En Colombia tercerizan el robo: El cobro de impuestos se volvió negocio

Cinco ciudades del país pagaron en el 2006 un total de 35.500 millones de pesos a terceros para hacer gestión tributaria.

A pesar de reparos como la posible violación de la reserva de datos de los contribuyentes, Montería, Barranquilla, Cali, Santa Marta, Fundación, Plato, Pereira y Malambo tienen contratado con entidades privadas el cobro de sus impuestos. Así lo muestra un informe actualizado por la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda.

Además de la reserva sobre la información, el Gobierno señala que también se violan normas presupuestales por la forma como esas empresas privadas cobran el trabajo que hacen. Para las regiones es una forma de suplir labores que por falta de infraestructura y de personal no alcanzan a realizar.

Según el Ministerio de Hacienda, Pereira tiene un convenio interadministrativo con la empresa Multiservicios para la recuperación de cartera morosa de impuestos y recaudo de tributos.

El secretario de Hacienda de esa ciudad, Jorge Alexis Mejía, señala que solo se tiene en el tema del predial. Explica, además, que Multiservicios no es una empresa privada, sino del municipio, que ayuda en la logística de varias empresas públicas. Ayuda al Igac con el tema de actualización catastral y también apoya a Hacienda con el impuesto predial en la facturación, distribución de éstas y recuperación de cartera.

Los cálculos actualizados este año por el Ministerio de Hacienda señalan que en el 2006 cinco de esas ciudades debieron pagar comisiones estimadas por 35.500 millones de pesos, de los 588.417 millones de pesos que se estima sumaron sus recaudos.
La ciudad que más pagó fue Barranquilla, con 17.912 millones de pesos, y la que menos canceló fue Fundación, con 85 millones de pesos.

Lo cierto es que la oposición a esta práctica no solo proviene del Gobierno, que en el 2005 trató de acabar con ese modelo a través un artículo incluido en una Ley, que aunque fue aprobado en los debates, a la hora de la conciliación de la iniciativa el artículo desapareció. También se oponen varios congresistas, quienes en el 2006 radicaron un proyecto con un solo artículo prohibiendo el mecanismo. Fracasó y ahora en agosto de este año volvieron a presentarlo, esta vez junto con el procurador, Edgardo Maya, y con el contralor, Julio César Turbay.

FACTORES EN CONTRA

Son varias las irregularidades que señalan tanto el Gobierno como los congresistas sobre esta práctica. Los costos fiscales, pues son contratos a 15 y 20 años que esas empresas cobran por ‘la derecha’, basados en un porcentaje sobre el recaudo histórico, más otro porcentaje por comisión de éxito sobre el mayor recaudo que se efectúe frente al valor histórico.

Advertencias de congresistas autores de la iniciativa, señalan que esto es inconveniente porque en recaudo tributario las administraciones territoriales no han llegado a niveles óptimos de recaudo.