Espiar sigue siendo lo que era

La Tercera

Esta semana los periódicos traían la noticia de que el primer ministro más longevo
de la Unión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, había
renunciado a su cargo por un escándalo de espionaje. La primera reacción
del lector cándido y de alma pura habrá sido: ¿qué diablos hace un
Estado liliputiense como el de Luxemburgo enredado en asuntos de
inteligencia? Si algo no asociaría uno con un país tan pequeñito y un
aparato estatal tan flaquito es la necesidad de espiar.

Pero las almas menos puras y los observadores estropeados por la
experiencia sabemos que no hay gobierno grande, mediano o pequeño que no
espíe. Y no sólo los gobiernos lo hacen: también toda clase de empresas
privadas y hasta las familias y las parejas intentan obtener
información sobre amigos y competidores, sobre propios y extraños, por
vías legales y a veces ilegales, y a menudo, aun si no se viola la ley,
rozando los linderos externos de la ética.

Esta generalización, sin embargo, choca con una limitación: la
necesidad de que todo discurra de forma discreta. La regla de oro del
espionaje es que todos saben que el otro espía y el otro sabe que todos
hacen lo mismo, pero no pueden admitirlo en público porque si lo hacen
rompen el código de la discreción. ¿Por qué importa ese código? Por dos
razones fundamentales. Primero, porque a menudo lo que se hace estira la
liga de la legalidad. Admitir una ilegalidad, o una posible ilegalidad,
en público es abrir una caja de Pandora política y jurídica (en el caso
de los Estados). Segundo, porque en el momento en que una operación de
espionaje sale de los confines de la discreción deja de ser espionaje y
pasa a ser declaración de guerra: en otras palabras, coloca al espiado
ante la obligación, sobre todo si se trata de un Estado, de ejercer la
contraofensiva so pena de aparecer ante la opinión pública como incapaz
de ejercer la más esencial de las funciones: la protección de los
ciudadanos.

El daño que Edward Snowden ha hecho al Estado y al gobierno
norteamericano proviene justamente de estas dos consideraciones. Ha
obligado a las instituciones de su país -el Congreso, la justicia- a
proceder como si espiar no fuese una práctica extendida y aceptada por
todos, sino un desafío al estado de derecho y la democracia liberal.
Pero también ha forzado a medio mundo -los gobiernos chino y ruso, la
Unión Europea, los Estados latinoamericanos- a exteriorizar una censura
contra Washington que saben que no llevará a ninguna parte pero que es
el acto embarazoso y obligado de quien ha sido expuesto en su infinita
impotencia.

Que Estados Unidos haya obtenido información sobre 500 millones de
comunicaciones en Alemania o haya accedido, mediante PRISM y “Boundless
Informant”, al registro de las comunicaciones de millones de brasileños,
por mencionar sólo dos casos, implica un problema para los gobiernos
aludidos. Para el alemán, significa o bien que había dirigentes alemanes
al tanto de lo que sucedía y por tanto que actuaban de espaldas a su
país en alianza con otro, o que estaban en Babia sobre lo que hacían, en
colaboración con la inteligencia estadounidense, sus propios servicios
secretos. Para no mencionar la posibilidad de que las empresas de
tecnología informática que colaboraron con la inteligencia
norteamericana en Alemania o Brasil hayan, en ciertos casos, actuado al
margen de los gobiernos y de los servicios secretos locales. En Brasil,
por ejemplo, la presunción del gobierno de Dilma Rousseff es que las
grandes empresas pudieron haber trabado alianza con compañías de
comunicaciones locales no siempre con conocimiento oficial.

La regla no escrita, pues, es doble: todos espiamos, pero si uno
pilla al otro haciéndolo debe castigarlo ejemplarmente. Castigar
ejemplarmente, por cierto, no siempre significa ejecutarlo -como hizo
Estados Unidos con Julius y Ethel Rosenberg tras ser ellos descubiertos
dando información a la URSS sobre la bomba atómica- o condenar al espía a
cadena perpetua (como también hizo Estados Unidos en el caso de Aldrich
Ames, el agente que pasó un dossier de la CIA con nombres de
espías norteamericanos a la KGB y fue arrestado por el FBI demasiado
tarde: se calcula que al menos 10 de los espías delatados perdieron la
vida). Puede también producirse, como sucedió en 2010 en Viena, un
intercambio de agentes entre dos países. Estados Unidos y Rusia
procedieron en aquel caso reciente como lo hacían en tiempos de la
Guerra Fría (Washington entregó 10 agentes a Moscú a cambio de recibir
cuatro de manos rusas). Eso sí: para que se produzca un intercambio de
agentes deben respetarse también ciertas reglas.

Si es una agencia de contraespionaje local la que desbarata una
operación de espionaje, puede controlar la información y por tanto
mantener discretos muchos detalles, facilitando así el intercambio. Pero
-la regla de oro otra vez- si hay elementos que escapan al control de
la inteligencia y pasan al dominio de la opinión pública por otra vía,
el gobierno se ve limitado en sus posibilidades de buscar la salida
negociada. Es allí cuando, por lo general, se ve forzado a aplicar el
castigo ejemplarizante.

Pueden darse instancias en que el intercambio de espías no es
conveniente por razones de política interna. El agente estadounidense
Hugh Redmond pasó dos décadas en prisiones chinas por razones que
obedecieron a la necesidad de enviar un mensaje interno. También el
agente israelí Jonathan Pollard acabó en una cárcel de Estados Unidos en
vez de ser entregado a los israelíes en los años 80. Lo cual en cierta
forma confirma la regla de oro: con frecuencia los espías están
adscritos a las legaciones diplomáticas para otorgarles algún tipo de
protección en caso de ser detectados. Pero si un país se arriesga a
enviar o contratar agentes sin inmunidad en otro país está tomando un
riesgo del que es consciente: el riesgo de que sea empleado por chivo
expiatorio en caso de ser detectado.

La sociedad democrática y la sociedad totalitaria o autoritaria
comparten en materia de espionaje ciertos rasgos: la explotación
romántica de una actividad bien poco romántica. Allan Pinkerton, un
nombre mítico del espionaje estadounidense y fundador de un servicio
secreto que fue precursor de versiones más modernas, jugó un papel
histórico en la Guerra Civil: se le atribuye haber salvado a Abraham
Lincoln de un atentado organizado por los confederados. Rusia también
elevó a niveles de leyenda a sus espías (y a uno, Vladimir Putin, lo
convirtió en Presidente) pero con frecuencia menospreció a sus propios
agentes. El caso más emblemático es el de Kim Philby, el británico de
“Los cinco de Cambridge”, cuyas actividades fueron reveladas a inicios
de los años 60. Acabó asilado en Moscú, pero los rusos sospecharon hasta
el final de su vida que era un agente doble. Una vez que Kilby se pudo
exiliar en Moscú, tardó el KGB 10 años en permitirle pisar las oficinas
principales del espionaje soviético.

Al romanticismo del espía occidental contribuyó mucho, en la primera
parte del siglo XX, la exaltación de la figura de T.E. Lawrence, el
célebre “Lawrence de Arabia” que trabajaba para los servicios exteriores
británicos y fue instrumental en el plan elaborado por Londres para
provocar un levantamiento árabe contra el Imperio Otomano.

Cuando la prensa alemana, utilizando información otorgada por Snowden
y los periodistas y activistas que lo apoyan, expuso el espionaje
norteamericano en ese país, tanto el Presidente Obama como el secretario
de Estado acusaron, con elegancia, a los europeos de hipocresía. John
Kerry fue más directo cuando dijo algo que nunca debe decirse: todos
espiamos y todos sabemos que el otro espía. Obama fue algo más
diplomático pero su mensaje no fue distinto: tácitamente estaba
exponiendo al gobierno alemán y a otros europeos como aliados en el
programa de inteligencia informática internacional ( al menos por
conocimiento, si no por participación activa).

Que Washington se haya sentido obligado a pronunciar estas palabras
impronunciables da una idea del impacto que ha tenido Snowden. Al forzar
-por la violación de la regla de oro de la discreción- a los gobiernos
de los países espiados a encarar a Estados Unidos, ha convertido al
gobierno del Presidente Obama en único culpable. Y esto es algo que
Washington no puede permitir precisamente porque la regla de oro exige
que en público se tenga muy en cuenta tanto el estado de derecho como a
la opinión pública. Si Estados Unidos aparece como único violador de
leyes y la opinión pública percibe al Presidente como poco coherente con
su propio discurso, algo mágico se rompe en la democracia
estadounidense. Eso lo sabía muy bien Snowden a la hora de hablar.

Lo que Snowden no ha logrado, por supuesto, ni logrará nunca es
detener la práctica del espionaje. Es una práctica imperecedera. Con
razón se apunta con frecuencia que los fundadores de la ciencia
política, como el filósofo indio Chanakya, valoraban esta actividad como
indispensable para la protección de la comunidad. En su tratado Arthasastra,
escrito tres siglos antes de Cristo, explica que el arte de obtener
información mediante disimulos es parte del arte de gobernar. El
problema que se plantea, pues, no es cómo detener esta actividad. Es
otro: cómo ejercerla cuando existe una distancia sideral entre la
capacidad tecnológica de ciertos países, especialmente Estados Unidos y
otros.

Lo que asombra en el caso de PRISM y los otros programas informáticos
no es lo que hacen sino lo mucho que abarcan y que las empresas que
están a la vanguardia de la revolución informática fuesen parte, aunque
sea limitada, de la práctica del espionaje. Porque eso coloca a otros
Estados en una desventaja que pone en cuestión la regla de oro. Una cosa
es que todos espíen cuando el espionaje consiste en tener “topos”,
satélites, rompedores de códigos o analistas de fuentes abiertas. Otra
es hacerlo cuando unos son, como en la granja de Orwell, mucho más
iguales que otros.

Por ahora Estados Unidos tiene dos ventajas inalcanzables: con mucha
diferencia el principal innovador de tecnología y las empresas que
representan la elite tecnológica tienen su origen y su base principal en
ese país. Nadie se imagina a los CEO y departamentos legales de
Microsoft, Google, Facebook o Yahoo estableciendo con un Estado
extranjero el tipo de colaboración que establecieron con el de su propio
país. Por lo pronto, sería una práctica ilegal.

¿Existe, en vista de estas consideraciones, algún peligro de que se
rompa la regla de oro? En otras palabras: ¿puede la desventaja
tecnológica, puesta de manifiesto espectacularmente por el caso Snowden,
llevar a un grupo de países disminuidos tecnológicamente a cuestionar
de forma sistemática, por ejemplo en la ONU, la práctica del espionaje?
¿Es concebible un sindicato internacional “antiespionaje”?

Dejo las respuestas a la libre imaginación del lector.