La alcaldesa de Oruro

El Deber, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

Rocío Pimentel, la mujer que el 4 de abril de 2010 ganó la Alcaldía de Oruro, está a punto de ser suspendida de su cargo y corre el riesgo de enfrentar cinco años de cárcel por el proceso que le han iniciado concejales del Movimiento al Socialismo (MAS). El supuesto delito, haber designado un Delegado Municipal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción sin haber seguido los pasos legales. Su caso es una muestra más de la persecución política desatada por el gobierno boliviano contra quienes se atrevieron a ganarle en las urnas.

La Alcaldesa de Oruro, proviene del periodismo, en el cual se destacó como una popular conductora televisiva, además de dirigente de los periodistas.  Para sorpresa de muchos, ganó las elecciones municipales de Oruro, ciudad capital del departamento del mismo nombre donde nació Evo Morales. Quizás este sea uno de sus principales pecados, el haber ganado en un territorio donde el MAS había ganado en los últimos años con porcentajes muy altos de votación.

Desde entonces, ella ha denunciado ser objeto de un acoso permanente de sus adversarios políticos, persecución cruel que ha llegado incluso al seguimiento de sus padres, de la tercera edad, y de sus hermanos, además del maltrato hacia su persona en reiteradas oportunidades como cuando fue apartada del desfile en el aniversario de Oruro por el protocolo presidencial.

El delito por el que se le acusa es absurdo y sin sentido. Nombrar a un funcionario a cargo de la lucha contra la corrupción es una política promovida por el mismo gobierno nacional. Sin embargo, bajo pretexto de que este nombramiento no estaba contemplado en la estructura municipal se la acusa de nombramientos irregulares, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

En cualquier Estado de Derecho esto no ameritaría la suspensión de una autoridad electa por el voto popular ni la detención de la misma. Sin embargo, en la Bolivia gobernada por el MAS se ha aprobada una ley por la cual se suspenden a las autoridades ante la sola apertura de la causa, es decir se sanciona antes del juicio. Peor aún, jueces y fiscales presionados por el poder político privan de libertad a líderes opositores ante el menor pretexto, sin el más mínimo respeto a los derechos humanos más elementales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

De esta forma, el partido de gobierno toma las Alcaldías que perdió en Abril de 2010, cuando solo ganó dos de los nueve municipios capitales de Departamento. Desde entonces, ya logro apartar de sus cargos a los Alcaldes de Sucre y Potosí y actualmente enfrentan similar amenaza los Alcaldes de La Paz, Tarija, y Oruro.

Frente a la pérdida de popularidad, el MAS insiste en la confrontación y la polarización. Es la forma de gobernar y hacer política que practican para eliminar cualquier alternativa que represente una amenaza para su hegemonía hoy debilitada por la pérdida de popularidad que  experimentan ante la falta de soluciones para la economía y la seguridad de la gente.

El autor fue presidente del Senado Nacional de Bolivia.