Guatemala: Seguro obligatorio contra terceros

El gobierno de Guatemala va a exigir que todos los vehículos del país cuenten con un seguro contra terceros o de responsabilidad civil a partir del 1 de mayo de 2025. Esta obligatoriedad ha generado un fuerte rechazo entre un grupo significativo de motociclistas y transportistas, quienes han comenzado a bloquear las vías más importantes en el país. Estos bloqueos están causando mucho daño al resto de la población.

Cualquiera puede protestar pacíficamente, pero los bloqueos no son una forma pacífica de manifestarse; impiden que las personas que no están protestando, y que están trabajando, lleguen a sus hogares o lugares de trabajo. Estos bloqueos restringen la libertad de locomoción y causan un daño considerable a la economía, así como a quienes queremos movilizarnos pacíficamente por cualquier razón. El gobierno no debe permitir estos bloqueos y puede orientar a los manifestantes hacia ciertas áreas donde se minimice el daño a terceros. Aunque esté de acuerdo con la libertad de contratación del seguro, rechazo totalmente los bloqueos.

La obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para cualquier vehículo limita la libertad individual. Los conductores, tengan seguro o no, son responsables de sus actos y deben enfrentar las consecuencias de estos. Si son culpables de un accidente en el que hay daños a terceros, deben resarcirlos. Obviamente, cuando alguien pierde la vida en un accidente, esa vida, que es lo más valioso, no puede ser reemplazada, pero los jueces pueden estimar una cifra para ayudar a la familia que ha perdido a su ser querido. En cualquier caso, el conductor es el responsable. Si trabaja para una empresa que transporta pasajeros, el representante legal también tiene cierta responsabilidad, ya que el vehículo pertenece a la empresa. La responsabilidad del conductor o del propietario del vehículo no se puede delegar, ni siquiera con la existencia de un seguro. Este último ayuda al conductor a que, en caso de un accidente, se resuelvan más rápidamente los trámites y compensaciones por daños a terceros que si no tuviera seguro.

Como individuo, puedo optar por asumir el riesgo y hacerme cargo de todas esas compensaciones sin contratar un seguro, o bien, puedo contratar un seguro. De hecho, algunos prefieren tener seguros amplios debido precisamente a la incapacidad de otros conductores para enfrentar sus responsabilidades por motivos económicos. Así, el seguro se encarga de todos esos trámites, negocia con la contraparte ciertos plazos de pago, entre otros aspectos.

Ahora bien, obligar a todos los conductores a tener un seguro de responsabilidad civil en nuestro país es un engaño, ya que el gobierno es incapaz de controlarlo. Es urgente mejorar nuestro deficiente sistema de justicia y la falta de certeza ante la ley. Lo que realmente se necesita es que nuestro sistema de justicia funcione adecuadamente para que se aplique la justicia conmutativa con todo rigor. Sin embargo, esto no está sucediendo. En consecuencia, muchas personas manejan de forma más irresponsable, porque no existe un verdadero disuasivo que fomente un manejo más prudente.

El gobierno pretende controlar a quienes no tienen seguro mediante la Policía, cuando todos sabemos que esta institución no es de confianza. No pueden controlar a quienes manejan sin licencia o sin documentos. Se conocen casos donde se alteran los informes tras un accidente. Una Policía que es percibida como corrupta no podrá hacerse cargo de un requisito más. En cambio, es probable que ahora las mordidas (sobornos) aumenten, añadiendo otro escalón para generar más ingresos mal habidos. La ley obligatoria hará que quienes manejan imprudentemente se sientan aún más protegidos.

El autor es empresario, catedrático universitario y Director del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).