Perú: Celeridad judicial y libertad de expresión

Editorial – El Comercio, Lima

Es una tranquilidad que el Gobierno reitere su férreo compromiso con la defensa irrestricta de la libertad de expresión en nuestro país. Ante las amenazas y amedrentamientos, es muy positivo que el presidente Alan García demande que se aceleren los juicios por el asesinato de varios periodistas, así como el establecimiento de juzgados especiales, ubicados en Lima, que agilicen los procesos trabados en los tribunales que comprometen la libertad de expresión.

Ello se justifica porque, al igual que en los delitos por terrorismo o contra los derechos humanos, las agresiones que buscan acallar el derecho de las personas a expresarse suelen ser casi imposibles de juzgar en las localidades donde los poderes ocultos pueden acallar voces y sojuzgar voluntades por la fuerza, miedo o dinero.

Haría bien el Poder Judicial en tomarle la palabra al presidente y establecer mecanismos como los propuestos. Según nuestra Constitución, todos los peruanos –y no solo los periodistas– tienen derecho a expresarse libremente sin cortapisas de ningún tipo y a exigir que no les pase nada por ello.

Los excesos contra los derechos fundamentales de expresión y prensa no pueden quedar impunes, como en el caso emblemático del periodista Alberto Rivera, asesinado en Pucallpa por cumplir con su tarea de informar y en el que la acción de jueces y fiscales se ha caracterizado por irregularidades y sospechosos cambios.

Es inconcebible que después de tres años un entorno sospechoso, vinculado al señalado autor intelectual, el alcalde Luis Valdez, siga presionando para que no se esclarezca este vil asesinato. Nada justifica esta inacción, como ha alertado la SIP respecto de la muerte de Rivera, convertido hoy en un caso emblemático por las presiones, influencias económicas, artilugios y trucos judiciales. Es más, el principal inculpado arrastra denuncias de vinculación al narcotráfico, pese a lo cual fue reelegido como alcalde. Además, se trata, si no de la mayor fortuna de la zona, de una de las más grande s.

Esperamos que el Poder Judicial, y también el Legislativo, recojan las demandas del Ejecutivo y actúen en concordancia. Hoy son los periodistas las víctimas, mañana puede ser cualquier ciudadano, incluidos congresistas y magistrados. La libertad de expresión –oxígeno de la democracia, como señaló el presidente García– es para todos y hay que cautelarla.