Manotazo en Nicaragua

Editorial –

El Periódico, Guatemala

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, integrada por seis jueces (tres titulares y tres suplentes) vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), declaró inaplicable el Artículo 147 de la Constitución de Nicaragua, que prohíbe expresamente la continuidad presidencial, con el descarado propósito de viabilizar la reelección del actual presidente, Daniel Ortega Saavedra, cuyo período presidencial vence en 2012. El FSLN, al no conseguir los votos suficientes en el Congreso para suprimir la prohibición de reelección presidencial, decidió accionar judicialmente, a través de la vía del amparo, para que se declarara inaplicable el citado Artículo 147.

Esta manera de proceder trae a colación lo que sucedió en nuestro país durante el gobierno eferregista (2000-2004). Para que el general Efraín Ríos Montt pudiera participar como candidato presidencial, a pesar de la prohibición expresa que pesa en su contra en la Carta Magna, se presentó un amparo que fue resuelto en definitiva por la Corte de Constitucionalidad, controlada por el eferregismo, en el sentido de que el Artículo 186, inciso a), de la Constitución no le era aplicable a Ríos Montt.

También recordamos que durante el gobierno dictatorial de Jorge Ubico Castañeda (1931-44) se dejó en suspenso tres veces el precepto constitucional irreformable que prohibía la reelección presidencial. Como la Constitución prohibía que se reformara dicho precepto constitucional, los güizaches del Gobierno se sacaron de la manga lo de la suspensión, a fin de que el dictador consumara sus ansias de perpetuarse en el poder.

De cara a la sentencia de la Sala Constitucional de Nicaragua ha habido una reacción negativa, especialmente de parte de la oposición política. Algunos creen que todavía queda el recurso de que la Corte Suprema de Justicia en pleno (integrada por 15 jueces) conozca dicha sentencia y la revoque, en tanto que el oficialismo considera que la referida sentencia ha quedado firme y ha causado autoridad de cosa juzgada.

Preocupa sobremanera este fallo, porque si a la autorización de reelección del actual gobernante nicaragüense se suma la capacidad del oficialismo de consumar fraudes electorales (tal y como ocurrió en las elecciones municipales), prácticamente la historia ha quedado escrita para Nicaragua: otra dictadura.

En todo caso, habría que ver cuál es la reacción de la OEA, especialmente de su secretario general, José Miguel Insulza, ante este claro manotazo contra el sistema republicano de gobierno.