EE.UU.: Confrontar la crisis de las pensiones

Diario de América

Una paradoja de filosofía básica: Si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Una paradoja de la Norteamérica interior: Si se registra un terremoto en Illinois y nadie se da cuenta, ¿es realmente un seísmo?

El Gobernador Pat Quinn calificó de "terremoto político" que la Legislatura del estado aprobara recientemente – por un margen de 92 a 17 votos en la Cámara y 48 a 6 en el Senado – la reforma de las pensiones de los funcionarios públicos del estado. Ahora hay un límite al nivel de ingresos que pueden utilizarse para calcular la pensión. En algunos estados, los funcionarios burlan el sistema "rematando" los ingresos de su anterior ejercicio acumulando grandes cantidades de horas extra.

Un cambio aún más importante – presagio del futuro de los Estados Unidos – es que la mayoría de los nuevos funcionarios del estado de Illinois tendrán que trabajar hasta los 67 años para poder tener derecho al cien por cien de su pensión. Los que ya estaban en la nómina estatal todavía pueden jubilarse a los 55 con la prestación intacta.

La Ley de Seguridad Social de 1935 fijó los 65 años como edad mínima para tener derecho a una pensión. Pero la política social se convierte rápidamente en una guerra de pujas, enriqueciendo la carta de prestaciones, de manera que en 1956 el Congreso dio a las mujeres el derecho a recibir la pensión a los 62 años, extendiéndolo a los varones en 1961. Hoy en día, casi la mitad de los beneficiarios de la seguridad social eligen empezar a recibir la pensión a los 62. Es una perversión grotesca de un programa que nunca fue concebido para subvencionar a los jubilados entre un tercio y la mitad de su vida adulta.

También refleja la dependencia decadente que estimula el estado del bienestar; debido al desplazamiento de la responsabilidad del individuo al gobierno, el 48 por ciento de los trabajadores mayores de 55 años tienen un total entre ahorros e inversiones inferior a 50.000 dólares.

Debido a que la mayoría de los planes de pensiones de los estados calculan su importe actual – y minimizan la retención actual obligatoria – dando por sentada una rentabilidad irreal del 8% en las inversiones, el déficit financiero acumulado de las pensiones estatales podría superar ya los 3 billones (trillion en inglés) de dólares, y ciertamente está creciendo. Por ejemplo, el New York Times del pasado miércoles contenía este faldón de los que atraen la mirada: "Un análisis independiente de los tres grandes fondos de pensiones de California ha concluido que existe un déficit sumergido de más de medio billón de dólares, varias veces la cantidad facilitada por los fondos y más de seis veces el valor de la deuda pública ofertada". Que California es la Grecia nacional de los Estados Unidos no es noticia, pero la situación de los tres fondos, que garantizan la pensión de 2,6 millones de funcionarios públicos en activo y jubilados va a agravar el empeoramiento de las cuentas públicas al obligar a imponer retenciones significativamente superiores.

Un reciente debate en "Fox News Sunday" ilustra las diferencias entre los pocos políticos que están dispuestos a afrontar los datos, y los muchos que no están dispuestos. Marco Rubio, el ex presidente de la Cámara de Representantes de Florida que se presenta contra el Gobernador Charles Crist por la candidatura Republicana al Senado, causó sensación por afirmar lo evidente.

Consultado cómo puede abordar el país los 17,5 billones (trillion) en obligaciones de la seguridad social que se proyectan, Rubio decía que debemos ir pensando dos cambios para las personas que están a diez años o más de jubilarse. Uno es elevar la edad de jubilación. El otro es alterar el cálculo de las pensiones: indexarlas a la inflación en lugar de a las subidas salariales reduciría significativamente las obligaciones sin recursos del sistema.

Ninguna idea asusta a nadie serio. Pero Crist, con el reflejo del imprudente, rechazaba ambas y decía que él corregiría la situación de la seguridad social persiguiendo "el derroche" y "el fraude", del cual hay poco. Los problemas del sistema no son producto de la administración incompetente, sino de las promesas hechas por el Congreso sobre la marcha.

Siendo la indignación sintética el primer refugio de los políticos endebles, la campaña de Crist anunció que considera las sugerencias de Rubio "crueles, inusuales e injustas con los jubilados que viven de ingresos fijos". Inusuales son de verdad, porque la indiferencia ante los datos de la inminente crisis de las pensiones es la postura por defecto de casi todos menos unos pocos responsables, como el Representante de Wisconsin Ryan Paul, que ha dado su apoyo a Rubio. Lo que es definitivamente cruel es la pretensión infundada por parte de Crist de que América solo se enfrenta a opciones aceptables, y que las promesas imprevisoras pueden financiarse íntegramente con dinero que en la actualidad se pierde en derroches y fraudes.

Para cuando la generación post-Segunda Guerra Mundial se haya jubilado en el 2030, la edad media de la población estadounidense será cercana a la de la población actual de Florida, paraíso de los jubilados y antesala del cielo. La respuesta responsable de Rubio, de 38 años, a una pregunta seria brinda al país una muestra de algo muy raro – un enfoque valiente sobre la inevitable política gerontocrática del estado del bienestar.

© 2010, The Washington Post Writers Group