Bolivia: El derecho a la vida

Por Oscar Ortiz
Antelo

El Deber, Santa Cruz

Una acción
presentada por una diputada del MAS, que busca la despenalización del aborto en
Bolivia, ha provocado un incipiente debate sobre un tema que afecta a los
principios y valores de la sociedad. Desde el punto de vista constitucional y
jurídico difícilmente la demanda pueda sostenerse. Argumentar que la garantía
establecida en el art. 66 de la Constitución para el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos es suficiente para legalizar el aborto, implica
desconocer el derecho a la vida establecido como el primer derecho fundamental
reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos y en la
Constitución.

La Declaración
Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Convención Americana
de Derechos Humanos, a su vez, determina que toda persona tiene derecho a que
se respete su vida, a partir del momento de su concepción. Tales tratados
tienen aplicación preferente reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. El
Gobierno del MAS, que controla la justicia en Bolivia, ha asumido una actitud
dual: sus ministros han apoyado la despenalización y el presidente y el
vicepresidente han tratado de evadir el fondo de la discusión. Dado el poder
que ostentan, es una obligación moral que le digan a la población cuál es su
posición al respecto.

Esta es una
discusión que trasciende los aspectos jurídicos. Para católicos, cristianos y
para una mayoría de quienes creen en Dios, el aborto atenta contra el derecho a
la vida desde la concepción. Incluso, para quienes no creen se plantea un
dilema moral imposible de resolver en materia de derechos humanos, pues los
niños no nacidos son personas que tienen el mismo derecho a la vida que quienes
nacimos. No existe ninguna norma internacional ni principio religioso o moral
que pueda justificar la diferenciación.

Esto no significa
que desconozcamos el drama asociado a las lesiones o incluso las muertes que
causan los abortos clandestinos o la pobreza en la que muchos niños serán
criados al nacer. Son problemas que la sociedad debe afrontar y superar, pero
no puede hacerlo a costa de dar vía libre a las muertes de niños no nacidos.