La decisión de suspender X en Brasil

El 30 de agosto el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó la “suspensión inmediata” de X luego de que la empresa se negara a nombrar un representante legal en ese país. El encono entre Musk y el Supremo Tribunal Federal (particularmente, el juez Alexandre de Moraes) viene de larga data. Recrudeció cuando la red social, a través de la cuenta de Asuntos Gubernamentales Mundiales (@GlobalAffairs), reveló una supuesta orden “secreta” de censura que había recibido del juez del Supremo Tribunal Federal.

El juez, según X, había amenazado con encarcelar a los representantes de la red social en Brasil y congelar sus fondos. Ante esta situación, X decidió cerrar sus oficinas en Brasil y desvincular a 40 empleados. X denunció en su cuenta @GlobalAffairs que esperaban que el juez Alexandre de Moraes ordenara el cierre de X en Brasil “simplemente porque no cumplimos sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos. Estos enemigos incluyen a un senador debidamente elegido y a una niña de 16 años, entre otros.”

Para De Moraes, que viene investigando el accionar de X, la red social sería el canal por el que “grupos extremistas” y “milicias digitales” buscarían socavar las instituciones democráticas mediante la difusión de noticias falsas y discursos de odio. Esto parecería ser especialmente preocupante para el magistrado de cara a las elecciones municipales que se realizarán en Brasil en octubre.

¿A qué llamamos discurso de odio? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo define como “cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o conductual que ataca o utiliza lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o un grupo sobre la base de quiénes son”. Es cierto que las redes sociales facilitan mucho la difusión de este tipo de discursos porque los amplifican, permiten que lleguen a grandes audiencias, y es a través de su reiteración y repetición constante que se puede crear un contexto adverso, a veces de violencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: “Las redes sociales son un megáfono mundial para envenenar”.

Sin embargo, el contexto electoral en el que se produce esta suspensión a X en Brasil no puede pasar inadvertido. Según parece, la intención del juez del tribunal supremo brasileño no sería la de combatir discursos de odio que signifiquen una incitación directa a la violencia, que creen un clima de hostigamiento y persecución directa contra un grupo social determinado (como sí puede decirse que ocurrió en ese país, en enero de 2023, con el asalto al Congreso Nacional, al Palacio del Planalto y a la sede del Poder Judicial por parte de manifestantes bolsonaristas); sino la de combatir (o impedir, más precisamente) expresiones vinculadas con críticas al gobierno o que se relacionan directamente con temas de interés público.

Esta práctica no es nueva ni original. Con posterioridad a las elecciones presidenciales de Venezuela, el 28 de julio, Nicolás Maduro ordenó bloquear durante diez días la red social X por “incitar al odio”. Otros países también bloquearon esa misma red social al considerar que difundía información falsa, contraria a los gobiernos, Egipto durante la Primavera Árabe, en 2011; Turquía en 2014 y 2023, y Uzbekistán, antes y después de las elecciones presidenciales de 2021. En Corea del Norte y en China la red está prohibida desde hace ya varios años. Sin embargo, es precisamente en el marco de una contienda electoral cuando más debe garantizarse el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión, que comprende la libre circulación de ideas y opiniones de toda índole.

Las democracias se nutren de la pluralidad de opiniones. Alain Touraine decía: “Lo que alimenta la conciencia democrática es el reconocimiento de la diversidad de los intereses, las opiniones y las conductas.” (¿Qué es la democracia?) La limitación de la información en tiempos de elecciones es una forma particular de fraude electoral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en tiempos electorales las opiniones y críticas se emiten de una manera más abierta, intensa y dinámica, acorde con los principios del pluralismo democrático (caso “Ricardo Canese vs. Paraguay”). Es sabido que todo líder político que es injuriado o maltratado en las redes sociales denuncia que lo que se está cometiendo es un ataque a la democracia.

Claro que la desinformación (que puede producirse través de la viralización de fake news) corroe la calidad de la democracia, pero es mucho más pernicioso cercenar la emisión de las opiniones. La Corte Interamericana dijo que sin una efectiva libertad de expresión la democracia se desvanece, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad (Caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”).

Es necesario que las opiniones se puedan contrastar, para poder distinguir las erróneas de las verdaderas. Aun la información que no es veraz es útil en una sociedad democrática por su confrontación con la que sí lo es. Stuart Mill sostenía que cuando se impedía la expresión se cometía un robo a la raza humana, que perjudicaba más al que disentía de esa opinión que al que participaba de ella. “Si la opinión es verdadera se les priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; y si es errónea, pierden lo que es un beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error” (On liberty).

La autora es abogada, miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.