EE.UU.: Entre la libertad y la seguridad

La Tercera

Edward Snowden, el ex empleado de la CIA y contratista de la Agencia
de Seguridad Nacional, ha renovado la gran discusión sobre los límites
de las libertades civiles en el contexto de la lucha contra el
terrorismo. Una encuesta de Public Policy Polling encargada por The
Guardian, diario londinense que publicó las denuncias originales de
Snowden, indica que dos tercios de los estadounidenses creen que urge
reformar la política de espionaje y que un 56 por ciento pide que el
Congreso los someta a una vigilancia más estricta. Esto explica que
varios senadores, incluyendo a dos miembros de la Comisión de
Inteligencia, Mark Udall y Ron Wyden, hayan hecho algo impensable hace
algún tiempo: afirmar que el espionaje estadounidense miente cuando dice
que los programas de marras ayudaron a impedir ataques contra Estados
Unidos.

Lo que diferencia a Estados Unidos de muchos países en relación con
estos asuntos -por ejemplo el Perú, donde un escándalo de espionaje
contra opositores remece al gobierno en estos días- es la solidez de las
instituciones de la democracia. Las revelaciones de Snowden han
activado los mecanismos democráticos de tal modo que todos los
implicados están rindiendo cuentas exhaustivas, y las políticas y los
programas son objeto de una discusión profunda de la que saldrán
reformas.

Pero aun antes de ello la democracia había entrado en acción para
defenderse de cualquier exceso gracias a la libertad de prensa. Ella
también estaba presente en la formación moral de Snowden,
independientemente de lo que se piense de su acto delator. Cuando se le
preguntó esta semana en Hong Kong si era un héroe o un villano,
respondió que era “un americano”. Lo que estaba diciendo era: soy un
ciudadano formado con los valores del credo democrático de mi país,
superiores al poder del Presidente y de las agencias de espionaje. Ya lo
había sugerido el padre de su novia cuando, asediado por los medios,
había declarado al estallar el escándalo: “El tenía ideas fuertes sobre
lo que está bien y lo que está mal, así que tiene sentido”.

Conviene hacer algunas precisiones antes de continuar. Snowden no ha
denunciado espionaje a adversarios del gobierno de Obama, es decir
seguimientos de inteligencia relacionados con consideraciones políticas
domésticas. Tampoco ha afirmado que el gobierno norteamericano escucha
las conversaciones telefónicas de los ciudadanos. Lo que ha explicitado
son dos cosas distintas: el acceso del gobierno al registro de llamadas
de los clientes de la empresa Verizon, una de las grandes compañías
telefónicas, y un programa de computadora llamado Prism mediante el cual
las autoridades acceden a informaciones sobre ciudadanos extranjeros, y
a sus comunicaciones, a través de compañías de tecnología informática.

En el primer caso, lo que el gobierno obtuvo de Verizon, orden
judicial mediante, no es el contenido de las llamadas sino datos como
los números de quien hacía la llamada y quien la recibía, la ubicación
de ambas partes, la hora y la duración. En el segundo, sí accedieron a
los contenidos de las comunicaciones cibernéticas -por ejemplo, los
correos electrónicos- de distintas personas de origen extranjero
situadas fuera del país. Una parte de este acceso lo obtuvieron sin
conocimiento de las compañías de tecnología informática y otra, a partir
de órdenes judiciales, con su colaboración, especialmente por parte de
Microsoft, Google y Yahoo.

Snowden ha dado a entender que hay unas 61.000 operaciones de
“hackeo” alrededor del mundo conducidas por el espionaje norteamericano y
que, en la medida en que la mayor parte de las comunicaciones del mundo
pasan por Estados Unidos por ser la infraestructura de este país la más
avanzada, el acceso del gobierno a la información ha sido planetario.
Su legalidad ha estado enmarcada en la Ley Patriota y la Ley de
Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Todas las operaciones han estado
bajo supervisión de una corte judicial especial y el Congreso. Desde
2009, los congresistas han recibido información periódica.

Pero la legalidad de los programas y lo que indica la versión oficial
de la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI no bastan para garantizar
que se hayan respetado los límites de lo establecido por la ley y la
corte. Como ha sucedido en el pasado, el delator alega que se ha
producido una sistemática ilegalidad. Algo similar había dicho William
Binney, alto funcionario del espionaje que renunció en 2001 y acabó
siendo arrestado en 2007 en relación con sus denuncias acerca de la
interceptación de comunicaciones a escala masiva.

Una vez que Snowden -suponiendo que su proceder estuvo dictado por un
sentido de la moral pública- llegó a la conclusión de que debía exponer
las vísceras de los programas de inteligencia, la libertad de expresión
cobró una importancia preponderante. Sujeto a las limitaciones legales
de todo funcionario o contratista de la comunidad de inteligencia, no
podía hablar sin cometer un delito. Tratar de corregir la desviación
desde el interior del aparato no era una opción por obvias razones;
acudir a la justicia tampoco, en vista de que una corte especial era
parte del entramado. Quedaba una opción: el uso de la prensa libre. Como
tantas veces en la historia de los Estados Unidos, esta institución no
oficial, ajena a los poderes del Estado, resultaba determinante para
este nuevo episodio de rebeldía democrática y desobediencia civil, una
vieja tradición estadounidense.

El gobierno podía arrestar a Snowden e imputarlo, y por tanto hacerlo
condenar a cadena perpetua. Pero no podía impedir que la prensa
publicara su testimonio. El más poderoso imperio de la historia de la
humanidad no podía detener un acto tan sencillo y civil como una
publicación periodística contándolo todo.

Por eso Snowden no acudió a la justicia ni al Congreso, sino a la
prensa. Su acto de traición al Estado sólo podía hacerse desde fuera del
Estado: es decir, desde la sociedad civil, que el filósofo escocés
David Hume definía como espacio formado por todo aquello que fuese ajeno
al Estado. Y así lo hizo contactando a personas vinculadas a la
Fundación para la Libertad de Prensa, a la que pertenecen periodistas y
otros delatores célebres como Daniel Ellsberg, el que filtró los papeles
del Pentágono sobre la guerra de Vietnam en los años 70. El resultado,
luego de vericuetos varios, fue la publicación de sus revelaciones en el
periódico británico The Guardian y el Washington Post después de tomar
la precaución de trasladarse de Hawaii, donde estaba basado su trabajo
para la Agencia de Seguridad Nacional, hasta Hong Kong, donde hizo los
contactos cara a cara.

El diario británico supone un elemento llamativo: la libertad de
prensa de que hace uso como ciudadano estadounidense el joven Snowden
abarca al mundo. Es un valor que él recoge de la democracia
estadounidense pero lo ejerce desde una sociedad civil planetaria: él se
sitúa en Hong Kong y apela a un diario inglés para revelar algo que
apunta a remecer los cimientos del Estado norteamericano.

¿Tiene esto significación? Sí: Snowden contactó a The Guardian, según
el Washington Post, una vez que este último rehusó la condición que el
delator había puesto: garantizar la publicación 72 horas después de
recibida la información. Snowden desconfiaba de la gran prensa
estadounidense, especialmente del New York Times, a pesar de que la
primera persona a la que contactó había escrito para ese diario, y no se
fiaba del Post enteramente. ¿Por qué? Porque los creía vulnerables al
clima en que se desarrolla la lucha contra el terrorismo, que convierte a
esos sagrados espacios de sociedad civil en zonas que de tanto en tanto
facilitan la invasión del poder. Si eso mismo había ocurrido en las
grandes empresas de tecnología informática, podía suceder en la prensa.
La garantía era acudir a un medio europeo que ya había mostrado, en el
caso de los WikiLeaks, que estaba dispuesto a publicarlo todo, aun a
riesgo de poner en peligro vidas humanas.

La libertad de expresión en este caso establecía una diferencia entre
los diarios y las empresas de tecnología informática: las segundas
están impedidas de revelar detalles de su colaboración con el espionaje
por ley mientras que las primeras no tienen igual restricción puesto que
no formaron parte del entramado. La colaboración entre el gran
capitalismo estadounidense y la Agencia de Seguridad Nacional data de
los años 70: en cambio, en esa misma década fue que la justicia
norteamericana dio al New York Times y el Washington Post la victoria en
su enfrentamiento legal con el poder para publicar los papeles del
Pentágono.

Por tanto, el riesgo no era tanto legal (aunque los diarios tenían
que hacer las inevitables consultas con sus abogados) como moral: que
los editores y los directores se sintieran inhibidos de hacer la
publicación para no afectar la lucha contra el terror. De allí que
acudir a la libertad de prensa de otra democracia, en este caso la
británica, funcionara como doble seguro para Snowden.

La reacción a su delación supone un cambio significativo en la
opinión pública estadounidense. Aunque hubo desde el primer momento una
corriente de opinión que se opuso a la Ley Patriota y las invasiones de
la privacidad propias de la lucha contra el terrorismo, durante el
primer gobierno del Presidente George W. Bush un sector muy amplio,
traumatizado por el 9/11, aceptaba hacer concesiones a las exigencias de
la seguridad nacional. Hacia el segundo período de Bush, una mitad del
país veía ya con alarma lo que consideraba una política alejada de la
gran tradición liberal. Barack Obama atacó con insistencia a Bush por la
violación de las libertades civiles.

Hoy, a pesar de los atentados recientes contra la maratón de Boston,
la balanza está inclinada del lado de las libertades civiles: una
mayoría ha reaccionado a las revelaciones de Snowden con alarma ante los
alcances del programa y temor de que se haya cruzado una grave línea
ética y legal. En cambio Obama se ha desplazado hacia el otro lado. De
allí que haya dicho: “No se puede tener ciento por ciento de seguridad y
también tener ciento por ciento de privacidad y cero inconvenientes”.

A diferencia de otros países, donde las violaciones de la legalidad y
la subordinación de las libertades civiles a las consideraciones de la
seguridad nacional suelen quedar impunes o no provocar cambios, en
Estados Unidos casos como el de Snowden tienen consecuencias. Como las
tuvo Ellsberg o el soldado Bradley Manning, a quien recientemente se le
juzgó en una corte marcial por la filtración de documentos a WikiLeaks.
La primera consecuencia es la que vemos: las instituciones de la
democracia haciendo su trabajo. La segunda, menos obvia, es el
restablecimiento de un cierto sentido del peso relativo entre seguridad y
libertad. Como ha sido siempre en este debate que no termina aquí.