Totalitarismo “democrático”, el nuevo esquema

Por Luis Pardo Sáinz
El Mercurio

El proyecto de Constitución bolivariana de Venezuela, rechazado por la ciudadanía en las urnas; la reciente aprobación de una nueva Constitución en Ecuador, y el anunciado referéndum en Bolivia, para votar la nueva Carta Fundamental de ese país, son parte de un mismo método y proceso que debiera despertar a lo menos la inquietud y preocupación del mundo democrático latinoamericano.

Los tres textos constitucionales rivalizan en cláusulas categóricamente contrarias a la democracia: reelección indefinida de los mandatarios; relativización de las garantías individuales, limitando la iniciativa y la libertad de las personas; eliminación de la propiedad privada o, si se prefiere, una desfiguración tal de la misma que la iniciativa privada queda totalmente condicionada a la buena voluntad de un estado; profunda ideologización de la sociedad, del sistema educacional, de las fuerzas armadas y de los símbolos y valores patrios, con explícita exclusión de toda expresión que no se ajuste al modelo socialista bolivariano.

Se trata de constituciones ideadas para ejercer, sin necesariamente la coerción de la fuerza y el terror, un poder casi total, centralizado en torno a la figura de un líder populista y mesiánico. Nadie sabe cuánto de genuino marxismo de viejo cuño y cuánto de descarado oportunismo hay detrás de estos procesos, pero el resultado es el mismo: una pérdida brutal de libertad y dignidad de las personas.

¿Basta una mayoría electoral para que la aprobación de una Constitución, de claro corte autoritario y tendencia totalitaria, se pueda considerar democrática? Se podría decir que por lo menos el mecanismo en sí -el referéndum- es democrático, aunque su contenido no lo sea, pero no es así. Existe un gigantesco vicio de legitimidad del acto plebiscitario, si se considera el contexto político-social en que se dan esos procesos: debilidad institucional, uso abusivo del poder del Estado para favorecer una opción, programas extraordinarios de asistencialismo (populismo) que configuran la institucionalización del cohecho y una política sistemática de control sobre los medios de comunicación y hostigamiento de toda forma de disidencia.

En Ecuador, a dos meses del referéndum fueron incautados e intervenidos varios canales de TV y radio por parte del gobierno. Además, el jefe de la Misión de Observadores Internacionales de la OEA, el ex ministro Enrique Correa, denunció el evidente desbalance entre la publicidad oficialista y la de oposición.

La Constitución aprobada en Ecuador consagra el control estatal sobre la radio y televisión privada, que deberá acogerse al régimen de propiedad mixta. Declara al espectro radioeléctrico propiedad del Estado, desconociendo los tratados internacionales. Además, lo asimila al “sector estratégico” de la economía, sector que el Estado se reserva el derecho de “administrar, regular y gestionar…”.

Finalmente, declara al espectro radioeléctrico “recurso no renovable”, perteneciente “al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado”, recursos sobre los cuales el fisco “priorizará el cobro de regalías y otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales” y el derecho a cobrar no menos del 50% de las utilidades.

La libertad de expresión es despojada de su condición esencial, como derecho fundamental de la persona humana, ya que, junto con reconocer que “las colectividades y no sólo las personas físicas tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa”, establece la primacía de este “derecho a la comunicación” en la aplicación de las facultades de regulación y control de contenidos que fija la nueva Carta Magna ecuatoriana.

Pero si de aberraciones se trata, esta Constitución, “democráticamente” aprobada en Ecuador, declara la supremacía de la misma por sobre los tratados internacionales suscritos por ese país. Sólo en el caso de los tratados de derechos humanos ratificados por Ecuador, prevalecerá sobre la Constitución una norma internacional si ésta resulta “más favorable” que la propia Constitución.

No se especifica qué se entiende por más favorable ni quién calificará aquello, pero no es difícil imaginarlo.
La simpatía que estos procesos “revolucionarios” y su contenido despiertan en personalidades políticas nacionales debiera alentar un debate público más profundo e informado. Así la ciudadanía podría extraer experiencias de estos casos, conocer el verdadero compromiso democrático de todos quienes se declaran como tales y fortalecer nuestra propia democracia, pues el populismo sobreviene cuando se ha degradado y desprestigiado la institucionalidad democrática, la que -despojada del conjunto de valores que la inspiran- va quedando reducida al solo ejercicio electoral.

El autor es Presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)