Ya es legal consumir marihuana ¿Dónde?

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MIAMI. - En muchos de nuestros países no se le apunta el consumidor sino al traficante de drogas. Los consumidores son vistos como personas enfermas que necesitan ayuda, en algunos casos como cargas sociales que pesan sobre las arcas del gobierno. La tendencia de la legalización de la marihuana en América Latina, reafirma cada vez más esta premisa.

Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación "Drogas y Derechos Humanos" en Lima, dijo que América Latina está decepcionada con los resultados de las actuales políticas antidrogas y por lo tanto explora alternativas.

México, por ejemplo tiene ahora una de las leyes más liberales del mundo para los adictos a las drogas tras eliminar las penas de prisión por la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, cocaína e incluso heroína, LSD y metanfetaminas.

"¡Excelente!", afirmó un sonriente Iván Rojas, un escuálido adicto de 20 años que ha soportado el acoso policial durante la década que ha pasado durmiendo en las calles y estaciones del tren subterráneo de la Ciudad de México.

Implementada la semana pasada, la ley mexicana acentúa la tendencia en Latinoamérica a tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública y abrir nuevos espacios en las prisiones sobrepobladas para encarcelar a narcotraficantes violentos, en lugar de los usuarios que las usan en cantidades pequeñas.

Brasil y Uruguay ya han eliminado las penas de cárcel para las personas que porten pequeñas cantidades de drogas para uso personal, aunque la posesión de enervantes aún es considerada un delito en Brasil. La Corte Suprema de Argentina descartó el martes las sentencias de cárcel por posesión de marihuana, y las autoridades dicen que tienen pensado proponer una ley que mantenga a los consumidores de drogas fuera de los tribunales.

Colombia ha despenalizado la marihuana y la cocaína para uso personal, pero ha mantenido las penas en caso de consumo de otras drogas.

Las autoridades en esos países dicen que no están legalizando las drogas, sino simplemente trazando una línea que divida a los usuarios, los vendedores y los traficantes en medio de una intensa guerra contra el narco. La ley mexicana endurece las penas por vender drogas, al tiempo que las relaja por usarlas.

La ley de Portugal define el uso personal como el equivalente a lo que una persona consumiría en 10 días. La policía confisca las drogas y el sospechoso debe presentarse ante una comisión gubernamental, que revisa los patrones de consumo de la persona. Los consumidores pueden ser multados, enviados a tratamientos o colocados en libertad condicional.

Los extranjeros sorprendidos con drogas aún pueden ser arrestados en Portugal, una medida encaminada a evitar el turismo para consumir enervantes.

La ley en México

En México, el pasado 21 de agosto entraron en vigor las reformas legales que modifican la Ley General de Salud y al Código Penal Federal que despenalizan la posesión de drogas para uso personal e inmediato, quien sea detenido con cantidades consideradas como dosis para consumo personal no enfrentarán un proceso penal.

De acuerdo con las nuevas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación no se podrá ejercer acción penal cuando la persona tenga en su poder un cantidad igual o menor a 500 miligramos de cocaína; cinco gramos de Cannabis o marihuana; 40 miligramos de metanfetamina; dos gramos de opio o 50 miligramos de heroína, entre otras drogas.

Se considera narcomenudeo la posesión de droga con intención de venta de cantidades que vayan hasta medio kilo de cocaína, 5 kilos de marihuana o 40 gramos de metanfetamina, por mencionar algunos.

La pena será de 4 a 10 años de cárcel, con castigo agravado de 7 a 15 años si se vende a menores de edad. También aumentará la sanción si se distribuye cerca de escuelas o reclusorios.

Habrá un castigo reducido de tres a seis años de prisión cuando la persona tenga droga en cantidades mayores a las permitidas, pero no se pueda acreditar que tiene intención de venderla.

Cuando el narcomenudista tenga cantidades mayores en su poder, el caso será de jurisdicción federal y calificará como narcotráfico, con independencia de si pretende venderla o no.

Los fiscales federales podrán atraer cualquier caso de narcomenudeo si creen que no debe ser investigado por los estados.

Además, se podrá autorizar a policías encubiertos para que compren las drogas a narcomenudistas, previa autorización del Ministerio Público federal adscrito a la Procuraduría General de la República.

Quedó establecido que para el tratamiento de los farmacodependientes, las dependencias y entidades de administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación con base en sistemas modernos.

También se despenaliza la posesión de drogas por farmacodependientes y da prioridad al tratamiento de las adicciones, ordenando a la Secretaría de Salud crear un programa nacional para combatir este problema.

Las modificaciones contempladas en la Ley General de Salud y a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales indican que el Ministerio Público federal no procederá contra quienes tengan medicamentos que incluyan narcóticos, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición para tratamiento médico.

Tampoco se penalizará la posesión "cuando por su naturaleza, circunstancia y cantidad del caso pueda presumirse que serán utilizados en las ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, así reconocidos por sus autoridades propias como peyote u hongos alucinógenos”.

¿Qué piensa la Policía de EE.UU.?

La actitud mexicana sorprende un poco a la policía estadounidense, que dice que la ley contradice la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, y algunos temen que podría convertir a México en un destino turístico para visitantes deseosos de consumir drogas sin tener problemas con la ley.

Decenas de miles de estudiantes universitarios estadounidenses acuden a las playas de Cancún y Acapulco cada año para participar en fiestas en discotecas que ofrecen concursos de camisetas mojadas y promociones en las que uno puede beber todo lo que desee.

"Ahora irán porque pueden obtener drogas", dijo William Lansdowne, jefe de la policía de San Diego. "Para un país que durante años ha experimentado miles de muertes a consecuencia de los enfrentamientos entre carteles del narcotráfico, es difícil entender por qué aprobarían una ley que evidentemente alentará el consumo de drogas".

Qué pasó en Argentina

La Corte Suprema de Justicia declaró el martes inconstitucional castigar a un adulto por el consumo y la tenencia de marihuana para uso personal.

Los siete integrantes del máximo tribunal fallaron en forma unánime, dijo la corte en su sitio de Internet.

"Todos los jueces coincidieron en declarar la inconstitucionalidad de la pena de la tenencia para el consumo en privado… Cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea sin que el Estado pueda intervenir en ese ámbito… La conducta realizada en privado es lícita, salvo que constituya un peligro concreto o cause daños a bienes o derechos de terceros", explicó el tribunal.

Aunque el fallo de la Corte Suprema se aplica sólo al caso de cinco jóvenes detenidos por la policía en enero de 2006 con cigarrillos de marihuana en su poder, sienta un precedente para todas las causas por tenencia de drogas para consumo.

El fallo declaró inconstitucional el artículo de la ley de drogas que castiga con un mes a dos años de prisión la tenencia de estupefacientes para consumo privado y exhortó a los poderes públicos a "asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables".

Según la legislación vigente en Argentina, si alguien es detenido con drogas para su consumo se le inicia una causa penal que se suspende sólo si el imputado acepta someterse a un tratamiento médico de desintoxicación.

La resolución se conoce en medio de un debate público sobre la despenalización de la marihuana para consumo personal, defendida por el jefe de gabinete Aníbal Fernández.

A principios de agosto, el funcionario anunció que el gobierno trabaja en un proyecto de ley para despenalizar el consumo de drogas que estaría terminado antes de fin de año.

La iniciativa, que recibió el respaldo público de la presidenta Cristina Fernández, buscaría garantizar el tratamiento médico de los adictos y la prevención del consumo entre la población general, dejando en manos de la justicia a traficantes y lavadores de dinero.Para el jefe de gabinete, el fallo de la Corte Suprema pone fin a la "política represiva" de la década del '70.

"La política represiva que inventó la administración (de Richard) Nixon en Estados Unidos)… que se encargaba de castigar al usuario como si fuese un narco, está teniendo su fin por razones obvias: no ha reducido una sola hectárea de cultivos en ningún lugar del mundo y no ha reducido una sola de las redes de comercialización y tráfico de drogas en ningún lugar del mundo", dijo a radio Continental.

Juan José Estevez, presidente de Remar Argentina, una red de centros de rehabilitación que asiste a más de 1.200 drogadictos en el país, criticó la decisión de la Corte.

"No me parece mal que a un adicto no se lo encierre en una prisión, pero también hay que conocer la realidad argentina. El nivel de adicción y conflictividad social vinculada a la droga en este país va en aumento. El consumo de drogas siempre implica un daño a terceros, como la familia… Este fallo no sólo va a generar más consumo sino también más tráfico porque los traficantes se van a mover con pequeñas cantidades de droga para eludir la ley", dijo a AP.

"Además, el sistema de salud pública está colapsado, no está en condiciones de atender a una avalancha de adictos", añadió.

Según especialistas, Argentina ha dejado de ser un país de tránsito de drogas para convertirse en un productor de estupefacientes.

La última encuesta sobre prevalencia del consumo de drogas del Instituto Nacional de Estadística y Censos difundida en julio de 2008 reveló que el 2% de la población de entre 16 y 65 años admitió haber consumido cocaína alguna vez –el equivalente a unas 440.000 personas sobre una población total de 36,3 millones–, en tanto el 7,2% –más de un millón y medio de habitantes– reconoció haber probado la marihuana.

Un sondeo privado reciente demostró que la mayoría de los argentinos está en contra de la despenalización.

El 53,7% de 1.000 encuestados por la consultora Ibarómetro el 15 de julio en esta capital y 21 suburbios de la provincia de Buenos Aires se manifestó contrario a la iniciativa del gobierno. A su vez, el 38,5% se expresó a favor de la implementación de leyes más duras para combatir el consumo.

El consumo de drogas es visto como una de las principales causas del aumento del delito en todo el país en los últimos años, junto con el desempleo y la desigualdad social.

Según estadísticas del Ministerio de Justicia, la tasa de delitos se duplicó entre 1991 y 2007, primera y última medición disponible, respectivamente.

La periodista Débora Rey, de la AP en Buenos Aires contribuyó en esta nota.