Bolivia: El asilo del senador Pinto

Por
Óscar Ortiz Antelo

Pagina Siete

El senador
Roger Pinto ha cumplido un año como asilado político en la Embajada de Brasil
en la ciudad de La Paz, sin que el Gobierno de Bolivia le otorgue el
salvoconducto para que sea trasladado por las autoridades brasileñas a su
territorio en cumplimiento de tratados internacionales suscritos por ambos
países y el conjunto de los países latinoamericanos. El hecho de que un
ciudadano reciba asilo político y de que el Gobierno boliviano se niegue a
autorizar su traslado a Brasil son pésimos indicadores de irrespeto a los
derechos humanos, y a los acuerdos internacionales que los protegen.

El asilo es
definido como una institución en virtud de la cual se protege a individuos cuya
vida o libertad se encuentran amenazadas o en peligro por actos de persecución
o violencia derivados de acciones u omisiones de un Estado. Es una práctica
diplomática que ha sido especialmente desarrollada en Latinoamérica, región
donde se han suscrito diversos tratados para proteger de esta forma a quienes
sufran persecución política.

En Bolivia,
país donde se han sufrido tantos golpes de Estado y gobiernos dictatoriales, el
asilo ha sido una figura muy utilizada por personas que sentían sus vidas y
libertad en peligro en estas circunstancias. Paradójicamente, incluso los
gobiernos dictatoriales encabezados por militares respetaron el derecho de
asilo y otorgaron los salvoconductos para que los ciudadanos refugiados en
legaciones diplomáticas fuesen trasladados al exterior.

El caso del
senador Pinto es muy llamativo. Jefe de la bancada de oposición en el Senado
Nacional, al momento de su solicitud de asilo afrontaba más de 20 juicios
iniciados contra él por autoridades gubernamentales o ciudadanos afines al
Movimiento Al Socialismo. Éstos se desarrollaban en cuatro ciudades distintas,
lo cual le obligaba a trasladarse permanentemente de un lugar a otro para
comparecer ante el Ministerio Público y autoridades judiciales. La mayoría de
estos juicios correspondía a denuncias por desacato, figura declarada
recientemente inconstitucional, y a denuncias de carácter administrativo que
debían haber sido procesadas primeramente por la Contraloría General del Estado
antes de ser remitidas directamente a la Fiscalía.

Tanta saña sólo
parece explicarse a una actitud de venganza política como represalia a las
gravísimas denuncias presentadas por el senador Pinto contra autoridades del
Gobierno nacional por casos de corrupción y vinculaciones con el narcotráfico
de algunas otras. Quizás una de las cosas que más le duele al Gobierno del MAS
es que esta protección haya sido otorgada por Brasil, país al cual no puede
tildar de derechista, lacayo del imperio o cualquier otro de sus acostumbrados
adjetivos.

Por el
contrario, siguiendo su larga trayectoria de protección a los derechos humanos,
Brasil ha otorgado refugio a más de otros cien ciudadanos bolivianos que
sentían que sus derechos fundamentales no estaban garantizados en Bolivia.
España, Estados Unidos, Paraguay y Perú han otorgado similar condición a
ciudadanos perseguidos por el actual Gobierno.

El sacrificio
del senador Pinto es un ejemplo de consecuencia con la defensa de la libertad,
la democracia y los derechos humanos frente al cual no podemos ser
indiferentes.

El autor fue presidente del
Senado de Bolivia.