Acelerando los pasos del absurdo

Por Julio Alberto Fleitas
ABC Digital

Las últimas noticias procedentes de la Argentina se refieren a que la estatización de los fondos aportados por trabajadores argentinos a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPA) avanza a tambor batiente en la Cámara de Senadores, luego de que el proyecto fuera aprobado, por una holgada mayoría, en Diputados. El Gobierno se regodea con la nada despreciable suma de 90.000 millones de dólares, “plata dulce” que –sin embargo– se descuenta cada mes y compulsivamente a cada empleado y obrero de su salario.

El argumento populista es “salvaguardarlos” de los efectos de la crisis financiera mundial, como si los políticos argentinos ignoraran lo sucedido en el pasado reciente con estos recursos cuando a un gobierno de turno se le ocurre la gran idea de echarles manos para utilizarlos de manera discrecional en proyectos que al final le den réditos políticos. Esto se ha revelado en una entrevista periodística con el director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, quien reveló sin titubeos que el Ejecutivo no iba a aceptar la inclusión (al proyecto de ley) de una “cláusula de intangibilidad” que le obligue a usar los fondos sólo con fines previsionales.

Anunció que la institución a su cargo hará inversiones nada menos que en bonos para financiar al Estado para obras públicas, infraestructura “estratégica”, proyectos productivos y para el consumo. Esto es precisamente lo temido por muchos expertos y políticos conscientes de la situación en el vecino país.

Al recordarle que el propio Gobierno había dado a los aportantes el año pasado la opción a pasar del sistema de capitalización al estatal de reparto, y que 8 de cada 10 aportantes decidió quedarse en el sistema privado, Boudou, cual “pontífice infalible”, respondió que están proponiendo un régimen jubilatorio “parecido o idéntico” al de los países que son modelos de calidad institucional y de capitalismo, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España.

En primer término, le faltó una característica primordial en estos países: la transparencia, es decir, la ausencia o existencia mínima de corrupción. En segundo lugar, ignora que –aún así– en Estados Unidos la seguridad social pública es tremendamente deficitaria, que ha obligado al Gobierno a desembolsar cada año el 20% del presupuesto federal para cubrir el enorme déficit, y cuyo financiamiento será insostenible en pocos años más.

En Europa, Francia, por ejemplo, con su sistema de reparto en 2005 era uno de los países con la edad promedio de jubilación más baja: 58,5 años para los varones y 59,2 para las mujeres, y que por la reforma de la “Ley Fillon” ahora un asalariado sólo podría cobrar una jubilación completa después de los 60 o de los 65 años, según el tiempo que estuvo en actividad. Es más, desde el 2003 es necesario contar con ¡¡41 años de aportes!! para retirarse antes de los 65 años en un sistema que este año tendrá un déficit de ¡¡5.700 millones de euros!! y las proyecciones para 2020 muestran que habrá un desequilibrio creciente en el esquema básico de financiación: de 182 aportantes por 100 jubilados que había en 2006, se pasará a 121 por 100.

Otro dato interesante. En Italia, la moderación de las promesas del sistema de reparto empezó en 1995. Antes, los haberes equivalían a cerca del 80% del sueldo. Ahora, los expertos estiman que sólo con ¡40 años! de aportes se puede alcanzar una jubilación de ¡alrededor del 60% del ingreso activo! Las situaciones en Alemania y España son tan similares como alarmantes. De hecho, en Argentina el régimen actual de reparto se financia prácticamente en partes iguales con los aportes y las contribuciones de trabajadores y empleadores, y con fondos que provienen de impuestos, lo que demuestra que el sistema de reparto “está quebrado”, según el economista jefe de la fundación FIEL, Juan Luis Bour.