Jaque mate, Nicaragua
Por José Velazquez
Con la capitulación del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) –otrora la mayor fuerza política del país– en la Asamblea Nacional, esta agrupación finalmente dobla su rey y el actual mandatario se corona ganador de una contienda que le tomó 18 años para lograrlo. Con esta predecible jugada Ortega realiza su ansiado objetivo político de recuperar el dominio de los cuatro poderes del estado, incluyendo el del legislativo, el único que hasta este momento se había mantenido escasamente independiente. Consecuentemente allana el camino para una reforma constitucional que le permitirá reelegirse como presidente o convertirse en primer ministro dentro de un sistema semiparlamentario, totalmente incompatible con la cultura política nicaragüense, pero sin duda amoldado a sus pretensiones.
Culmina así el proceso de consolidación de una nueva dictadura con un poder político (por el momento sin incluir el militar) similar al que sostuvo en la década de los ochenta, lográndolo en esta ocasión sin el uso de las armas. Lo hace simplemente aprovechándose de la carencia de principios de un sector de la oposición y de la ingenuidad del otro, que con raras excepciones nunca supo enfrentarlo inteligentemente, confiando en el apoyo de inescrupulosos líderes cuyas verdaderas intenciones siempre fueron las de socavar la lucha contra Ortega.
Por su parte, el ex presidente Alemán, siempre dispuesto a sacrificar cualquier ficha con tal de recuperar su libertad, finalmente lo logra canjeándola por el control del cuerpo legislativo. ¿Significará ello que, al lograr su libertad, el ex presidente y su agrupación política se convertirán nuevamente en el adalid de la lucha contra las ambiciones de Ortega? ¿En realidad podrá Alemán aspirar a ser un socio igualitario en el pacto y por consiguiente servir de contención a las ambiciones de Ortega?
Extremadamente dudoso, dada la desigual participación e influencia en las instituciones del estado, en las que Ortega lo supera en numero, cohesión y sagacidad política. Es probable que mantenga una cuota minoritaria de poder político y de beneficios colaterales, pero las decisiones finales en estas instituciones se toman porque Ortega así lo quiere y exige, independiente de lo que Alemán desee o necesite.
Las desastrosas consecuencias de esta consolidación del poder dictatorial de Ortega no se harán esperar, principalmente en el ámbito económico y en el de relaciones internacionales. Seguramente el retiro de la cooperación económica europea y estadounidense, tradicionalmente la única alternativa para cubrir el crónico déficit presupuestario, se verá aun más reducida. La inversión extranjera se ahuyentará. El respaldo de los organismos financieros internacionales sin duda será revisado y probablemente reducido. El expatriado nicaragüense que soñaba regresar e invertir el fruto de largos de años de arduo trabajo optará por no hacerlo. Los aliados tradicionales seguramente enfriarán sus relaciones diplomáticas. En fin, una grave interrupción a las expectativas de crecimiento y de lucha contra la pobreza, tan prometidas por el mismo gobernante.
Todo lo anterior deja a Ortega fundamentalmente con dos opciones: rezar para que las cada vez más remotas promesas de Hugo Chávez, drásticamente debilitado, sean cumplidas y puedan sustituir parte de la cooperación externa cancelada en represalia al fraude electoral de noviembre pasado o, en su ausencia, comenzar a usar la máquina impresora de dinero, peligrosísima opción que inevitablemente desembocará en un proceso inflacionario destructivo, sumiendo aún más en la pobreza al pueblo nicaragüense.
En todo caso, las perspectivas de la oposición para neutralizar este sombrío panorama no parecen ser muy alentadoras. La precaria situación de Eduardo Montealegre, hasta ahora el líder opositor con mayor reconocimiento popular, pero con una amenaza latente de desaforación y enjuiciamiento, demanda una revisión a fondo del liderazgo opositor y de la estrategia parlamentaria, dada la nueva composicion de la junta directiva. A pesar de las continuas promesas de respaldo del PLC y de su cúpula, no han sido, no son ni serán garantía para evitar el descabezamiento de la única fuerza política que ha demostrado alguna cohesión y convicción en la lucha contra las ambiciones dictatoriales de Ortega.
Una vez más el ajedrez político nicaragüense se realiza asimétricamente con uno de los adversarios compitiendo con despótica ventaja, ignorando las reglas del juego y asegurándose un resultado que tarde o temprano podrá tornarse en su contra, desafortunadamente con posibilidad de hacerlo violentamente. Esperemos que por el bien de Nicaragua y el de su propio legado histórico, el presidente Ortega recapacite y decida comenzar a actuar en función de patria y no de partido, para evitar que el país entre en una escalada de violencia que inevitablemente ampliará el abismal desbalance de desarrollo con sus vecinos centroamericanos.
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