La prensa y el Socialismo del Siglo XXI

El Nuevo Herald

El enfrentamiento que ha tenido lugar en Argentina entre el poderoso
Grupo Clarín y la presidenta Cristina Fernández, es parte de la
ancestral confrontación entre el poder político y los medios de
información, situación que varia según las convicciones y prácticas de
gobiernos y políticos.

Si el gobierno tiene un barniz democrático
recurrirá al chantaje económico en la distribución de las pautas
publicitarias, suspenderá las garantías constitucionales para imponer la
censura, o recurrirá a otras formas legales que le permitan intimidar
hasta lograr su propósito de limitar las libertades de información y
expresión.

Los gobiernos de fuerza son menos sofisticados. Las
dictaduras censuran abiertamente los medios o los cierran. El
totalitarismo los confisca yla prensa pasa a formar parte de la
maquinaria del estado.

Por supuesto que la prisión, el asesinato o
la desaparición, fórmulas que todavía practican algunos gobiernos y
grupos criminales, es parte del arsenal de los enemigos de la libertad
sin que importen ideologías, aunque los resultados de estos recursos
son temporales, nunca faltan periodistas dispuestos a enfrentar a los
autócratas, lo que ha demostrado que controlar los medios es más
efectivo.

A base de esta realidad hay que admitir que los
depredadores de la libertad de expresión del Siglo XXI que han arribado
al poder como consecuencia del despotismo electoral han sido más
creativos, porque han recurrido a fórmulas que encubren su propósito de
establecer progresivamente un control absoluto sobre los medios , en
consecuencia la censura como tal no existe, porque se procura que no se
publique información que pueda ser contraria a los intereses del
régimen.

El primer paso de estos gobernantes es demonizar a la
prensa que les adversa. Ataques verbales en su contra. Polarizar la
sociedad, mientras intimidan y dañan la credibilidad de los rivales y
adversarios.

Presentarse como víctimas de los medios de
comunicación a la vez que los responsabilizan de todos los males de la
sociedad, es parte del proceso. Otra es recurrir a constantes cadenas
radiotelevisivas para trasmitir un mensaje divisivo, que sirve para
adoctrinar y fortalecer a sus partidarios.

Un tiempo después,
tienen sus propios programas de radio y televisión y fortalecen los
medios públicos que han sido propiedad del estado o crean nuevas
entidades como ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua.

Posteriormente
cuando han generado un ambiente contrario a determinados medios
informativos y periodistas, proceden a actuar judicialmente contra los
mismos.

El acoso tiene muchas facetas. Con argumentos legales o
seudo legales, como el vencimiento de las concesiones del espacio radio
eléctrico, clausuran los medios periodísticos que les incomodan, tal y
como sucedió en Venezuela con Radio Caracas Televisión. También recurren
a multimillonarias multas como las que ha recibido Globovisión.

Otro
recurso productivo, contra el medio y el periodista, es el judicial,
como el usado por el presidente ecuatoriano Rafael Correa contra los
propietarios del diario El Universal, César y Nicolás Pérez y el periodista Emilio Palacios.

Evo
Morales, Bolivia, es otro de los que gusta determinar qué es lo que se
debe informar y por esa razón ha tenido más de una disputa con la
Sociedad Interamericana de Prensa.

Los periodistas están en la
mira de estos depredadores y regularmente son objetos de ataques
personales y agresiones físicas. La persecución policial y la difamación
para destruir la credibilidad del comunicador favorece la autocensura.

Comunicadores
obedientes, disciplinados, que informen lo que es políticamente
correcto, forma parte del sueño de cualquier déspota.

Tanto Hugo
Chávez como Rafael Correa han recurrido a diferentes procedimientos
para confiscar, cerrar, multar, intimidar, neutralizar e impulsar la
autocensura en los medios y entre los periodistas.

Los medios
confiscados pasan a la red estatal de comunicaciones o son traspasados a
personas vinculadas al régimen, lo que presta la apariencia de que hay
medios independientes, cuando dependen del ejecutivo, lo que permite al
gobierno contar con un tejido informativo que responde a sus intereses.