Argentina: De controles de precios a controles de opinión

Por Daniel Gustavo Montamat

No es cierto que el Gobierno no se haya ocupado del problema inflacionario. Intentó contener la suba de precios mediante controles y congelamientos de tarifas reguladas y fracasó. Cuando resignó la prioridad de los controles, intervino el Indec para manipular el termómetro oficial de las mediciones. Ahora intenta que los economistas dejen de ocuparse del tema.

Cuando el ex Presidente Kirchner despidió al Ministro Roberto Lavagna en 2005 para asumir el comando directo de la economía, era consciente que la luna de miel de las políticas de expansión monetaria y fiscal con inflación acotada había llegado a su fin. Su experiencia en el manejo de la cosa pública lo llevó a intuir que había que hacer algo para contener el alza de los precios. Por ideología, o por desconocimiento, reincidió en políticas de controles de precios que siempre fracasaron en el mundo y también en la Argentina. El peronismo del 50 y de los 70 recurrió a ellas y fracasó. El peronismo de los 90 fue más sutil: controló el precio de los precios, el tipo de cambio…, y también terminamos mal.

La primera gran misión de Guillermo Moreno fue convocar a los empresarios a negociar listas de precios máximos. Lo del destrato, los celulares registrados, y los llamados a horas extravagantes por parte del funcionario, aunque anecdótico, no es casual. Por las experiencias pasadas y las lecciones de la economía comparada, el ex Presidente y su funcionario sabían que la esperanza de vida de los controles de precios depende de la credibilidad que generen las amenazas contra el agio y la especulación que inevitablemente sobrevendrán. Por eso, también la reivindicación de la ley de desabastecimiento, y la elección de algunos empresarios para mostrar “escarmientos ejemplares”. Las restricciones a la exportación son notas de la misma partitura (las de importación, en cambio, revelan el fracaso de la lucha en la revaluación cambiaria).

En los más de 4000 años de controles de precios y salarios que se han intentado en el mundo (un clásico de Robert Schuttinger y Eamont F. Butler, evoca el tema) el emperador romano Diocleciano (284 -305) fue el que llegó más lejos. En su famoso Edicto de Control (año 301), atribuyó la inflación a la “avaricia” de mercaderes y especuladores. Emitió un nuevo denario como patrón de valor de los nuevos precios máximos fijados para los distintos bienes y servicios, y prescribió la pena de muerte para cualquiera que dispusiera de sus bienes a precios mayores a los establecidos. Pero no era estúpido, sabía también que los primeros resultados de su Edicto serían una mayor retención de las mercaderías y el consiguiente desabastecimiento. Por lo tanto, también prescribió pena de muerte para esa conducta. Por último, cerrando el círculo, fijó la pena de muerte para cualquiera que comprara un producto a un precio superior a los autorizados por la ley. “En aquellos lugares donde los productos sean manifiestamente abundantes, la feliz condición de precios más baratos no será interferida, y hay un amplio espacio para la baratura, si se limita y restringe la avaricia”. El férreo sistema de control derivó en escasez y mercados paralelos, en medio de turbas enardecidas y asesinatos. Diocleciano fue forzado a abdicar.

Ni el ex Presidente ni el Secretario de Comercio imaginaron tales extremos. Por eso, cuando advirtieron que los controles empezaban a hacer desaparecer productos de las góndolas y a generar mercados paralelos, flexibilizaron los mecanismos de control preservando la retórica de las medidas. Entonces fueron por el Indec. En el corto plazo una medición manipulada puede influir en la formación de expectativas de inflación. Pero como la expansión fiscal y la emisión monetaria seguían moviendo el nivel de precios para arriba, los números del Indec perdieron credibilidad pública. La sensación térmica del “changuito” en el supermercado difiere demasiado de la temperatura oficial. Las expectativas empezaron a nutrirse con los índices privados y los de algunas provincias que no condicionaron sus institutos. Con esos índices se hacen los ajustes salariales y las actualizaciones de otros precios.

Entonces viene el último recurso en una batalla perdida: intimidar a los profesionales de la economía para que dejen de medir la inflación. Es como prohibir a los médicos tomar la temperatura al paciente. Pero aunque se niegue, la inflación es otra vez el principal problema económico de la Argentina.