“Lost in translation”

Por George Will
Diario de América

Mitt Romney es un hombre inteligente que en ocasiones parece impaciente por encontrar campanas bajo las que apagar su llama. Romney critica a Rudy Giuliani por oponerse al veto presidencial a iniciativas concretas. Pero Giuliani no se opone, desafortunadamente. Los hechos — no es que sean discretos en este enfrentamiento — son:

Cuando en 1997 Bill Clinton utilizó el veto a puntos concretos, con el que el Congreso acababa de dotarle, para cancelar 200 millones de dólares para el estado de Nueva York, Giuliani arrastró a Clinton por todas las instancias hasta el Tribunal Supremo. Se mostró de acuerdo con Giuliani en que el veto a iniciativas era una violación inconstitucional de la cláusula de “presentación”. Hoy Giuliani afirma, en defensa de lo que no necesita defenderse (su defensa de la Constitución), que prefiere enmendar la Constitución antes de conceder a los presidentes tal veto, incrementando de manera sustancial así lo que no se debería incrementarse más — el poder presidencial.

En 1996, cuando un Congreso bajo control Republicano intentaba por estatutos dar a Clinton y a los presidentes posteriores un veto a iniciativas, comenzaba la intervención de Pat Moynihan en el debate del Senado: “Aventuro en sereno convencimiento que esta medida está constitucionalmente sentenciada”. Se vio justificado porque la Constitución dice que “toda propuesta de ley” aprobada por el Congreso “se presentará” al presidente, que “la” firmará o “la” devolverá [al Congreso] con sus objeciones. El representado del pronombre es la propuesta de ley, no partes de ella.

43 gobernadores tienen el poder de, y la mayor parte de los presidentes lo han deseado para, tener algo distinto a la elección cerrada planteada por las propuestas de ley de asignaciones económicas. Esto no importaba en 1789, cuando la única ley de asignación económica aprobada por el Primer Congreso podría haber sido redactada a doble espacio en un único folio. Pero 199 años más tarde, el Presidente Ronald Reagan exhibía una ley de 43 libras y 3296 páginas como argumento en favor de un veto a iniciativas concretas. El nutrido gobierno de hoy en día, con sus 10 dedazos metidos en todo, genera de manera rutinaria leyes presupuestarias colosales.

Pero si un presidente fuera dotado del poder para cancelar provisiones de una legislación, lo que estaría haciendo sería indistinguible de legislar. Estaría fabricando, más que ejecutando, leyes y la separación de poderes sería violada.

Además, cuando los presidentes truncan leyes eliminando artículos, con frecuencia vician la voluntad del Congreso. Con frecuencia, las mayorías del Congreso no habrían podido reunir apoyos para leyes apresuradamente de no haber incluido algunas provisiones que los presidentes más tarde eliminaron.

El veto no a la totalidad expresa la fe del progresismo en un gobierno monolítico y el cesarismo rebajado que ha dado lugar a la desproporcionada presidencia de hoy en día. El progresismo asume que los expertos de las ramas ejecutivas, libres de electorados parroquianos, saben, igual que el Congreso no sabe, lo que es bueno para la nación “en conjunto”. Esto es contrario a la filosofía pública de la República “extensiva” de James Madison con sus muchas regiones e incontables intereses.

Si Romney piensa que un veto a iniciativas concretas sería una importante fuerza en favor de la frugalidad federal, se confunde. El gobernador Reagan utilizó su veto a iniciativas concretas para reducir, de media, solamente alrededor del 2% de los presupuestos de California. Y proporciones más grandes de los presupuestos estatales que las del presupuesto federal son susceptibles a tales vetos. El 61% del presupuesto federal se dedica a prestaciones sociales y a pagos de intereses en préstamos gubernamentales, nada de lo cual se puede vetar. Otro 21% va a la defensa y la seguridad nacional. Hablando de manera realista, el veto no a la totalidad estaría relacionado probablemente con menos del 20% del presupuesto.

Y el veto a iniciativas podría redundar en un gasto incrementado. Los legisladores tendrían aún menos conciencia de engrosar el presupuesto con gastos sustanciales motivados políticamente, porque podrían adjudicarse el crédito de meter lo que los presidentes serían responsables de sacar. Los presidentes, sin embargo, podrían utilizar el gasto motivado políticamente para negociar, diciendo a los legisladores individuales: si me apoyas en esto o aquello, no vetaré el carril para bicicletas que tú bautizas en honor a tu tía Emma.

Tras un siglo de crecimiento del poder presidencial, y tras 8 años de ejercicio especialmente agresivo de las prerrogativas presidenciales, sería impropio intensificar esta tendencia con un veto por iniciativas.

Los conservadores solían ser los pesimistas de referencia en materia de la evolución de la presidencia dentro del motor del gobierno enorme. Deberían visitar la Biblioteca para consultar los Estatutos de Libertades en el edificio de los archivos nacionales de la avenida de la Constitución. La Constitución se expone bajo cuatro enormes superficies de vidrio. Casi la mitad del cristal es necesario para cubrir solamente el Artículo Primero. Se refiere a la rama legislativa, que es la “primera rama” del gobierno por un motivo.

Un examen educado del entusiasmo de Romney — y de Giuliani — por el veto a iniciativas concretas recordaría al examen de un académico del siglo XIX de la traducción de platón de un rival: “La mejor traducción de un filósofo griego que haya sido realizada nunca por una persona que no entiende ni de filosofía ni de griego”.

© 2007, The Washington Post Writers Group