El alcance del poder presidencial

Por Jeff Jacoby
Diario de América

“¿Realmente queremos presidentes que convierten en ley propuestas que creen inconstitucionales?”

Fue un debate acerca de la conducta de la administración Bush en la guerra contra el terrorismo. El debate se había detenido en la pesada dependencia del presidente de “firmar declaraciones” — interpretaciones del Presidente Bush de propuestas de ley por escrito que ha convertido en ley, incluyendo con frecuencia la afirmación de que una sección o más de la nueva ley es inconstitucional y por tanto puede ser ignorada. Uno de los oradores, un crítico de los agresivos esfuerzos de la administración desde el 11 de septiembre de 2001 por expandir el poder presidencial, fue muy crítico .

“Esta noción de que los presidentes de nuestro sistema de gobierno no tienen que cumplir las leyes promulgadas por el Congreso es absolutamente absurda”, decía el orador. “Si ese fuera el caso — si las leyes del Congreso fueran simplemente consultivas — ¿por qué necesitaría un veto?” Un presidente que desaprueba una ley debería decirlo en la argumentación de un veto — eso es por lo que la Constitución le confiere desde el principio poder de veto. La firma de cientos de declaraciones de Bush son “una abierta apropiación de poderes” que los americanos deberían encontrar intolerable. “Nos tendríamos que oponer firmemente a cualquier afirmación de que el presidente no tiene que cumplir leyes que ha aprobado el Congreso y que él ha convertido en ley”.

Puede que esto suene como la Senadora Hillary Clinton, que denuncia “el esfuerzo concertado de la administración Bush… por crear un ejecutivo más poderoso a expensas de ambas ramas del gobierno del pueblo americano” y promete invertir de manera tajante el uso de la firma de declaraciones si se convierte en presidenta.

Pero el orador no era Clinton, ni ningún otro progre o Demócrata. Era el ex congresista por Georgia Bob Barr, un conservador a ultranza más conocido por su importante papel en el impeachment en 1999 de Bill Clinton. Defensor a ultranza del derecho a la intimidad y otras libertades civiles, Barr viene condenando desde hace tiempo lo que llama “la espantosa erosión” de las protecciones constitucionales bajo Bush. En un foro celebrado por la sede en Boston de la Sociedad Federalista, estaba debatiendo con otro conservador a ultranza: John Yoo, profesor de Derecho en la Universidad de California en Berkeley y ex funcionario del Departamento de Justicia, cuyo pensamiento influenció con fuerza las reclamaciones de poderes presidenciales por parte de la administración tras el 11 de Septiembre.

En una ilustración viva del choque de ideas que recorre a la derecha estos días, los dos habían venido para enfrentarse amistosamente por el Programa de Vigilancia Terrorista, el registro de llamadas y correos electrónicos sin orden judicial de la Agencia Nacional de Seguridad hacia y desde Estados Unidos como parte del esfuerzo por derrotar a Al Qaeda. Yoo reconocía que las escuchas parecen inconsistentes con el estatuto federal que ordinariamente exige una orden judicial del Tribunal de Supervisión de la Inteligencia Exterior antes de que tal espionaje nacional pueda tener lugar.

Pero éstos no son tiempos corrientes, enfatizaba Yoo. El propósito del Programa de Vigilancia Terrorista es “proteger la seguridad nacional en tiempo de guerra — e históricamente las órdenes judiciales no han sido necesarias para llevar a cabo vigilancias electrónicas del enemigo en tiempo de guerra”. Además, un presidente no está obligado a obedecer a ciegas toda ley y del Congreso — especialmente una que afecta a su autoridad constitucional en calidad de comandante en jefe.

La Inteligencia encubierta se encuentra claramente en el ámbito de esa autoridad, argumentaba, y los presidentes vienen ordenando desde hace tiempo vigilancias electrónicas sin consideración hacia restricciones judiciales o del Congreso. Mucho antes de Pearl Harbor, por ejemplo, el Presidente Franklin Roosevelt “ordenaba la vigilancia electrónica de toda comunicación en el país, al margen de si era internacional o no, de modo que el FBI pudiera intentar encontrar saboteadores Nazis”. La orden de Franklin Roosevelt iba mucho más allá de cualquier cosa que haya hecho Bush, y lo hacía “incluso si un veredicto de la Corte Suprema y un estatuto federal registrado en aquel momento prohibían la vigilancia electrónica de cualquier tipo sin una orden judicial”. En la práctica, las escuchas de Roosevelt continuaron incluso después de que los líderes de la Cámara y el Senado dejasen claro que el Congreso no aprobaría la legislación para autorizarlo.

Barr no cedió ni un paso. El argumento de Yoo, dijo, equivale a una afirmación de que las tres ramas del gobierno federal son iguales, pero una es más igual que las demás — y por ese camino se va a la pérdida de libertad. “¿Queremos vivir en una sociedad en la que en cualquier momento que descolguemos el teléfono y llamemos a alguien a ultramar… el gobierno podría estar escuchando? Ese es el problema fundamental — ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir?”

No, decía Yoo — la dinámica fundamental es el intercambio que es hecho necesario por la letal guerra de los terroristas contra nosotros. Por una parte, “sí, puedes perder tu expectativa de privacidad en las comunicaciones internacionales”, decía. “Pero eso es solamente una parte. La otra parte es: ¿estaría usted dispuesto a renunciar a parte de esa pérdida de privacidad para estar mejor protegido de ataques terroristas?”

La idea de fondo, por supuesto, es que no hay idea de fondo. Los debates acerca del alcance apropiado del poder federal, y la diferencia a la cual cada rama tiene derecho, y el equilibrio entre seguridad nacional y libertad civil, vienen siendo un rasgo de la vida norteamericana desde el principio. La lucha por el equilibrio político se incorpora en nuestra arquitectura democrática.

Estos debates comenzaron mucho antes de que llegase Bush; continuarán después de que se vaya. Deberíamos celebrarlos como signos, no simplemente de crispación, sino de fuerza: los norteamericanos debaten sobre libertades fundamentales porque los norteamericanos son fundamentalmente libres.