Derecho inalienable

Por Daniel Morcate
El Nuevo Herald

La libertad de imprenta es algo que hay que saber disfrutar tanto como padecer.
Malesherbes

Al derecho de los norteamericanos a mantenerse bien informados le ha surgido un enemigo tenaz: el gobierno del presidente Bush. Sus emisarios se pasean en estos días por el Congreso con la patética misión de torpedear la Ley sobre el Libre Flujo de Información. Esta medida, mejor conocida como ”ley escudo”, les daría a los periodistas cierta protección contra aquellos que pretenden obligarlos a revelar sus fuentes. Pero el presidente Bush y sus asesores la rechazan aduciendo que ”comprometería la seguridad nacional”. Yo creo que ese insostenible argumento más bien refleja el temor del gobierno a que se sigan filtrando, a través de los medios, sus errores garrafales y sus excesos de poder.

La ley se ha hecho indispensable porque poderosos funcionarios, incluyendo secretarios federales, procuradores y jueces, han aprovechado las lagunas en el código federal para castigar a periodistas que han rehusado identificar a sus fuentes. Como resultado, decenas han ido a parar a la cárcel o se han visto obligados a pagar costosas multas, como suele ocurrir en las repúblicas bananeras. Es verdad que, como dice el gobierno de Bush, todos los estados a excepción de Wyoming han adoptado leyes escudo. Pero en los momentos cruciales, cuando se halla realmente en juego la libertad del periodista y de la información que éste revela, las leyes estatales se supeditan a las federales. Y éstas simplemente no ofrecen la debida protección al uso de fuentes confidenciales.

Tan evidente es la necesidad de la ley escudo que en octubre del año pasado la aprobó la Cámara de Representantes en forma abrumadora, con 398 votos a favor y apenas 21 en contra. En el Senado actualmente la respaldan legisladores de ambos partidos. Uno de ellos, el republicano de Pensilvania, Arlen Specter, nada sospechoso de liberalismo, escribió en su defensa: ”Si vamos a mantener una prensa libre, es necesario proteger la relación entre los periodistas y las fuentes confiables a quienes los periodistas les han prometido confidencialidad”. Los candidatos a la presidencia, Barack Obama y John Mccain, también la aplauden con entusiasmo.

Es así como el gobierno de Bush se ha quedado prácticamente solo en la oposición a la ley escudo. Y no hay que ser demasiado suspicaz para inferir que esto obedece a su temor de que sigan trascendiendo noticias embarazosas sobre sus desaciertos, como las torturas a prisioneros en las cárceles de Abu Gharib y Guantánamo, de las que nos habríamos enterado tarde o nunca de no haber sido por las denuncias oportunas y precisas de funcionarios del propio gobierno y de esas instituciones penitenciarias.

Cuando esta semana considere la legislación, el Senado de Estados Unidos no debería dejarse soliviantar por la política del miedo que con tanto oportunismo practica el gobierno del presidente Bush. En su versión actual, la propuesta refleja un laudable equilibrio entre la necesidad de garantizar la libre información y la de proteger la seguridad nacional. Los periodistas aún se verían obligados a revelar fuentes en caso de fuerza mayor, por ejemplo, cuando el país se halle bajo una creíble amenaza terrorista. Pero también se eliminaría la casi deportiva tendencia con que fiscales y jueces los están multando y enviando a la cárcel.

Más que a los periodistas y a sus fuentes, la ley escudo protegería mejor que ahora el derecho de los norteamericanos a saber qué está haciendo su gobierno en los buenos y en los malos tiempos. Y ese es nada menos que el derecho sobre el que se ha fundamentado siempre la democracia más antigua del mundo.