Chile y Argentina: Sobre asilos y extradiciones

Por Mariano Fernández

La Tercera

Considero muy negativa la decisión de la Conare, vinculado al gobierno argentino, que dio asilo político a Galvarino Apablaza, sindicado como presunto participante en el asesinato del senador Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristián Edwards, más aún después de que la Corte Suprema argentina había concedido la extradición solicitada por nuestros tribunales. Ello también ha sido criticada por todos los sectores relevantes del espectro político chileno. Sin embargo, las historias de extradiciones y asilos, vinculados a las vicisitudes políticas e internacionales de nuestro país, no muestran una coherencia tan clara en el pasado.

Las decisiones relativas a las extradiciones son materias judiciales y es poco más lo que pueden ser comentadas. La principal interrogante se plantea respecto de las acciones y gestiones diplomáticas para obtener resultados en estos asuntos. Y hay dos declaraciones sorprendentes del actual gobierno de las que tenemos mucho que aprender: 

Primero, el ministro Hinzpeter señala que todo ocurre "por años en la dejación, la desidia y el abandono de las autoridades políticas de nuestro país". Esta afirmación no se compadece con hechos irrefutables, como la colaboración que los gobiernos de la Concertación le prestaron al Poder Judicial para concretar la extradición de Apablaza, apersonándose en el juicio y contratando abogados para alegar en los tribunales argentinos, gestiones que alcanzaron éxito con la sentencia de su Corte Suprema. Fuera de ello, ¿qué sabe el ministro de lo realizado en los 20 años de democracia a fin de capturar prófugos o procesar criminales refugiados en el exterior? No sabe nada, pues las gestiones diplomáticas que desean ser exitosas se realizan con discreción. Y las hubo, sin la colaboración de algunos vociferantes de hoy que guardaron vergonzante silencio en el pasado.

No olvidemos que, además de los crímenes cometidos durante la dictadura militar, muchos aún sin aclarar, la Dina ordenó asesinar fuera de Chile, a lo menos, a tres connotados hombres públicos: Carlos Prats, Bernardo Leighton y Orlando Letelier. Para perseguir esos crímenes se trabajó fuerte y duro en democracia y se lograron sentencias. Algo semejante ocurrió con otros casos en el extranjero, como Pinochet, Berríos, Ortiz Montenegro, etc.

Segundo, el propio Presidente de la República, refiriéndose a Aplabaza, expresa: "yo creo que una persona que cometió un crimen tan grave y que le costó la vida a un senador y lo cometió en Chile, debiera ser juzgado por tribunales chilenos". Todo muy bien, salvo que él ya condenó al presunto responsable y con ello abrió espacio para que en Buenos Aires se cuestionara la decisión judicial. Reitero lo señalado precedentemente: la diplomacia exitosa es discreta, la impericia es sonora.

Una nota final sobre la relación con Argentina. Hemos suscrito y está vigente desde 2009 el Tratado de Integración de Maipú. Es un gran instrumento para progresar, justamente, en la integración y, naturalmente, en el plano de la cooperación política, judicial y policial, para que casos como el de Apablaza no signifiquen impunidad. El pasado lo vemos, pero no podemos cambiarlo; el futuro es desconocido, pero sí lo podemos modelar. De eso se trata en nuestras relaciones con Argentina, de modelar el futuro en beneficio de ambos países.