¿Para qué sirve la Corte Penal Internacional?

Panam Post

Pocas personas se dan cuenta de que los organismos internacionales son el estatismo en su máxima potencia. Ergo, los males asociados a ese sistema están exacerbados en ellos.

Dichos entes nacieron al impulso de buenas intenciones. Pero, como todo aparato burocrático – político, en poco tiempo degeneraron. En los hechos, constituyen una fuente de ingresos colosales para sus integrantes mediantes suculentos sueldos –generalmente libres de impuestos- prebendas y numerosísimos beneficios adicionales. Asimismo, les asegura a sus funcionarios una existencia rodeada de lujos en Europa o Estados Unidos.

Además, propician un campo orégano para la desidia y la corrupción.

Simultáneamente, se caracterizan porque poco y nada han cumplido con los objetivos proclamados al momento de su creación.

Desde ese punto de vista, un ejemplo paradigmático es la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya. El texto fundacional que le dio origen fue el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas desarrollada en la ciudad mencionada. Comenzó a operar en 2002.

En el preámbulo se afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”.

Esa fue la premisa que supuestamente daría origen a una auténtica justicia internacional que castigaría al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión.

Pero la esperanza de que esos nobles anhelos se materializaran en  acciones concretas, pronto se disfumó. Por el contrario, es tan indignante el accionar de ese organismo internacional, que ha merecido críticas demoledoras. Por ejemplo, en 2016 fueron publicadas en Francia dos investigaciones exhaustivas sobre la inacción del CPI y el cuestionable papel que jugó su primer fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, a lo largo de su mandato (2003-2012).

Uno de esos libros es El Joker de los poderosos, la gran novela de la Corte Penal Internacional de Stéphanie Maupas, corresponsal en La Haya del diario francés Le Monde. A lo largo de 400 páginas, la autora describe con lujo de detalles un mundo sórdido tras la apariencia majestuosa de dicho tribunal, al que define como de “inoperancia y sumisión política completa”.

El otro fue escrito por el abogado Juan Branco, profesor de la Universidad de Yale, quien trabajó en la CPI entre 2010 y 2011. Su libro se titula El orden y el mundo, una crítica a la Corte Penal Internacional. Este autor también traza un perfil nefasto sobre el CPI: relata una situación absurda de complacencias políticas y de inoperancia que ahogan los propósitos fundacionales del tribunal.

Por su parte Robert Charvin señala que “La independencia financiera de la jurisdicción no está garantizada. No sabemos sobre todo cuál es el nivel de independencia de la Fiscalía, dadas las conexiones que se establecen durante el mandato entre sus miembros e intereses diversos”.

Se sabe, que la independencia y seguridad financiera es uno de los requisitos claves para garantizar la imparcialidad de un sistema judicial, por tanto….

Supuestamente, “la CPI iba a perseguir a los tiranos y asesinos de los pueblos sustituyéndose al Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la ex Yugoslavia. Sus blancos eran los criminales de guerra y los jefes de Estado corruptos y represores que fijaban ellos mismos las reglas para vivir en un paraíso impune y someter a sus pueblos al infierno. La CPI debía poder intervenir cuando un Estado se mostraba incapaz de activar sus propios criminales”.

Si hay un gobierno que en la actualidad reúne esas características, es el venezolano de Nicolás Maduro y secuaces. Las cifras son elocuentes:

• Según la ONU, en los últimos años la crisis humanitaria provocó el éxodo de al menos 2,3 millones de venezolanos. Los principales destinos son Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, lo cual ha generado tensiones xenófobas.
• Ha emigrado el 7% de la población. Funcionarios de la ONU reportaron que 1,3 millones de esos venezolanos “sufrían desnutrición”.
• El Observatorio Venezolano de la Salud informa que en 2016 la mortalidad de los pacientes internados se multiplicó por diez, y que la muerte de recién nacidos en hospitales se multiplicó por cien. No obstante, Maduro rechazada todas las ofertas de asistencia humanitaria.
• En dos años, 74% de los venezolanos perdieron casi 9 kilos de peso de manera involuntaria, por dificultades para conseguir alimentos.

Según el reglamento de la CPI, solo a través del fiscal se puede iniciar un proceso. La fiscal jefe actual es la africana Fatou Bensouda. Ella, al igual que su antecesor el argentino Moreno Ocampo, recibieron numerosas denuncias de lo que está pasando en Venezuela. Su… ¿desidia? …  ha sido pasmosa…

La OEA le hizo llegar un documento elaborado por un panel de juristas. El resultado de la investigación fue que el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, “ataques generalizados y sistemáticos a la población civil”, abusos de todo tipo, que incluyen más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, torturas y violaciones.

Sin embargo, a Bensouda no se le movió un pelo. A tal punto es chocante su actitud, que Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en un informe que elaboró sobre Venezuela, expresa: “Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”.

Quizás, ahondar en la biografía de la fiscal jefe, ayude a comprender el porqué de su conducta. Bensouda fue ministro de Justicia y fiscal general de Yahya Jammeh,  dictador de Gambia. Human Rights Watch acusó a ese régimen de realizar arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad.

Por cierto, tanto sobre Moreno Ocampo como sobre Bensouda, hay sospechas de posible corrupción. En medios de prensa africanos hay menciones sobre una estafa en la que aparecería involucrada ella y su esposo, relacionada con un cobro de honorarios por USD $16 millones en el Emirates NBD Bank de Dubai.

La burocracia de la CPI es brutal. Cuenta con cerca de 800 funcionarios administrativos. Dispone de un presupuesto anual de casi USD $200 millones. Desde su fundación hasta el presente, ha gastado una suma de alrededor de USD $2.500 millones.

En estos 16 años y con ese aparatosos andamiaje burocrático, la CPI solo ha dictado 4 sentencias, una de las cuales ha sido revocada y otra burlada.

Con respecto al caso Venezuela, el 8 de febrero de 2018 Bensouda afirmó haber iniciado un Examen Preliminar para ver sus sustentabilidad. Hasta el día de hoy, no ha avanzado nada. Sin embargo, cobra religiosamente los salarios y emolumentos correspondientes a su cargo.

Para tener una idea de lo que significan, brindaremos datos de 2003:

La remuneración anual neta de los magistrados de dedicación exclusiva era de 180.000 euros. Los que residen en el país anfitrión, tienen derecho a asistencia para el pago de la educación de sus hijos; tienen derecho a una pensión que no se origina en sus aportes sino que va a cargo del presupuesto del organismo; el magistrado que cumplió nueve años de servicio, al momento de jubilarse recibe una pensión equivalente a la mitad de su sueldo anual en la CPI; y como si todo eso fuera poco, les pagan gastos de viajes a ellos, sus cónyuges e hijos.

Actualmente, el salario de la fiscal jefe ronda los USD $15.000 mensuales, a lo que hay que sumarles las bonificaciones mencionadas.

La sed de justicia inclina a las personas a desear que los malvados -sobre todo si son gobernantes- sean castigados. Pero la experiencia demuestra que los organismos internacionales –burocráticos, ineficaces y dispendiosos-  no son la solución.

En definitiva, la CPI sirve para enriquecer a sus funcionarios pero no para castigar a los que cometen  crímenes de lesa humanidad.