A falta de TLC…

Editorial – Portafolio

En principio, debería ser una buena noticia. Esa fue la reacción de algunos observadores cuando se enteraron de que el jueves pasado, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos, el demócrata Charles Rangel, formalizó una propuesta con el fin de ampliar por dos años y medio las preferencias comerciales contenidas en la Ley Atpdea.

Dicha iniciativa, nacida en 1991 con el nombre de Atpa y cuyos beneficios fueron ampliados en el 2002, ha servido para que una proporción mayoritaria de las exportaciones de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia ingresen al mercado norteamericano sin pagar aranceles. Según un informe de la Oficina de la Representante de Comercio en Washington, durante el 2006 las importaciones estadounidenses provenientes de los cuatro países mencionados ascendieron a 22.511 millones de dólares, de los cuales casi un 60 por ciento entró sin pagar impuestos, gracias a las exoneraciones del Atpdea. Dicho de otra manera, de no tener esas ventajas, las naciones andinas deberían cancelar más de mil millones de dólares al año en gravámenes, lo cual afectaría la competitividad de un gran número de productos.

Esa razón explica por qué la próxima expiración de las preferencias, vigentes hasta el 29 de febrero, tenía preocupados a funcionarios públicos y exportadores, desde Bogotá hasta La Paz. No obstante, la iniciativa de Rangel prácticamente garantiza una prórroga, cuyos detalles finales deberían ser negociados antes de terminar la presente semana, para que así, el texto acordado llegue a la Cámara y el Senado antes del fin de mes. De acuerdo con la versión inicial del representante demócrata, la extensión se haría hasta el 30 de septiembre del 2010, pero haría énfasis en unos criterios de elegibilidad particularmente estrictos. La razón es que en el Congreso norteamericano hay una preocupación concreta con Ecuador y Bolivia y su creciente retórica en contra de Washington. De tal manera, habría una serie de motivos que impedirían recibir los beneficios de la Ley Atpdea, los cuales van desde la declaración de que un país sea comunista, hasta la nacionalización de activos de compañías de Estados Unidos.

Ninguno de esos temas preocupa a Colombia, cuya inquietud es otra. Resulta que en plena ofensiva para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio por parte del legislativo estadounidense, una ampliación tan larga de las ventajas arancelarias puede ser contraproducente, pues le quita el sentido de urgencia a la ratificación. Dicha posición es compartida por la Casa Blanca, que ha dicho que la votación favorable del TLC es un tema que compete a la seguridad nacional estadounidense. De hecho, el senador republicano Chuck Grassley, quien tiene gran ascendencia sobre sus colegas, preferiría que la ampliación fuera de tres meses y restringida tan solo a Colombia y Perú, con el fin de forzar un voto sobre el acuerdo comercial antes de que termine el primer semestre. Así las cosas, los observadores creen que lo más probable es que el Atpdea sea extendido cerca de un año, una especie de postura intermedia que le permitiría a ambos partidos respaldar un mismo articulado.

Un consenso en torno a la Ley sería una especie de premio de consolación para el país, que sigue a la espera de que pase algo con el TLC. En el entretanto, hay que tener en cuenta que algo más de la mitad de las ventas colombianas a Estados Unidos, calculadas en casi 10.000 millones de dólares en el 2007, reciben trato preferencial en ese mercado. De esa proporción, cerca de dos terceras partes de las ventajas cubren a productos petroleros y sus derivados, seguidos por las flores y las confecciones. En otras palabras, la permanencia de las preferencias arancelarias es fundamental para que ciertos productos, duramente golpeados por la revaluación del peso, logren sobrevivir en el mercado norteamericano. Ese es el motivo por el cual, puestos a escoger, es mejor tener Atpdea a la mano, que TLC volando.