Un mundo inhóspito

Por Gilberto Rincon Gallardo
Bajo el Sol

Los flujos migratorios siempre han existido. A lo largo de la historia humana, por distintas razones, ciertos grupos humanos se han desprendido de sus comunidades de origen para acercarse a vivir, temporal o definitivamente, en comunidades de recepción.

Pero, como en muchas otras cosas, nuestra época es especial al respecto. Los flujos migratorios han adquirido una enorme presencia y, para el año 2000, la ONU calculaba que los inmigrantes en el mundo sumaban unos 175 millones de personas.

Sólo el número de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, residentes e indocumentados, rebasa la cifra de 20 millones de personas, siendo México el país que más emigrados tiene en otra nación.

Cifras inéditas, desde luego, pero que tienen su razón de ser en un proceso de globalización económica e informativa que transcurre sobre la base de fuertes diferencias entre países y que genera un “efecto llamada” desde los países más ricos del mundo, donde se hace posible un ingreso o una calidad de vida inalcanzable ahora mismo en los países de origen.

La principal razón de estos flujos es, desde luego, de carácter económico, pero no se trata de un proceso unilateral. La prosperidad de los países receptores no se podría explicar sin la presencia de estas personas extranjeras que, en una condición permanente de vulnerabilidad y limitación de derechos, subsidian con su trabajo y sus escasas protecciones la calidad de vida en esos países.

Sin embargo, a la relación económica que mueve centralmente los flujos migratorios se añaden elementos de otra índole, pero que influyen sobre la primera de manera muy fuerte.

Se trata de las percepciones culturales y raciales de los ciudadanos de los países de origen acerca de los extranjeros.

En Estados Unidos, y sobre todo durante los últimos años, el criterio que ha guiado la política de ese país respecto de la inmigración ha sido el del temor y el rechazo al extranjero (principalmente mexicano) casi sin reconocimiento alguno hacia su contribución al desarrollo y bienestar de la nación receptora.

De este modo, al perder fuerza incluso el sano pragmatismo que aconsejaría un mejor trato para quienes llegan de fuera a generar riqueza, lo que ha predominado es una perspectiva meramente policial, alimentada por la xenofobia y el racismo y sobredimensionada por la psicosis de la amenaza terrorista.

Ello impidió, por ejemplo, que se llegara a un acuerdo migratorio capaz de encauzar por una ruta adecuada el complejo problema de la inmigración mexicana en Estados Unidos.

Pero ahora vemos que este peso de los temores y el rechazo al extranjero no son privativos de nuestra relación con Estados Unidos.

El 19 de junio el Parlamento Europeo, a iniciativa de los propios gobiernos europeos, aprobó una directiva comunitaria que endurece el tratamiento que recibirán los inmigrantes indocumentados en los países de ese selecto club que es la Unión Europea.

Dos rasgos sobresalen de este nuevo marco legislativo, a los que las naciones europeas, tendrán que ajustar sus legislaciones particulares: uno, que se prevé un plazo de hasta 18 meses de detención para los indocumentados mientras se afina su proceso de expulsión; el otro, que permite la expulsión de menores de edad hacia terceros países sin tener la garantía de que se reunirán con sus padres o familiares.

Desde luego, el endurecimiento de las políticas migratorias en los países receptores ya no se puede enfrentar sólo con la referencia al aporte económico o con la alusión a la obligación moral de reciprocidad de países que, como España, Italia o Irlanda, fueron durante décadas, expulsores netos de emigrantes.

Se necesita también un acuerdo global sobre derechos y deberes entre países expulsores y países receptores de inmigrantes. Es decir, la única manera sensata de enfrentar este momento álgido para esos trabajadores y sus familias debe ser la ruta del acuerdo y las protecciones alcanzados mediante el diálogo político y la participación clara de todos los gobiernos.

El emigrante económico es una especie de refugiado, aunque la motivación que lo lleva al traslado de país impide tratarlo como tal. Pero igual que en el caso de los refugiados religiosos o políticos, es una obligación establecer un esquema de protección decidido en común.