Estado omnipresente y “salario mínimo”

Por Juan Antonio Alonso
Diario de América

Parece mentira que sólo con la eliminación del salario mínimo se podría evitar, además de aumentar nuestro nivel de vida, la perpetua aunque amoldada lucha de clases, más presente en la dialéctica que en la realidad, gracias a la parte del capitalismo que dejan que subsista en las sociedades avanzadas.

El salario mínimo supone una pérdida de antemano para el empresario, que no obstante descontará del sueldo la parte que le toca pagar por recibir a cambio 0 productividad. No es la única consecuencia. Ese alto coste hace inviable una mayor contratación pues el empresario no puede sostener éstas y otras “medidas sociales”, sin que le aporte nada a la producción, y debilitando a las empresas más pequeñas y nuevas, quedando sólo así las más grandes y sentando un monopolio u oligopolio de facto alimentado por la barrera que supone el salario mínimo.

Sin embargo, el sistema de precios queda trastocado completamente: los trabajadores menos eficientes pueden recibir un plus que en realidad no les correspondería, comiéndose parte del capital total disponible en una sociedad y que está en constante movimiento. Los más eficientes, por el contrario, pueden recibir menos por aportar más, ya que el empresario se acogerá a los famosos convenios para retribuir a sus trabajadores.

Pero como en los tiempos actuales todos los sectores de la economía están regulados por el ámbito estatal con ayuda de los “agentes sociales representativos de todos”, como los coactivos y violentos sindicatos, se impone un salario mínimo general que no afecta ya a un determinado sector, lo que hace que al final exista una gran parte de desempleados en lo que se conoce paro institucional y masivo.

La resta que se produce en toda la sociedad en lo referente a la productividad afecta por completo a toda la economía, por lo que el nivel de vida así como la creación de más puestos afecta al conjunto de la sociedad.

La igualdad óptima que debe existir entre trabajadores y empresarios, huyendo siempre de la farsa de situarlos enfrentados, queda rota en principio por la parte más afectada: los trabajadores, pues a los empresarios que no han “nacido” todavía debido a los altos costes, no les pasa factura ya que no existen, quedando siempre la gran incógnita de la ausencia de riqueza que no se ha creado y que por tanto hemos destruido. Una parte de los trabajadores queda denigrada mendigando puestos y salarios claramente menguados.

Los más altos beneficiarios, junto con el Estado regulador, entrometido, y por tanto cada vez más poderoso, son los sindicatos depositarios de toda clase de privilegios a costa de la economía en su conjunto.

El factor trabajo es escaso, pues no se puede producir, y los empresarios en una economía puramente libre podrían disponer de todos ellos además de retribuirlos más debido a la menor oferta de mano de obra. De esta forma, sin paro, no se alimentaría el odio general hacia el empresario, ese explotador que nos paga poco y que no nos contrata.

Pero debemos entender siempre que el capital es limitado y que por tanto su lapidación conlleva un alto coste para la economía, y que ambos factores de producción, el humano como el capital, dependen y se refuerzan mutua y sinérgicamente.

Ese mayor salario, fruto de la productividad, eleva el nivel de capital existente, con lo que se aumenta aún más la productividad ya recompensada anteriormente por los menores costes laborales, como es el lastre que supone el salario mínimo.

Se puede objetar que el empresario al tener que pagar más por la menor oferta del factor trabajo, haría disminuir el capital, pero queda sin embargo compensando y aumentado por la mayor y retroalimentada productividad.

Los sindicatos entienden esta lógica, pero no pueden perder a sus mejores clientes, los parados y los menos cualificados sobre los cuales pende un delgado hilo debido a la precariedad reinante fruto del omnipresente Estado Social.