Subdesarrollo rural en Guatemala

Prensa Libre

Es un grave error caer en la “fatal arrogancia”
de creer que el desarrollo puede ser legislado. Alguien le ha metido
eso en la cabeza al binomio presidencial y han mordido el anzuelo. Por
ignorancia o complicidad, la mal llamada ley de “desarrollo rural” es
el más reciente ejemplo de creer que la prosperidad puede alcanzarse de
un plumazo. ¿Qué país se ha desarrollado “por decreto”? Más bien es al
revés. La evidencia demuestra que malas regulaciones mantienen
empobrecidas a las naciones. Ese es, precisamente, el caso de la
mentada ley.

Tiene un nombre bonito y sus promotores prometen que
sin esta los campesinos nunca podrán aspirar al “desarrollo rural”. El
único problema es que no hay relación causa-efecto entre el contenido
del decreto y el supuesto desarrollo que se promete.

La ley
beneficiará a pocos y perjudicará a muchos. Un nuevo “Ministerio de
Desarrollo Rural Integral” creará otro ejército de burócratas que,
inmediatamente, se sindicalizará para demandar nuevas prestaciones
laborales. El “desarrollo rural” siempre podrá esperar. Dicen que ese
ministerio debería tener un presupuesto de Q1,700 millones. Ciertamente
vale la pena luchar por esa “conquista”. El modus vivendi de los
promotores de la ley depende de un gobierno cada vez más grande para
extraerle más rentas. ¿Cómo dejar pasar la oportunidad de saquear
semejante botín económico?

Pero al botín económico se debe
agregar el jugoso botín político. El nuevo ministro será el “rector” de
10 “políticas de desarrollo rural” con el poder para “reformar y
democratizar el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra,
desincentivando su concentración”. El sueño mojado de cualquier
político: amplios poderes legales para extorsionar a terratenientes. Si
la ley manda “desincentivar” la concentración de tierra, pongamos un
impuesto especial a las fincas que no nos gusten, por ejemplo. Al fin y
al cabo, no necesitamos expropiar para “desincentivar”; con destruir su
viabilidad económica es suficiente.

El concepto de “soberanía
alimentaria” es otro que nos regresa 500 años; cuando las personas
comían solamente lo que cultivaban, si el soberano les daba permiso.
Dice la ley que “el Estado define soberanamente la modalidad, época,
tipo y calidad de la producción alimentaria…”. Los cultivos podrán, o
no, ser autorizados por “expertos” que tendrán como criterio, entre
otros, la “pertinencia cultural” de tales alimentos.

Con tanta
basura es prácticamente imposible sacar algo bueno de esta ley. El
presidente, un tanto aburrido, dijo que, luego de años de discusión, ya
es era hora de aprobarla. El problema es que podemos discutir respecto
de una plasta de porquería por décadas sin que la discusión, per se,
cambie su realidad. Ese es el caso con este proyecto de ley y ninguna
reforma cambiará su naturaleza.

El presidente comete un grave
error si cree que con esta ley apaciguará a los “profesionales del
conflicto”. Al contrario, les estaría dando una herramienta jurídica
para promoverlo con más intensidad preservando el subdesarrollo rural.
Urge que piense y rectifique.