Insulza en la encrucijada

La Tercera

El 14 de noviembre, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los
Estados Unidos lanzó un misil en la línea de flotación del secretario
general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Cuatro
de sus integrantes, dos demócratas y dos republicanos, entre quienes
estaban tanto el presidente de ese cuerpo, John Kerry, como el jefe de
los miembros republicanos, Richard Lugar, además de los emblemáticos Bob
Menendez (oficialista) y Marco Rubio (opositor), firmaron una carta
dirigida al presidente del Consejo Permanente de la OEA hablando de
“parálisis administrativa” en la organización, “falta de enfoque
estratégico”, “desmoralización”, “canibalización del personal” y otras
fallas graves.

El documento era privado, pero la propia
representante de los Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellin, pidió
al embajador mexicano Joel Hernández, quien preside el Consejo
Permanente, hacerla circular. No estaba dirigida al secretario general,
sino a quien preside (hasta enero) el Consejo Permanente, y el “timing”
tenía la intención de forzar la inclusión de esta iniciativa en la
reunión de dicho organismo, el próximo miércoles.

No pasó mucho
tiempo antes de que en los medios políticos y salas de redacción del
hemisferio este golpe directo al plexo de Insulza, reelecto en su cargo
apenas en 2010, retumbara con fuerza. La interpretación automática de
quienes siguen los avatares de la OEA y su jefe ejecutivo fue que se
trataba de un episodio más del desencuentro entre los republicanos que
se ocupan de América Latina en el Congreso norteamericano y un
secretario general que no ha querido, a juicio de ellos, defender
adecuadamente la democracia en los países donde el autoritarismo
populista la ha erosionado desde el poder, léase Venezuela, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua. Sin embargo, esta interpretación es superficial y
refleja un escaso conocimiento de las corrientes que fluyen potentemente
detrás de la relación entre Insulza y Estados Unidos.

Por lo
pronto, la carta la firman John Kerry y Bob Menendez, dos demócratas
cercanos al gobierno del Presidente Obama, y quien le ha dado aliento al
interior de la organización, la representante Lomellin, actúa a órdenes
del Departamento de Estado, cuya jefa es Hillary Clinton. El problema
de Insulza, pues, no es con los republicanos, que no esconden su
animadversión hacia él, sino con los demócratas y el gobierno de Obama,
que, aun cuando no se haya notado mucho hasta ahora, tienen cuentas
pendientes con él desde hace tiempo. También, con países -sobre todo
Canadá, México y Centroamérica, excepto Nicaragua- que llevan tiempo
pidiendo una reforma de la OEA y consideran que la gestión actual carece
de eficiencia.

A diferencia de Obama, que a inicios de su
gobierno hizo gestos de acercamiento a la izquierda populista
latinoamericana para mejorar una relación que se había enturbiado mucho,
Hillary Clinton mantuvo una actitud de distancia y escepticismo. Ello
quedó en evidencia en la Cumbre de las Américas de San Pedro Sula, en
Honduras, en 2009. Allí, a iniciativa de la izquierda populista, un
grupo de países hizo presión para reincorporar a Cuba a la organización
sin condiciones (la isla fue expulsada hace medio siglo por no ser una
democracia y haber interferido en asuntos internos de otros países).
Estados Unidos no se oponía al principio de la reincorporación, sino a
la ausencia de condiciones. La misma actitud tenían algunos países
amigos de Washington.

La secretaria de Estado esperaba de Insulza
una actitud neutral en este forcejeo, pero el secretario general emitió
todas las señales, según he oído decir en privado a funcionarios de
alto nivel en Washington, de que actuaba “en pared” con los amigos de
Cuba. Al final, Estados Unidos logró evitar que la resolución hiciera
una invitación incondicional a Cuba, pero la relación entre Washington y
la Secretaría General de la OEA había quedado lesionada.

No fue
la única vez que Estados Unidos juzgó que Insulza cuidaba demasiado su
flanco izquierdo en sus relaciones con el continente. La crisis
constitucional de Honduras, pocos meses después, aumentó la tensión
porque, a pesar de que Washington adoptó una muy clara línea de condena a
la expulsión de Manuel Zelaya del poder, Hillary Clinton juzgó que el
secretario general exageró su respaldo a un líder que había originado el
problema por su pretensión de continuar en el poder y su estrecha
vinculación con Caracas (especialmente incómoda fue para Washington la
participación del secretario general en la operación de regreso de
Zelaya a Tegucigalpa).

Esta tensión entre el gobierno de Obama e
Insulza no se notó mucho mientras Arturo Valenzuela, compatriota y amigo
del secretario general, ejerció de secretario de Estado asistente para
los Asuntos del Hemisferio Occidental (su confirmación fue demorada por
los republicanos a raíz, precisamente, de la crisis hondureña, pero
finalmente asumió el cargo en noviembre de 2009). No se notaba, quiero
decir, de puertas para afuera. Porque de puertas para adentro se notaba
mucho. En la práctica, Hillary Clinton mantenía una comunicación -ya
fuese directa o a través de su número dos en el Departamento de Estado-
con Tom Shannon, embajador estadounidense en Brasil y antecesor de
Valenzuela, en relación con los asuntos latinoamericanos. A su paso por
el cargo de responsable del Hemisferio Occidental en el gobierno
anterior, Shannon había tenido la doble virtud, a ojos de la
administración Obama, de ser un crítico del populismo latinoamericano y,
al mismo tiempo, haber sabido manejar esa tirantez con inteligencia
diplomática para evitar dar armas a Hugo Chávez y compañía. El canal de
consulta y hasta coordinación con Shannon en esta nueva etapa era, entre
otras cosas, una forma indirecta de mantener a raya a Insulza. Todo
ello, con exquisitas formas diplomáticas.

En 2010, Richard Lugar
-un republicano moderado que ha mantenido excelentes relaciones con el
gobierno de Obama- encargó a su principal asesor, Carl Meacham, un
informe sobre la OEA para que el Comité de Relaciones Exteriores del
Senado, del que era parte y que presidía John Kerry, pudiera hacerse una
clara composición de lugar. La intención no era sólo política sino, en
gran medida, burocrática: Estados Unidos está revisando su participación
en los presupuestos de organismos internacionales. El informe fue
devastador respecto de la sostenibilidad, vigencia y utilidad de la OEA.
La acusó de dos tipos de faltas distintas: una política y otra
gerencial o administrativa. En lo político, le achacó no tener capacidad
para “abordar las amenazas a la democracia en sus etapas iniciales,
como se observó previamente en Venezuela y Nicaragua”, y de no ser
consistente, porque actuaba con claridad ante golpes militares, pero no
ante la erosión de la democracia desde el propio poder. En lo
administrativo, le enrostraba haber agravado, en lugar de empezar a
resolver, un “déficit financiero insostenible”, de haber permitido una
“proliferación de mandatos”, y de haberse gastado los “fondos de
reserva” por obra de su desequilibrio presupuestario.

Este
informe, aunque tenía un origen republicano, pasó a ser poco menos que
canónico en los círculos relacionados con la OEA en Washington. Pocas
personas dentro y fuera de la organización cuestionaban lo esencial de
lo que había dicho Meacham. Aunque Insulza y sus aliados se protegían
atribuyendo el informe a la animadversión republicana, a raíz del caso
de Honduras y al hecho de que sólo puede hacer “lo que el Consejo
Permanente pida”, en realidad los demócratas albergaban sentimientos no
muy distintos. Canadá y México lo han citado en distintas oportunidades
en las reuniones del organismo.

Insulza hizo un esfuerzo, a raíz
de este informe, para recortar algo de costos. Por ejemplo, el
presupuesto del año siguiente rebajaba los gastos en algo más de cuatro
millones de dólares y algunas decenas de personas perdieron su puesto.
Pero los cambios fueron mínimos en comparación con lo que realmente
necesitaba la organización según sus críticos.

La OEA se financia
de tres formas: el fondo regular, que es para la Secretaría General, es
cubierto por las cuotas de los países y se subdivide en una parte
operativa y otra de reserva; los fondos específicos, formados por
aportes voluntarios para programas concretos; y un fondo multilateral,
mediante el cual los países hacen contribuciones para fondear ciertos
programas vinculados al desarrollo. Lo cierto es que Estados Unidos es
quien financia dos terceras partes del presupuesto, aproximadamente, y
que los países constantemente se atrasan en sus cuotas. En algunos
casos, como Brasil, retienen la cuota para enviar un mensaje político
(Brasilia tiene un entredicho con la OEA a raíz de que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo, pidió suspender
la construcción de una planta hidroeléctrica en la Amazonia). Mientras
esto sucede, los mandatos de la organización se siguen acumulando (más
de 1.700 contabilizó Meacham en total). Por tanto, cada vez se necesita
más dinero y cada vez hay menos disponible. De allí que la Secretaría
General se tuviera que gastar hasta las reservas.

Todo lo
anterior constituye el conjunto de antecedentes de la carta que han
enviado los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado al
Consejo Permanente. Pero hay, además, circunstancias políticas
inmediatas que explican la oportunidad de la misiva. Hillary Clinton,
como es vox pópuli, está de salida y quisiera dejar un cierto legado en
todas las áreas de política exterior donde sea posible. Pero a ello se
suma el que John Kerry aspira a formar parte del gabinete de Obama en su
segundo período. Su deseo mayor es ser secretario de Estado; como
segunda opción, aspira a la Secretaría de Defensa. En cualquiera de los
dos casos, pero sobre todo en el primero, la opinión de Hillary Clinton,
con quien lo une una estrecha amistad, será importante. Pero no sólo
necesitará el apoyo de Clinton: también le hará falta, para cualquier
cargo al que sea nombrado, la ratificación del Senado. Esa ratificación
pasa por el voto, lo mismo de republicanos que tienen una clara
antipatía por Insulza que de demócratas como Bob Menendez, otro firmante
de la carta, quien mantiene hacia los regímenes de la izquierda
populista una posición comparable a la de los republicanos (Menendez es
de origen cubano y en su estado, Nueva Jersey, el voto cubanoamericano
es significativo). Esto sería importante por sí solo, pero adquiere
mayor relevancia si se tiene en cuenta que es muy probable que Menendez
sea el próximo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del
Senado.

¿Qué le queda a Insulza? Por lo pronto, hilar muy fino.
El sabe que el gobierno respalda la iniciativa del Senado, pues el
propio portavoz William Ostick así lo ha dicho. También sabe que la
carta ha sido dirigida al Consejo Permanente, y no a él, para que él no
pueda escudarse en que sólo hace lo que el consejo le pide. En todo
caso, dependerá mucho su reacción de si quienes pretenden que la carta
se discuta en el Consejo Permanente logran meterla en la agenda, algo
difícil, porque suelen necesitarse 72 horas de anticipación para ello y
el largo fin de semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos
implica que hasta el lunes no habrá vida en la OEA.

Como el viejo
zorro político que es, lo último que hará Insulza será enfrentarse
personalmente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y al
gobierno de Obama, al que tiene hoy menos llegada que hace unos años.
Era previsible que, en su respuesta, diría que concuerda con lo esencial
de la carta: “Debo resaltar, en primer lugar, la coincidencia que
existe entre muchos puntos del análisis de los congresistas y el
planteamiento que vengo formulando desde comienzos de año”, dice en su
tercer párrafo.

El siempre ha mantenido que el problema
administrativo lo heredó y, en cuanto a lo político, que él no puede
hacer nada que el Consejo Permanente o la Asamblea General -o sea, el
conjunto de los 33 países- no le exija.

La pregunta es si esto
dejará satisfechos a sus adversarios o si insistirán en que él ha
agravado las cosas considerablemente (lo acusan, por ejemplo, de haber
entregado diversos encargos políticos a amigos suyos, en desmedro del
staff con cargo a una parte del presupuesto asignado a él). En otras
palabras, ¿lo presionarán para hacer cambios o tratarán de forzarlo a
renunciar? Forzarlo a renunciar implicaría alguna negociación que le
permitiera, por ejemplo, la salida honrosa de dejar la organización para
ser candidato al Senado en las próximas elecciones en Chile. Pero si
Insulza se resiste, no será nada fácil, en una OEA que refleja las
profundas divisiones ideológicas y fronterizas de América Latina, lograr
un consenso para ello.

Por el momento, nadie habla de esto en
voz alta, pero es evidente que, al borde de los 70 años, Insulza piensa
en su futuro intensamente.