallo es “inaplicable”. Su
argumento es que el ordenamiento legal colombiano sólo permite modificar
las fronteras si hay un tratado de por medio, lo que implica que sería
inconstitucional renunciar al meridiano 82´ como el lugar del deslinde
sin haber firmado antes un acuerdo con Nicaragua. Es por eso que Santos
ha insistido en exigir a Daniel Ortega un tratado. El presidente
nicaragüense ha aceptado de palabra esta propuesta, sabiendo que en la
práctica no hay acuerdo posible antes de que Santos sea reelecto o
rechazado en las urnas y de que los colombianos hayan acabado de digerir
el bocado que les introdujo la Justicia internacional en el estómago.

¿Qué ha pasado desde el fallo? En realidad, casi nada, excepto gestos
pesados para evitar la acusación de debilidad a sólo meses de los
comicios. La armada colombiana sigue merodeando por la zona del
conflicto y los pescadores colombianos siguen faenando allí, según los
testimonios de las propias autoridades locales del archipiélago. Santos
ha entregado a la Corte Constitucional de su país la denuncia formal del
Pacto de Bogotá que obligó a Colombia a aceptar la jurisdicción del
tribunal de La Haya en este caso que se remonta a 2001. La decisión de
denunciar el tratado no tiene pretensiones retroactivas, porque eso
sería jurídicamente imposible, además de que en cualquier caso los
fallos de la corte son inapelables (sólo se puede pedir aclaraciones).
Pero se trata de un gesto político que de cualquier manera podría
proteger al país de una futura demanda nicaragüense en relación con la
plataforma continental.

No puede descartarse esa nueva demanda en la medida en que el
dictamen de noviembre de 2012, si bien dejó de lado la pretensión de
Managua, lo hizo sobre la base de que ese país no había probado que
tiene derecho a una plataforma que se extienda más allá de las 200
millas. Queda con esto abierta la posibilidad de una futura demanda si
Colombia no denuncia el Pacto de Bogotá y Nicaragua reúne un material
que considera suficiente.

Otros gestos de Colombia incluyen, por ejemplo, el inicio de
gestiones diplomáticas y jurídicas para asegurarse de que Nicaragua no
explote la reserva Flor de Mar, zona ecológica que en virtud del fallo
pasa parcialmente a manos contrarias. También ha emitido el gobierno un
decreto que, si bien no añade nada a lo que el ordenamiento colombiano
fija ya como zona marítima de este país, tiene la apariencia de una
afirmación desafiante. Dicho decreto establece una zona contigua
“integral” que une a los cayos que quedan separados del resto por el
dictamen de La Haya con las islas situadas más al sur. En el derecho
marítimo se reconoce un mar territorial de 12 millas, una zona contigua
de otras doce millas y luego una “zona económica exclusiva” hasta el
límite de las 200 millas submarinas contadas a partir de la costa. No
hay nada que se llame “zona contigua integral”.

En este caso, el problema no es la denominación, sino el hecho de que
va en contra del dictamen de La Haya. De hecho, hay otros casos en que
los países adoptan, para fines internos, denominaciones que no forman
parte de la Convención del Mar. El peruano -se habla de un “dominio
marítimo” hasta las 200 millas en la Constitución- es uno de ellos.

¿Hasta dónde puede llevar Colombia, más allá de la gestualidad, su
desafío? No muy lejos, pues eso implicaría que Colombia use la fuerza
para que Nicaragua acepte que los pescadores colombianos faenen allí
indefinidamente o empezar a explotar el petróleo que se encuentre en el
subsuelo. Pero, en ese caso, ¿es posible que ambos países firmen un
tratado una vez concluida la elección presidencial de mayo próximo?

No parece, a primera vista, imposible. Bastaría que Ortega aceptara
dejar que los pescadores artesanales colombianos faenen donde ya
pescaban antes del dictamen, se comprometiera a no tocar la reserva de
Flor de Mar y renunciara a la pretensión de quedarse con una parte de la
plataforma continental colombiana que se solapa con la que, en su
interpretación, pertenece a Nicaragua más allá de las 200 millas. Esto
permitiría a Nicaragua “vender” a su país y al mundo la idea de que
Colombia acabó acatando el fallo y a Colombia afirmar que hizo valer su
posición forzando a Ortega a hacer algo a lo que se resistía, incluyendo
la garantía del permiso de presencia pesquera indefinida en la zona.

A medida que se acerca la fecha en que Santos deberá anunciar su
candidatura a la reelección, el mandatario colombiano va endureciendo su
tono o, para decirlo de otra manera, corriéndose a la derecha del
espectro. Todos sus potenciales rivales con simpatía popular están
situados en la derecha, con la única excepción de Clara López, la
candidata de izquierda del Polo Democrático Alternativo. Por ahora, su
más fuerte competidor parecería ser su ex ministro Germán Vargas Lleras,
aunque Francisco Santos, el ex Vicepresidente de Uribe, mantiene en el
sector uribista una posición expectante. Es de suponer que la presión
que viene del uribismo obligue a Santos a seguir endureciendo su postura
en los temas en los que es más vulnerable, desde la negociación con las
Farc hasta la respuesta al fallo de la Corte Internacional de Justicia.

En ese contexto, ningún tratado es posible, porque Nicaragua no
aceptará nada que suponga dar marcha atrás en relación con lo que ha
ganado en La Haya (que es mucho menos de lo que reclamaba). Puede, si
Colombia reconoce la frontera única fijada por el tribunal, hacer
concesiones a Bogotá, pero no renunciar al mar sobre el cual ha obtenido
soberanía. Santos lo sabe y por ello la exigencia de un tratado apunta
en lo inmediato a generar un efecto interno que equivalga a no acatar lo
que tarde o temprano Colombia acabará acatando, probablemente a cambio
de concesiones hechas por los nicaragüenses.

Para Nicaragua, lo sucedido tiene implicaciones políticas de cierta
magnitud: refuerza a un Daniel Ortega que ha logrado apoderarse del
espacio político, controlar las instituciones y hacer virtualmente
imposible que lo desaloje un competidor en las urnas. Fue reelecto en
2011, en violación abierta del ordenamiento constitucional, mediante una
intervención política en la judicatura. Desde entonces todo parece
sonreírle, pues sus rivales están empequeñecidos y la empresa privada,
con la que ha hecho alianza, está encantada de ganar dinero sin meterse
en política, que es la condición para que puedan hacer negocios. El
subsidio venezolano y la economía, animada por el “boom” de los
“commodities” (a diferencia de otros países centroamericanos, como Costa
Rica y El Salvador, las exportaciones de Nicaragua están dominadas por
los recursos naturales) le han asegurado unos ingresos que ha usado para
mantener una vasta clientela política. El dictamen de La Haya le
sirvió, en el inicio de su nuevo período presidencial, para consolidar
su imagen interna y acabar de sofocar a la oposición activa.

Es desde esa posición, precisamente, que Ortega se ha permitido
gestos aparentemente concesivos con respecto a Colombia, incluyendo la
aceptación retórica de la propuesta de Santos sobre la firma de un
tratado. La pregunta que flota en el ambiente es si, en esta actitud de
Ortega, hay algún nivel de coordinación con Cuba y Venezuela con un ojo
puesto en las negociaciones entre el gobierno de Santos y las Farc en La
Habana. Los amigos de las Farc no quieren al uribismo de vuelta en el
Palacio de Nariño porque ello supondría el fin de toda posibilidad de
concesión significativa a la narcoguerrilla colombiana, algo que ven
factible bajo un Santos reelecto.

Arrinconar a Santos y contribuir a una victoria uribista en noviembre
supondría para Nicaragua también un problema adicional: la posibilidad
de que la disputa en torno al dictamen se prolongue y enrarezca. Dados
los problemas que arrastra también con vecinos como Costa Rica, Ortega
preferiría evitar un exceso de conflictividad en la relación con
Colombia.