México, un peligro para la libertad de prensa

América Economía 

México. - El pasado 23 de septiembre, en Nuevo Casas Grandes (Chihuahua, al norte de México), el periodista Norberto Miranda terminaba de escribir su columna “cotorreando con el gallito”, donde analizaba el aumento de la violencia vinculada con el narcotráfico en la ciudad. En ese momento, tres hombres encapuchados irrumpieron en la redacción de la Radio Visión, preguntaron quién era Norberto Miranda, y luego de que él se identificase, lo ejecutaron a sangre fría.

Según la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF), Miranda se transformó en el último periodista mexicano en ser asesinado. Pero tan grave como su muerte, lo más preocupante es que el caso no es nuevo. Se registran 55 periodistas asesinados y ocho desaparecidos desde el 2000.

“El Estado de Chihuahua y Ciudad Juárez simbolizan una violencia incontrolable, nacida a la vez de la guerra entre los cárteles y de la respuesta militar a todo nivel que ofrecen las autoridades federales. Norberto Miranda probablemente haya pagado con su vida el no ceder a la autocensura, informando sobre esta realidad. La mano del Cártel de Juárez seguramente esté detrás de su asesinato”, declara Reporteros sin Fronteras.

Ahora México ha desbancado a Colombia en la clasificación de países del continente donde está más amenazada la seguridad de los medios. Realmente no se ha aclarado ninguno de los asesinatos o desapariciones de periodistas. Aunque la presencia de los carteles no es la única causa de esta alarmante situación.
 
Libertad de prensa en México (Espiral)

La RSF presentó en París el informe “Los entresijos de la impunidad: escalada de la seguridad pública y pesadez burocrática” (ver en PDF), que califica al país latinoamericano como el más peligroso de América para ejercer periodismo. Del 4 al 12 de julio de 2009, miembros del organismo efectuaron una misión en México en la que se reunieron, entre otros, con el número dos del gobierno federal, el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta.

La misión trabajó específicamente en los estados de Michoacán (al oeste de México) y Guerrero (al sur). “Lo que se constató tras esta misión es, por desgracia, abrumador para las autoridades, tanto locales como federales”, aseguró el informe.

“La pasividad, la negligencia o la neutralización mutua de instituciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, en todos los niveles del poder (ejecutivo, parlamentario y judicial), no son las únicas en tela de juicio en la perpetuación del calvario de la prensa mexicana”, aseguró la organización.

"El balance de esta guerra sin nombre se eleva a casi 14.000 víctimas en dos años", con una ofensiva asentada en los Estados de Michoacán (oeste) y Guerrero (sur), donde el narcotráfico y la extrema violencia "hacen estragos".

Entre las recomendaciones del informe, RSF sugiere "una reforma orgánica" de la Procuraduría General de la República (PGR) "para luchar contra la impunidad"; un "control parlamentario instituido y reglamentario" en asociación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de "generalizar" el programa de protección de los periodistas, sus abogados y sus defensores.

El informe agrega que las autoridades mexicanas no resuelven la mayoría de estos crímenes por una incapacidad sistemática causada por la corrupción, la negligencia, la pasividad y la desorganización, ya que no se entiende este nivel de violencia mientras, en paralelo, "ningún otro país del mundo tiene tal cantidad de instituciones y funcionarios dedicados a proteger a los periodistas".

RSF añade que la tensión entre los gobiernos estatales y federales en México, y un oscuro y complejo aparato burocrático "obstaculizan y neutralizan" la persecución de quienes atentan contra la libertad de expresión y que, además, las instituciones funcionan "extremadamente mal". "Las autoridades se han convertido en cómplices e incluso responsables de graves violaciones a los derechos humanos", afirma.

La organización juzgó "necesaria" la cooperación de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. "[En EE UU] se consume el 80% de la droga que se produce en México, y se vende el 80% de las armas ilegales del país", concluye.

Una ayuda externa que, de concretarse, podría evitar que columnas como la del 5 de septiembre, la última de “El Gallito” -donde se relata la captura, también en Nuevo Casas Grandes, de cuatro tenientes de “La Línea”, el brazo armado del homónimo cártel, entre los que se encontraba Rodolfo Escajada alias El Rikín, buscado por la DEA-, generen la despiadada furia de la mafia, y la consiguiente muerte de otro periodista.