Armas y municiones: ¿Más o menos controles?

Por Eduardo Mayora Álvarado
Siglo XXI

Negar que ciertos grupos de personas estén armados hasta los dientes, o que fuera mejor que la gente viviera en paz y no percibiera la necesidad de adquirir un arma de fuego, son perogrulladas. Naturalmente, también, la circunstancia de que haya funcionarios que se presten a consignar en los registros oficiales, que un arma es de caza o deportiva, cuando es ofensiva, es ilegal, inaceptable y punible. Sobre todo, si la clasificación falsa se realiza a cambio de un soborno o cosa parecida.

Tampoco son aceptables ni justificables cualesquiera otras aplicaciones (o faltas de aplicación) de la ley vigente, que conlleven efectos contrarios a los que su recta interpretación generaría. En pocas y breves razones: qué pena que la demanda por armas y municiones sea tan grande y, peor todavía, que haya casos en los que algunas de las autoridades competentes actúen ilegalmente, al igual que los particulares que las corrompen.

Ahora bien, cualquiera que afirme que en ésas u otras circunstancias parecidas radica una de las principales causas de la violencia, con todo perdón, vive en otro planeta. Y no está lejos el que piense que la delincuencia, de cualquier tipo, aprovecha la pretendida liberalidad para adquirir un arma de fuego o sus municiones, para delinquir más.

Por supuesto que hay delitos que se cometen con armas adquiridas legalmente y registradas donde corresponde. Pero son una magra fracción de los que se cometen con armas adquiridas en el mercado negro, que, por definición, está fuera de todo y de cualquier control. Y es que sólo un idiota que tenga la intención de dedicar su vida al crimen, iría a registrar sus datos, huellas y demás señas, para comprar sus “instrumentos de trabajo criminal”.

El problema central de la exorbitante cantidad de armas de fuego, muchas de las cuales son empleadas para delinquir, no es consecuencia de la existencia de negocios lícitos, de armerías, adonde acuden las personas que viven en la legalidad. Radica en el tráfico ilegal de armas y en su distribución y venta clandestinas. No puede descartarse que algunos negocios aparentemente lícitos no sean más que una fachada detrás de la cual operen traficantes de armas. También hay bares detrás de los cuales hay antros en los que se explota sexualmente a menores, y salones de juegos electrónicos que esconden casinos clandestinos. Pero nada de eso forma parte de la “zona de legalidad”.

Bien sabido es, porque la lógica permite comprenderlo y la experiencia demostrarlo, que cuando más costoso, engorroso y problemático es actuar en el ámbito de la legalidad, salen ganando los mercados negros, las operaciones clandestinas, los traficantes ilegales.
Mientras haya personas, de las decentes, respetables y que pagan sus impuestos, convencidas de que necesitan un arma de fuego para defenderse a sí mismas, a sus familias o a sus negocios, habrá una demanda real que, por supuesto, procurará su satisfacción en el ámbito de la legalidad; pero si la “ley” les hace las cosas muy complejas y difíciles, acudirán a los mercados negros. Y acudirán pagando todavía más, porque las trabas y controles legislativos y burocráticos no hacen más que incrementar los precios de los productos que están disponibles en los mercados negros.

Por supuesto, todo lo dicho arriba se sabe y conoce por la generalidad de los guatemaltecos con sentido común, pero como controlar las armas y municiones es, hoy por hoy, políticamente correcto…