España: Fracaso del Estado de Derecho

Editorial –
ABC

La excarcelación del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos ha provocado un justa indignación que debe dar paso, de forma inmediata, a una reflexión eficaz y resolutiva sobre las circunstancias legales por las que un asesino en serie y no rehabilitado está desde ayer en la calle. Conviene que las autoridades no generen expectativas que la ley no permite cumplir. Técnicamente, a De Juana no se le puede imponer ninguna nueva medida restrictiva de su libertad de residencia o de movimiento.

El dolor de las víctimas que se crucen con él por la calle es, desde ayer, impune. Esto no quiere decir que haya que resignarse. Las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y sobre la posible falsedad de los documentos académicos que sirvieron de base para la concesión de beneficios penitenciarios, mantienen abierta una puerta a la justicia, pero es estrecha y con un recorrido incierto. La respuesta que merece este fracaso del Estado de Derecho -un asesino sin rehabilitar está en la calle, veinticinco asesinatos saldados con un pena ridícula y decenas de víctimas nuevamente golpeadas- debe tener mucho más calado y compromete a los principales partidos mucho más allá de las concretas medidas que acordaron Rajoy y Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

Más que nunca es preciso el amparo masivo de la sociedad, de las instituciones y de los medios de comunicación -excluidos los que amparan el terror- a las víctimas del terrorismo. Lo peor de la excarcelación de De Juana es que realmente siente que vuelve a casa, sin temor al rechazo social o, a lo sumo, que éste se la haga patente.

Lo peor es la cobardía social que desprotege a las víctimas en las ciudades del País Vasco y hace que los etarras se sientan cómodos. Para derrotar a ETA hay que llegar a un clima social que intimide a sus criminales y les haga sentirse repudiados y marginados por sus vecinos, cuyos dedos tienen que dejar de señalar a los padres, hermanas y viudas de concejales, policías y guardias civiles, y empezar a acusar a los terroristas.

La sociedad vasca no se juega su dignidad en ese fantasmal derecho a decidir que encartela las acrobacias temerarias del lendakari, sino en su reconversión como una comunidad de ciudadanos libres y con ética suficiente para dar a Pilar Elías o a la madre de Joseba Pagazaurtundúa todo el respaldo que debe negar a De Juana y a todo terrorista. Mientras no lo consiga, esa será la verdadera carencia de la sociedad vasca. No esa ficticia negación de imposibles derechos históricos.

Hay que revisar el sistema penal en su conjunto y tomar buena nota de las decisiones políticas que han permitido a De Juana estar hoy mismo, si quiere, paseando por San Sebastián. Desde 1986, Alianza Popular, primero, y el Partido Popular, después intentaron sin éxito la supresión de los beneficios penitenciarios a los terroristas. El PSOE siempre se opuso y en 1987 llegó a calificar esa propuesta de inconstitucional. En 1990 y 1991, el PP insistió en esta reforma. El Código Penal de 1995 suprimió la redención de penas por el trabajo pero rechazó incluir en la ley lo que luego, con matices, se dio a conocer como “doctrina Parot” (que aplica los beneficios sobre cada una de las condenas impuestas, no sobre el tiempo de cumplimiento máximo). Sólo a partir de 2003, con el Gobierno de José María Aznar, el Código Penal incorporó el sistema de cumplimiento íntegro de las condenas.

Aquellos prejuicios de la izquierda contra el rigor penal han traídos estos lodos, pero incluso se podrían dar por buenos si la disposición del PSOE fuera convenir con el PP nuevas reformas legales que impregnen todo el sistema de la justicia penal de la firmeza que ahora no tiene. Es necesario extender el cumplimiento íntegro de las condenas, revisar la figura del delito continuado, implantar el juicio en ausencia y asumir el debate, inaplazable, de la cadena perpetua con revisiones periódicas para los delitos más graves. La libertad de De Juana no es el último capítulo de la infamia etarra. Aún no está escrito el final de ETA, como tampoco el de otros delitos brutales que nada tienen que ver con el terrorismo.

El Gobierno y el Parlamento saben que hay una demanda social de justicia que se corresponde, además, con un diagnóstico que exhibe la insuficiencia del sistema penal. Ya no hay excusas para mantener al Estado con una mano atada a la espalda en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.