Ecuador: Al puro estilo chavista

Por Jorge Vivanco Mendieta
El Expreso de Guayaquil

César Montúfar, en tono incrédulo, nos informa que “nació entre las brumas de una madrugada somnolienta, el mandato 19, mediante el cual se dispone que la Asamblea Constituyente se disolverá cuando la nueva Constitución sea aprobada en referéndum”, cuando en el estatuto por el aprobado soberano se dispone que terminará el 25 de julio, es decir consumidos los ocho meses que el pueblo le dio para cumplir su objetivo.

Hugo Chávez en Venezuela, haciendo gala de arbitrariedad, se hizo dar por parte de un Parlamento dócil, un poder especial legislativo, durante un año y medio, y “el último día de vigencia de este privilegio, Chávez se mandó un paquetazo de varias leyes, entre las que está la de las Fuerzas Armadas, la de seguridad, y otras que se considera vinculadas con la reconstrucción del país”.

Idéntico procedimiento; el mandato 19 se lo mezcló con el arduo análisis del proyecto de Constitución, aprovechando la vorágine que se produjo a última hora en que se cambiaron textos, se aumentaron, se suprimieron, etc. Es decir en medio del sopor general y mientras muchos parlamentarios dormían porque no soportaban sesiones de 18 horas.

Pero este mandato 19 tiene especiales connotaciones en lo legal y lo político. El pueblo ecuatoriano, en uso de sus atribuciones soberanas, dispuso que la Asamblea Constituyente funcione máximo hasta el 25 de julio. Ese es, repito, un mandato soberano; la Asamblea, ni nadie, podía contravenir ese mandato; desobedecerlo es absurdo dentro de la democracia, pues es una simple violación de los principios que rigen el sistema; y en nuestro caso, una burla porque ni siquiera se tuvo la franqueza de discutirlo y aprobarlo públicamente, sin hipocresías, y sin sorpresas.

Esto, además, está dentro de un procedimiento lleno de cálculos e indecisiones. Cuando Alberto Acosta propuso que se prolongara las funciones de la Asamblea Constituyente para discutir con un poco de calma, de serenidad, de responsabilidad, la Constitución nueva, que será sometida a referéndum y que, supuestamente, en caso de aprobarse, será el camino para el futuro del país, entonces, el Presidente de la República y su equipo de gobierno, se escandalizaron: dijeron que el mandato popular que determina que la Asamblea solo funciona hasta el 25 de julio, era sagrado, intangible, que nadie podía oponerse.

El griterío en este sentido, encabezado por los miembros del buró, hizo que Alberto Acosta dé el famoso “paso a un lado” para que el arquitecto Fernando Cordero termine la tarea de aprobar la Constitución en las condiciones que todo el país conoce y que han causado escándalo y escarnio al ordenamiento legal.

En ese entonces, al parecer, era urgente terminar con la Constitución, acortar tiempos y plazos posiblemente porque estaba perjudicando el Sí que enarbola el Gobierno a toda vela, desde hace mucho tiempo. Conseguido este objetivo, vino otro: el de formar el “Congresillo”, que asume plenos poderes para la etapa de la transición; asumir plenos poderes para transferirlos al Presidente de la República y establecer el sistema autocrático presidencialista. Entonces ya el mandato del pueblo soberano no fue soberano, sino que “tapiñadito” se lo violó y se produjo ese esperpento legal para que la Asamblea Constituyente, siga sobreviviendo a pesar de que ya terminó su período y que sobrevivirá hasta que cumpla con los objetivos del régimen.

Los principios no importaron, y eso es muy grave, aunque común en este gobierno.
Si relacionamos esta actitud con la de Chávez en Venezuela, tenemos otro ejemplo sumamente elocuente de lo que está sucediendo en el país, sólo que en Venezuela las cosas están cambiando, conforme las advertencias de Fidel Castro, acerca de las cuales me referí ayer.