Guatemala: Estado continuo de indefensión

Por Armando de la Torre
Siglo XXI

Los guatemaltecos continúan indefensos frente a toda clase de atropellos, muy en particular ante los de los funcionarios públicos, electos o designados, desde el Presidente de la República, los más altos magistrados del Poder Judicial o la Presidencia del Congreso, hasta el último notificador de los tribunales, el más improvisado de los policías o el más insignificante empleado municipal.

La impunidad reina como nunca, CICIG o no.

La letra y el espíritu de la Ley son tratados con demasiada frecuencia como papel mojado, a veces hasta por los excelsos miembros de la Corte de… ¡Constitucionalidad!

Y no aludo aquí al escandaloso caso Portillo. Basta revisar en la Hemeroteca Nacional los diarios del último cuarto de siglo, o conversar con cualquier jurista honorable. U oírlo también de un ciudadano anónimo, sobre todo si es económicamente débil. Nadie parece salvarse del abuso, en repetidas ocasiones por la misma autoridad que habría de reprimirlos.

¿Qué ha trascendido, Sr. Presidente, de su reiterada promesa de combatir el crimen… con inteligencia?

Obviamente, nada. Menos aún, de aquella otra de terminar con la impunidad.

Álvaro Colom, sin ser un hombre malvado, por pura debilidad de carácter se ha mostrado, además de nepotista, en exceso inexperto sobre las funciones de su cargo. Ya van 10 meses de un flojo mandato durante los que se han acumulado arbitrariedades siempre impunes, cual en los tiempos de Idígoras, Lucas o Portillo. Y a su talante, por supuesto, se multiplican los subordinados deseosos de emularlo.

Que no se moleste por esta crítica —garantizada de antemano en el artículo 35 de la Constitución—. Al fin y al cabo, ya en el poder, él se permitió calificar al gobierno de su bonachón antecesor como “el más nefasto”.
No habría mejor aporte elemental de su parte a la “cohesión social” que cumplir y hacer cumplir estrictamente las leyes (art.183). El artículo 182 constitucional, además, establece que “el Presidente de la República… tiene vedado favorecer a partido político alguno”. ¿De veras…?

Pero las figuras cumbres del otro Poder ¡el Judicial! —el más imprescindible en un Estado civilizado de Derecho—, lo superan.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, como botón de muestra, estatuye en su art. 139, “Audiencia, vista y resolución”, que… “la sentencia deberá pronunciarse dentro de los veinte días siguientes al de la vista”. La Liga pro Patria planteó una acción de inconstitucionalidad sobre el manoseado proceso en el Congreso que condujo a la aprobación de la CICIG y obtuvo la vista a fines de noviembre de 2007. Ha pasado un año. Aún no han resuelto.

Por otra parte, el Código Penal, en su art. 419, “Incumplimiento de deberes”, estipula que “el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo, será sancionado con prisión de uno a tres años”. ¿A quién recurrir, por favor, díganme, cuando es precisamente la Corte de Constitucionalidad, o la Suprema, la que incumple?..

Y ¿qué decir de esos magistrados que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo para elegir dentro del plazo constitucional a quien los presidirá por tan sólo un año?

Nuestro Sistema Jurídico, anclado en la Constitución de 1985, apenas da más de sí.

¿Acaso ya no ha devenido de urgencia nacional reformar nuestra Carta Magna en aquellos puntos sobre los que tenemos harta evidencia de que nos dejan permanentemente desprotegidos ante las injusticias, inclusive esas entrañadas en los déficit presupuestarios de la nación, en los aumentos inconsultos de la deuda pública, en las emisiones de bonos que sostienen las tasas de interés artificialmente altas, en el desempleo que se sigue de los irresponsables incrementos del salario mínimo, en el pobre entrenamiento de los fiscales, en la pésima calidad del gasto en general …?

Recuerden: “El esfuerzo mental por aclararse las ideas…”