La reelección presidencial

La elección de Lula da Silva como Presidente de Brasil ha sido una de las noticias más importantes del 2026. La victoria tiene muchas connotaciones de distinto tipo: la consolidación de uno de los líderes más importantes de América Latina, la derrota de Flavio Bolsonaro, la continuidad política en un continente marcado por la alternancia presidencial y las denuncias sobre irregularidades en los comicios. No podemos dejar de mencionar otra circunstancia relevante: Lula se apresta a iniciar su cuarto período presidencial, un verdadero récord en la democracia del país más grande de la región y también un hito comparado con otras circunstancias análogas.

Por lo mismo, la elección brasileña plantea la discusión sobre la reelección presidencial, no sólo en ese país, sino en la realidad latinoamericana y como criterio. Al respecto existen varias alternativas: reelección para el período inmediatamente siguiente, derecho a una nueva elección, pero con un período intermedio al menos, reelección indefinida y la imposibilidad de presentarse a una nueva elección, cualquiera que sea.

El tema de la reelección es, en sí mismo, muy discutible. A favor de la posibilidad de volver a postularse a la primera magistratura hay un buen argumento: si alguien lo ha hecho bien, es posible que la gente quiera reelegirlo, sea en forma inmediata o mediando un periodo intermedio, según establezca la Constitución. Con ello, hay una razón democrática que se suma al reconocimiento de los gobernantes por la obra realizada. Si hay dudas, que el pueblo decida, sería la conclusión.

Pese a lo anterior, hay un argumento claro en contra, especialmente para la reelección inmediata: es la posibilidad, y casi la certeza absoluta, del uso de recursos públicos para el “actual” Presidente de la República, cuya segunda elección se verifica. Con ello, la definición democrática es contrastada por esa debilidad, la injusticia en el uso de los dineros -aviones, choferes, equipo pagado por el Estado, iniciativa política gubernamental y otros. A esto se suma incluso -tema que apareció en la elección brasileña- la posibilidad de que el gobernante aproveche el poder para promover una política pública o adoptar una definición que beneficiaría a un grupo o a muchas personas, con un claro interés electoral, lindante con el “cohecho”, aunque no sea exactamente lo mismo.

La reelección presidencial, aunque sea mediando un período intermedio, presenta otra dificultad, que termina afectando al propio sector político del líder respectivo. Se trata de la dificultad de renovación generacional de los proyectos políticos. El tema es muy complejo, y se ha reflejado claramente en la democracia chilena desde 1990 en adelante, especialmente en las dos grandes coaliciones existentes en los 30 años: la centroderecha y la centroizquierda. Veamos: en la Concertación hubo una gran renovación inicial, como mostraron los liderazgos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei R-T, ambos democratacristianos, de distintas generaciones. Después llegó la segunda etapa, con dos socialistas, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que también eran parte de generaciones diferentes e incluso mostraron a la primera gobernante en la historia nacional. Pero luego se repitió la postulación de Frei en 2009 y de Bachelet en 2013, en tanto sonó Lagos en 2017 (aunque finalmente no postuló). En la centroderecha la situación se desarrolló igual: en 1992 emergieron las precandidaturas de Sebastián Piñera y Evelyn Matthei, en 1999 Joaquín Lavín fue candidato único, en 2005 postularon

Lavín y Piñera en primera vuelta, finalmente se consolidó Piñera en 2009, siendo elegido Presidente de la República. En 2013 irrumpió Matthei, en 2017 se repitió Piñera, en 2021 estuvo Lavín en las primarias y en 2025 la candidata de Chile Vamos fue nuevamente Evelyn Matthei. Realmente una dinámica interesante y, me parece, peligrosa y autodestructiva para los distintos proyectos políticos. Para el 2029 ha surgido nuevamente el nombre de Michelle Bachelet, mientras Evelyn Matthei no ha descartado la posibilidad de volver a postular a la Primera Magistratura.

Quizá por lo mismo -la perpetuación de los liderazgos en la centroderecha en la centroizquierda- la renovación generacional se produjo por el lado: Gabriel Boric y el Frente Amplio por la izquierda y José Antonio Kast y el Partido Republicano por la derecha. Con ello, emergieron nuevas generaciones y, cosa impensable tiempo antes, lograron llegar al poder.

Es evidente que se podría plantear el tema hacia el futuro, analizando la conveniencia de las reelecciones presidenciales, con sus diversas circunstancias. En Chile se suma otro problema, como es el financiamiento estatal de los expresidentes de la República, con todo lo que ello implica. En el caso que mencionamos, es mantener un sueldo y otros beneficios que permitieron en el pasado y hoy también, dedicarse a la política activa, a ser “candidatos” durante mucho tiempo, financiados por el Estado, en claras condiciones de ventaja sobre otros posibles postulantes. Al respecto se podrían adoptar dos fórmulas: la prohibición amplia de la reelección presidencial o bien una de carácter específico, que implicaría que quienes reciban el sueldo de expresidentes, renunciarán ipso facto a la posibilidad de volver a postular a La Moneda.

En América Latina se suma otro tema complejo: las reelecciones presidenciales -y las reformas constitucionales al respecto- han sido caldo de cultivo de las crisis de la democracia en diversas ocasiones. Así ocurrió en el Perú de Alberto Fujimori, en Bolivia de Evo Morales y en El Salvador de Nayib Bukele. Por cierto, los problemas y realidades son distintas, pero ilustran un problema vigente y complejo, que en este caso involucra la pervivencia de la propia democracia y no solo la definición de una de sus reglas.

Es un tema que debe pensarse en Chile. La resolución favorable a impedir la reelección de un Presidente de la República impediría postular nuevamente a quienes han ejercido el cargo, incluyendo al actual Presidente José Antonio Kast. Esa limitación se ve compensada por la renovación generacional, la justicia en el uso de los recursos públicos y por otras variables que es necesario tener a la vista en una discusión como esta.