Con Ecuador en las manos

Por Eduardo Ulibarri
Firmas Press – El Comercio, Lima

¿Será posible que un país con escasa articulación regional, altas divisiones socioeconómicas, crónica inestabilidad política, profundas diferencias étnicas y débil Estado de derecho, avance hacia la institucionalidad democrática a partir del poder personal de un carismático y volátil presidente?

Esta ha sido la pregunta más importante para Ecuador desde que Rafael Correa triunfó sólidamente en la segunda vuelta electoral de noviembre del 2006. Pero ha cobrado aun más fuerza a partir del 30 de setiembre, cuando sus candidatos de Alianza País obtuvieron una cómoda mayoría en la Asamblea Constituyente.

Como la asamblea tendrá poderes plenos, el actual Congreso dejará de existir, el Poder Judicial quedará sometido y el presidente será el gran legislador y constituyente.

Aunque la suma de los opositores no sea desdeñable, su dispersión es enorme. Su capacidad de balance y control se verá reducida. Y como Correa es un excelente detonante de movilización popular, puede contar con activas multitudes para torcer brazos políticos.

Hoy, los únicos centros de influencia que realmente cuentan frente a su poder son de índole económica. La suerte de Ecuador no depende tanto del balance entre oficialismo y oposición, o de los equilibrios institucionales típicos de cualquier democracia, sino de la voluntad del presidente y de sus más inmediatos aliados.

El período de incertidumbre que se abre no podrá atemperarse simplemente con declaraciones, sino mediante los planteamientos y decisiones concretas del mandatario y su Alianza País.

Antes y después de la constituyente, muchas de las expresiones han sido tranquilizadoras.

Tanto Correa como Alberto Acosta, su constituyente más votado, han insistido en que no se impondrá la reelección indefinida (ni inmediata) del presidente, sino una ampliación de su período gubernamental, de los cuatro años actuales a cinco o seis.

Correa ha dicho que no hay necesidad de nacionalizar nada, que se despolitizarán los organismos de control público, y que la reestructuración de la enorme deuda externa se hará apelando a mecanismos de mercado. También ha invitado al sector empresarial a discusiones amistosas sobre la economía solidaria que ha propuesto.

A este tipo de declaraciones se sumó su ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante, según el cual la viabilidad de largo plazo de la nueva Constitución depende de que no sea vista por importantes sectores del país como una imposición o como algo que tienen que aceptar a regañadientes.

Además, a diferencia de Hugo Chávez y Evo Morales, Correa tiene sólida formación profesional, su carrera la ha hecho en la vida civil y académica, no controla un ejército (como Chávez) ni un movimiento social estructurado (como Morales), y ha insistido en que el socialismo al que dice aspirar es un principio, no un régimen.

La oposición, a pesar de sus lamentables condiciones, está dispuesta a seguir actuando.

Si partimos del lado optimista, se puede decir que existen posibilidades de que, en lugar de conducir a Ecuador hacia un modelo autoritario con legitimidad electoral, el presidente emplee su enorme poder para la renovación democrática y la modernización institucional.

Pero desde el pesimismo se podría afirmar que, con una personalidad tan impetuosa como su poder, y con un ideario político, económico y social aún difuso, la tentación autoritaria de Correa es inevitable que se convierta en acción.