La inflación como delito (II)

Por Andrea Rondón García y Oscar José Torrealba

El Nacional, Caracas – Cedice Libertad

Aqui puede verse la Parte I de este trabajo

En este mes se cumple otro año más de la muerte de Franklin Brito. A 12 años de su muerte, uno de los casos más emblemáticos de la política sistemática de destrucción de la propiedad, dedicaré los artículos del mes de agosto a su memoria. En esta entrega escribo en colaboración con Oscar José Torrealba, economista e investigador del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad.

La inflación como delito

Ricardo M. Rojas es un intelectual liberal argentino que tiene años estudiando e investigando sobre la propiedad. Uno de sus temas de preocupación es la inflación como una violación a la propiedad.

Rojas ha advertido que “… la inflación es el incremento de la cantidad de dinero — lo que se infla es el dinero, no los precios —, y en sistemas monetarios como los que hoy rigen en el mundo, el único que puede producir ese efecto es el propio gobierno. A través de este proceso, se produce una lesión generalizada al derecho de propiedad de las personas. El Estado monopoliza el manejo del dinero, emite moneda de curso forzoso que las personas deben obligatoriamente utilizar y recibir en sus transacciones, y a la vez le va quitando valor al aumentar su cantidad. En la práctica, este proceso equivale a sustraerle a cada persona algo del dinero que lleva en los bolsillos sin que siquiera lo advierta” (Conferencia impartida a través de la Fundación Naumann Argentina).

Rojas es insistente al sostener que “…al incrementar la cantidad de dinero circulante, distintos funcionarios del gobierno se ven involucrados en la violación de bienes jurídicos que son tutelados por el derecho penal, y que en tales condiciones la inflación debería ser catalogada como delito por la legislación criminal…”, para ser más precisos, debería estar previsto “…en el capítulo sobre falsificación y adulteración de moneda…” (ídem).

La hiperinflación en Venezuela

La inflación ha sido un problema presente en la economía venezolana desde hace aproximadamente 38 años, porque desde entonces los distintos gobiernos la han utilizado sistemáticamente para financiar su gasto público en detrimento del poder adquisitivo de la ciudadanía.

La inflación, medida a través de la variación del índice de precios, estuvo desde 1983 por el orden de los dos dígitos anuales. A partir de 2009, Venezuela comienza a perfilar dentro de las 10 economías más inflacionarias del mundo con precios incrementándose en 20% mensual. Ya para finales de 2017, los precios comenzaron a crecer por encima de 50% mensual. Así, Venezuela entró formalmente en hiperinflación, ocupando el primer puesto del ranking global de inflación hasta 2021.

2017 fue el año en que se hizo más visible la crisis humanitaria de cara a la comunidad internacional. De hecho, la política sistemática de destrucción de la propiedad iniciada en el año 2005, y que incluye el manejo irresponsable de la política monetaria, ha sido considerada un supuesto de crimen de lesa humanidad (Rojas, Ricardo M. y Rondón García, Andrea, La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad. El caso Venezuela. Buenos Aires: Unión Editorial Argentina, 2019).

¿Venezuela se arregló?

En diciembre de 2021 Venezuela salió formalmente de la hiperinflación, ya que durante los últimos 12 meses los precios crecieron a un ritmo inferior a 50% mensual. Además, durante el primer semestre de 2022 se ha observado una disminución considerable de la variación de precios en términos interanuales (Ver: Inflaciómetro de Cedice en Inflaciómetro – Observatorio de Gasto Público, cedice.org.ve). Esto, junto con una tímida recuperación de la actividad económica, abrió el debate público sobre si “Venezuela se arregló”.

Si bien no es propósito de este artículo darle una respuesta completa a esa pregunta, sí que conviene precisar si “la inflación se arregló”. A continuación, 4 elementos que pudieran explicar este descenso en la volatilidad de la variación de precios:

1. Se ha desistido (aunque muy lejos de un nivel deseable) de la inflación como mecanismo de financiamiento del déficit público, y se ha observado un esfuerzo por aumentar los ingresos a través de una mayor voracidad fiscal.

2. Se reactivaron las operaciones de mercado abierto (OMA), aunque no puede precisarse su impacto.

3. Se mantiene un encaje legal excesivamente alto, evitando la creación de dinero vía crédito bancario, algo que se conoce como “expansión secundaria”.

4. Se ha aplicado una insistente política de intervención cambiaria que mantiene apreciado el tipo de cambio. Esto con la intención de evitar aumentos de precios de bienes y servicios dolarizados (ver: Torrealba, Oscar José, “Qué es la apreciación cambiaria de la que tanto hablan los economistas”. Disponible en “Qué es la apreciación cambiaria de la que tanto hablan los economistas” – Observatorio de Gasto Público, cedice.org.ve).

Ahora bien, lo más destacable de todas estas acciones es que cambian unos problemas por otros aún peores, es decir, los efectos colaterales de estas medidas son incalculables, lo que hace que su aplicación no sea sostenible en el tiempo. Veamos:

1. La cantidad de dinero sigue aumentando a un ritmo pernicioso y dañino para la economía. Durante el primer semestre de 2022, la cantidad de dinero puesta en circulación por el banco central se multiplicó 2,6 veces. Por su parte, el aumento de la voracidad fiscal no sólo disminuye el ingreso disponible de los contribuyentes, sino que estimula cada vez más a la informalidad.

2. Las políticas deben ser congruentes e ir en la misma dirección. Poco o nada pueden lograr las operaciones de mercado abierto si sigue existiendo un severo desequilibrio fiscal financiado con más emisión.

3. El encaje legal priva al venezolano del acceso al crédito; es una política que, si bien evita la creación de dinero propia de la actividad crediticia, es profundamente recesiva, golpea directamente los niveles de actividad económica, y no atiende el origen del problema.

4. La política de intervención cambiaria no ha sido más que una inyección de divisas en las mesas de dinero, con la intención de contener, en vano, el tipo de cambio. Lo que ha resultado de esta política es una apreciación del bolívar con un impacto en los precios expresados en dólares que, de acuerdo con cifras de Cedice, alcanza 43% de variación en términos interanuales (julio 2021-julio 2022).

Si se desiste por completo de la inflación como mecanismo de financiamiento y, por el contrario, se comienza a recoger la base monetaria, a ordenar las cuentas fiscales y a reducir el tamaño del Estado, naturalmente el tipo de cambio no se deslizará de manera abrupta, veremos un control estable del nivel de precios y una reactivación del crédito que posibilite el financiamiento al sector privado.

Pero como todo régimen que maneja la política monetaria como una herramienta de control político, preferirán tenerle la soga prensada a la banca a través del encaje legal; inyectar dólares a las mesas de dinero, con los efectos distorsionantes que eso trae, y mantener el gasto público (esto es, algún grado de monetización y del consecuente expolio al poder adquisitivo de las familias).

Las herramientas populistas no se abandonan porque son formas de control político, lo que es inherente a la naturaleza del régimen. Seguimos en presencia de una política sistemática de destrucción de la propiedad, esa que llevó hacia la muerte a Franklin Brito. Nunca olvidemos esto.

Andrea Rondón García es Doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela y Directora del Comité de Derecho de Propiedad de Cedice Libertad.

Oscar José Torrealba es Economista, Investigador y Profesor Universitario

@ostorrealba

https://cedice.org.ve