El incierto futuro de Haití

El Mercurio

La preocupación por Haití no es sólo académica, también obedece a la cercanía que tuve con el tema desde los inicios de la participación de Chile en el proceso de pacificación haitiano, a la investigación del fenómeno y a una reciente visita a la zona.

El absoluto estancamiento en la generación de instituciones y en la tarea de hacer producir a esa nación es algo que nadie quiere para Haití y que tampoco es conveniente para el resto de América, menos aún para los países que hemos aportado para que esa nación abandone su condición de Estado fallido.

No se trata de un proceso fracasado; sin embargo, está paralizado por falta de un proyecto que permita encontrar la solución de fondo para ir construyendo un camino viable a la autonomía. Los organismos internacionales, analistas, políticos y ONG coinciden en que esta solución pasa por establecer una institucionalidad y un Estado de Derecho, inexistentes hasta ahora e imprescindibles para avanzar hacia el desarrollo. Sin embargo, se enuncia el tema, pero no se implementa la solución.

Hasta ahora Haití vive del aporte internacional que en 2005 alcanzó los US$ 514 millones en programas de asistencia; a ello se suman créditos por US$ 134 millones para implementación de servicios y las remesas de haitianos en el extranjero de US$ 1.300 millones.

Sin embargo, todos los índices de desarrollo confirman que la situación es lamentable y no se avanza. Aunque Haití mostró un crecimiento de 3,21% en 2007, tuvo un 0% de inversión privada; el PIB per cápita es de US$ 1.840; la población ocupada es de sólo un 49,6%; los graduados de universidades: 1,1%; los que saben leer: el 61%; la mayoría gana cerca de US$ 2 diarios; la esperanza de vida es de 51,5 años, y la desnutrición alcanza al 47% de la población.

En este escenario se agrega un grave problema de migración a República Dominicana. Mil haitianos cruzan diariamente la frontera y se suman a los dos millones que ya viven allí. La causa es clara: van en búsqueda de oportunidades; y la consecuencia es imprevisible, dado el impacto en un vecino que estando mejor no puede satisfacer todas sus necesidades.

Del diagnóstico debe pasarse a soluciones que generen instituciones y permitan empezar a producir. Lo primero es establecer objetivos cuantificables y exigibles al gobierno de Preval. Si la comunidad internacional está proveyendo fondos e incluso arriesgando vidas, le es lícito demandar mayor eficiencia y accountability a un gobierno que, habiendo tenido logros, tiene mucho por avanzar.

Pienso que, en este caso, el concepto de soberanía convencional debería evolucionar ante la existencia de un Estado fallido. Pueden evaluarse diversas opciones como la administración transitoria, el fideicomiso de facto, o la soberanía compartida. Es una opción drástica, pero resulta urgente generar gobernabilidad a través de instituciones que rompan con el statu quo.

Un gobierno haitiano más eficiente y una autoridad ONU empoderada deberían potenciar temas vitales pendientes o ni siquiera insinuados. Destacan el desarrollo del sistema judicial; la consolidación urgente de una policía eficiente; la implementación del registro civil y electoral; el control aduanero; el catastro de bienes del Estado y de los privados junto al levantamiento de cartografía oficial; la definición de una política de migración y mesas de diálogo y confianza con República Dominicana; el diseño de planes educacionales y de salud, así como un proyecto nacional de recursos naturales y energía. La carencia de esas certezas o precondiciones hace improbable que, por ejemplo, un extranjero se aventure a invertir en forestación sin la seguridad de saber quién es el verdadero dueño del terreno. Esta lista incompleta pero definida significa crear instituciones y apunta a aquellas que permitirían inversión y empezar a producir. No hacerlo llevará a que Haití siga viviendo de la "limosna internacional".

Chile participa en el proceso de pacificación de Haití desde el 3 de marzo de 2005. El ex Presidente Lagos ordenó desplegar una fuerza del Ejército chileno en 24 horas para evitar una masacre tan grave como Darfour o el Congo en nuestro continente. Esta decisión, las tropas enviadas y el interés generado en la opinión pública nacional han creado un especial vínculo con este país. Es por ello que las instituciones públicas y privadas chilenas tenemos el derecho y el deber de exigir que pasemos de la retórica de hoy a una urgente fase de generar instituciones, planes concretos y actores empoderados y responsables.

El autor es Director Centro de Estudios Internacionales Universidad Católica de Chile