Pensiones y pactos

Por Carlos Rodríguez Braun

Libre Mercado, Madrid

A propósito de la reforma de las pensiones planteada por el comité de expertos, los economistas Antonio González, Alberto del Pozo y Borja Suárez denunciaron en El País "La ruptura del pacto social".
Y Octavio Granado, que fue secretario de Estado de Seguridad Social en
el último Gobierno socialista, habla en el mismo periódico de "pacto intergeneracional".

En ninguno de los dos casos se procura analizar por qué el Estado
puede decidir contener el crecimiento de las pensiones, en vez de
aumentarlas. Creen que su aumento no comporta problema alguno. El señor
González y sus colegas sostienen que no puede comportarlo, puesto que en
otros países las pensiones representan un peso aún mayor en el gasto
público. Si no se suben es por mala intención: "Coartada para el recorte
de derechos", "deber constitucional de proveer los recursos", y los
expertos que no apoyan la mayor coacción para arrebatar esos recursos a
los ciudadanos son pérfidos que “consideran que nuestras pensiones
actuales son excesivamente generosas”. Lógicamente responden a
“poderosísimos intereses financieros (…) lo que la propuesta esconde –de
manera consciente– detrás de fórmulas matemáticas es un cambio de
modelo de Seguridad Social en el que la limitación de las pensiones
públicas libera un amplio espacio a las pensiones privadas”, en cuyo
caso “la mayoría” perdería y “ganaría el poder financiero que vería
promocionado el acceso a un lucrativo negocio”. Esto “degrada el Estado de Bienestar que
hemos construido en los últimos 35 años", lo que representa una
"ruptura del núcleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta
nuestro sistema democrático y por ello resulta inadmisible”.

Don Octavio Granado también denuncia que en el comité hay "una
mayoría de personas que no creen en nuestro sistema de reparto" y que,
al no respaldar la subida de las cotizaciones, están "contra el sistema".

Ambos diagnósticos conspirativos adolecen de un análisis deficiente
de la lógica de las alternativas del propio Estado, y de una abierta distorsión de la realidad,
dado que es incuestionable que ningún partido político pretende socavar
el Estado del Bienestar: más bien parece que la verdad es la contraria.
Pero además coinciden en abusar de una antigua noción antiliberal, que
sostiene que el Estado es un pacto. Resulta obvio que no lo es, porque
un pacto se define como algo que los firmantes deben estar en posición
de no firmar si así lo juzgan conveniente. Así son todos los contratos
de las personas en la sociedad civil, pero ningún Estado es así. Pensar
que lo es representa un punto de partida distorsionado, sobre el cual se
edifican las ficciones antiliberales que estos señores comparten y
difunden. Sobre esa base colectivista y totalitaria que identifica
sociedad con Estado, y democracia con imposición de las decisiones
políticas al conjunto de la comunidad, se apoyan la idolatría de la
coacción y la demonización de la libertad.