Presidente Ortega, ¿para rato?

Por José Velazquez
El Nuevo Herald

De no cambiar el contexto y el comportamiento político actual, la respuesta casi inevitable es alarmantemente afirmativa. Son muchas las acciones emanadas del actual gobierno asociadas con la clara ineptitud opositora y la tradicional indiferencia del sector empresarial como para ser optimista y confiar que el mandato concedido a Ortega será concluido según lo establecido en la constitución. Salvo un giro contundente en el comportamiento de la política criolla, el periodo presidencial del gobernante electo con sólo el 38% del electorado nicaragüense en el 2006, seguramente se prolongará más allá del 2011. Aunque las elecciones municipales en noviembre de este año no afectan el actual periodo presidencial, el manejo y los resultados de las mismas serán concluyentes para determinar si Nicaragua presencia la consolidación de una nueva dictadura o si el presente gobierno no pasará de ser un inoportuno paréntesis o pausa en el desarrollo democrático y económico iniciado en 1990.

Y es que las piezas del ajedrez político del país han sido posicionadas tan a favor de Ortega, que resulta difícil imaginarse un pronto reacomodo de las mismas que impida, o al menos dificulte, la consecución del objetivo largamente ambicionado por el mandatario. El poder cuasi absoluto alcanzado a lo largo de 16 años gobernando desde abajo, y el último desde arriba, fructificándose de los errores, de la ambición desmedida y de la miopía política de sus adversarios, no da indicaciones de debilitarse. Todo lo contrario, se fortalece cada vez más.

En su marcha hacia la continuación indefinida de su periodo vemos como Ortega, ignorando el berrinche de sus adversarios, ha logrado frecuentemente salirse con la suya, eliminando elecciones cuando y donde le parece, firmando acuerdos con quien y como le conviene, manejando y comprometiendo al Estado con financiamientos que sólo sirven para alimentar la caja chica del partido, creando fuerzas de choque sandinistas disfrazadas de ”poder popular”, utilizando y manipulando el poder judicial, el electoral e inclusive ignorando –pese a la representación minoritaria de su partido– la bravuconada del bloque opositor en el legislativo, que fuera de bizantinas resoluciones ha sido absurda y sospechosamente complaciente con la mayoría de las violaciones al orden constitucional por parte de Ortega.

En una actitud peligrosamente desafiante y con claros propósitos absolutistas ha asumido el control directo de la policía y del ejército, apartando al ministro de Gobernación de su responsabilidad constitucional a cargo de la policía nacional y autoasignándose las funciones de ministro de Defensa, eliminando de esa forma toda interferencia o intermediación con la alta jerarquía militar de ambas instituciones. Todo como parte de un plan que no deja dudas tiene el propósito de consolidar su autoridad sobre los que en algún momento podrían convertirse en el último reducto de la defensa del orden constitucional y en el mayor obstáculo para sus intenciones reeleccionistas.

¿Cómo alterar el actual rumbo y evitar la permanencia de Ortega más allá de lo permitido constitucionalmente? Ardua tarea, pero de no hacerlo sin duda estaremos presenciando el próximo noviembre el afianzamiento de un régimen dinástico dictatorial cuyas dañinas consecuencias a largo plazo sólo serán superadas por el descalabro sufrido en la década de los ochentas.

El proceso obviamente parte y depende casi exclusivamente de una legítima unificación de las fuerzas democráticas opositoras en las elecciones municipales y en la Asamblea Nacional. Esta unión que hasta el momento no parece tener ni la solidez ni la amplitud requerida, lamentablemente ha demostrado a lo largo del actual gobierno ser una oposición maleable, que dice y promete mucho pero que en la mayoría de los casos termina dócilmente aceptando las arbitrariedades y violaciones que Ortega considera pertinentes.

Pese a que las dos fuerzas opositoras de comprobado arraigo popular, el PLC y Vamos con Eduardo alegan estar unidas y preparadas para alcanzar la victoria el próximo noviembre, abundan las evidencias de mutua desconfianza. En gran parte debido a la controversial participación del ex presidente Alemán y de la justificada incertidumbre entre quienes consideran que su pacto con Ortega continúa firme, pero disimulado con una falsa retórica antisandinista. Tampoco parece Alemán querer aceptar que el indiscutible liderazgo que en un momento disfrutó, hace tiempo dejó de ser. Y que su insistencia en recuperarlo sólo contribuye a fomentar la fragmentación opositora.

Aspirar a que el estado de institucionalidad prevaleciente en Nicaragua sea garante suficiente para que en el 2011 se cumpla con el traspaso de la banda presidencial tal y como manda la constitución es una pretensión mal cimentada. Por ello toda iniciativa orientada a consolidar la unión opositora, pese a las imperfecciones y riesgos que se le puedan achacar, debe ser apoyada sin reservas y evitar a toda costa nuevos experimentos. Ella representa en la presente coyuntura política el único medio apto para obstruir las intenciones reeleccionistas de Ortega.