Demagogia de máxima pureza

Editorial –

La Nación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) parecería estar en un tris de lograr redondear su más cara ambición: que el Estado nacional, presuntamente en calidad de socio capitalista, le aporte, haciéndose cargo de las transmisiones televisivas del hasta el momento postergado campeonato de primera división, los recursos para poder ponerles remedio a los desquicios financieros provocados por las pésimas administraciones de sus clubes afiliados. Una solución inaceptable desde todo punto de vista, atribuible a la "muñeca" política del eternizado presidente de aquella entidad, Julio Grondona, y al desmesurado afán por captar y recuperar adhesiones que sin ningún disimulo ha venido exhibiendo el Gobierno después de su revés electoral del 28 de junio.

Tras la reunión que en la Casa de Gobierno sostuvieron la presidenta de la Nación y el inamovible titular de la AFA, quedaron atrás los atinados anuncios del jefe de Gabinete, y del titular de la AFIP, quienes había manifestado que el Estado no tenía por qué acudir en auxilio del fútbol. Ahora, según el propio Aníbal Fernández, "comenzarán a trabajar los técnicos de la AFA junto con los del Gobierno, para darle un nuevo marco al fútbol argentino" y porque el Estado debe "asegurar la pasión".

Antes, la AFA había dejado entrever su aspiración de que la panacea fuese suministrada por la autorización de la creciente lacra de los juegos de azar. Después, apeló a pedirle socorro a la empresa TSC, propietaria de los derechos de las transmisiones por televisión de los encuentros futbolísticos, para reclamarle un sustancial incremento de los fondos millonarios que por contrato debía pagar en concepto de canon. Luego, rechazada esa conminatoria petición, la AFA anunció que Julio Grondona se había salido con la suya. Por sospechosa unanimidad, el consejo directivo de esa institución dispuso rescindir unilateralmente el convenio que la ligaba a aquella empresa comercial, sin ocultar que ya estaba casi arreglado que el Gobierno le arrojaría el salvavidas que necesitaba con urgencia. Al parecer, está a punto de obtenerlo.

A título de justificativo, el Gobierno ha pregonado a los cuatro vientos que su interés es "preservar el deporte y que los 40 millones de habitantes puedan mirar el fútbol gratis". Demagogia en grado de máxima pureza, que con el mismo criterio oficial por entrometerse en todo, podría aplicarse a muchos otros deportes y a todo tipo de espectáculos. Hay motivos sobrados para inferir que la prebenda rondaría los 500 millones de pesos, más, tal vez, una considerable mengua de las millonarias deudas que los clubes de fútbol mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sea como fuere, y aunque las dádivas fuesen muy inferiores, suena a descabellado tamaño desprendimiento cuando el nivel real de pobreza en el país superaría el 30 por ciento, de acuerdo con estadísticas privadas.

No hay razón alguna que pueda justificar el auspicio del "fútbol gratuito" en lugar de apresurarse a satisfacer otras necesidades mucho más urgentes y prioritarias, como ser vivienda, trabajo, alimentación, educación y coberturas de salud, que acosan a los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad.

Nadie tampoco, ni en el Gobierno ni en la AFA, se ha detenido a meditar acerca de las probables consecuencias jurídicas de este conflicto harto complejo, a pesar de que ya la Justicia se apresuró a rechazar un recurso de amparo presentado por TSC.

Sigue pendiente cómo habrá de resolverse la peregrina asociación del Estado con la AFA. Pero ya es seguro que los actores sanos que todavía le quedan al fútbol deberán ocultar sus rostros ante tan vergonzoso probable desenlace. Una mancha más, sin duda, en la lacerada piel de un país al cual se está sindicando como nada confiable y jurídicamente inseguro.