Religión y Estado: cruel combinación
La revolución islámica de 1979 en Irán derrocó a un régimen monárquico opresor, que se había establecido en el poder por más de dos décadas y no permitía la disidencia. Unos 31 años después, las cosas no parecen haber cambiado; y si existieron reformas, fueron las de sustituir una ideología perversa por otra.
Hace unos días, el canciller iraní, Manucher Mottaki, criticó la nueva reglamentación francesa sobre la prohibición del uso del velo islámico en lugares públicos. El ministro de Exteriores acusó a Francia de ser un país “intolerante”. Pidió, además, reflexión a las autoridades antes de que la normativa entre en vigencia.
Por su parte, el presidente de Irán Mahmud Ahmadinejad, afirmó, durante las celebraciones por el aniversario de la muerte del ayatolá Jomeini, que las elecciones del año pasado, en las que resultó reelecto, “fueron 100% libres”, y acusó a sus críticos de ser “enemigos”.
No contento con ello, Ahmadinejad señaló que Irán “tiene el gobierno más democrático del mundo”. Esto me recordó a la visita del vicepresidente de ese país a Asunción, Samare Hashemi, en agosto de 2008, invitado para la toma de poder del presidente Fernando Lugo. En aquella oportunidad, durante una conferencia de prensa, Hashemi indicó que las denuncias de persecuciones a los opositores son “inventos de EE.UU. e Israel”, y que, efectivamente, la antigua nación persa era “la más democrática del mundo”.
Revisemos el panorama actual: desde que se denunciaron como fraudulentos los comicios de junio de 2009, se sucedieron distintos levantamientos prodemocráticos y reformistas en Irán, que exigían mayor apertura al régimen teocrático.
Sin embargo, varias manifestaciones fueron prohibidas, los manifestantes fueron cruelmente reprimidos y decenas de individuos perdieron la vida. Además, según cifras de varias organizaciones de DD.HH., fueron detenidas unas 5.000 personas en todo el país, y principalmente, en Teherán, a causa de las protestas contra la dictadura.
De esas detenciones, unos 100 casos ya tuvieron condenas, algunos incluso, terminaron con la pena de muerte, vigente hasta hoy, por “actuar de conspiradores contra el Gobierno”.
A fines de mayo de este año, el fiscal general, Abas Yafari Dolatabadi aseguró que las personas detenidas por criticar al gobierno podrán ser “perdonadas”, siempre y cuando “mostraran arrepentimiento”. Aclaró que todos los arrepentidos deben “implorar clemencia”.
Solo el año pasado hubo en total casi 400 ejecuciones de personas, condenadas por distintos casos, desde narcotráfico hasta adulterio y asesinato.
La dictadura islámica sigue negando varios derechos a las mujeres, por el hecho de pertenecer a un sexo distinto. También, con las leyes musulmanas, se continúan prohibiendo la apostasía y la homosexualidad.
La libertad de expresión y de prensa no existe en la “panacea del islamismo”. Los medios de comunicación, casi en su totalidad, siguen en poder del Estado y los pocos independientes que hay en la web son censurados constantemente, hasta el punto de alcanzar a veces el bloqueo informático.
Y, aun así, las autoridades tienen la caradurez de “condenar la intolerancia” y jactarse de contar con un sistema democrático.
La revolución permitió cambiar un orden autoritario por otro aún peor. La persecución a los opositores, la intimidación y la censura, además del uso desproporcionado de la violencia estatal, seguirán firmes mientras se gobierne en nombre de un dios y en contra del individuo.
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